Ciudad

Crece la polémica por el uso de la videovigilancia

Por Diego Montilla. El municipal investigado tras ser filmado al participar de una protesta habló de “una situación de abuso”.

La polémica por el caso de Emilio Crisi, el empleado municipal al que se le inició una investigación administrativa por participar de una protesta social el mes pasado y que fuera filmado por videocámaras de seguridad instaladas por la Municipalidad que lo mostrarían llevando adelante una quema de neumáticos para cortar la vía pública continúa creciendo. Ayer, tras la nota publicada por este diario sobre la cuestión, hablaron tanto el acusado de “conducta indecorosa” como representantes del municipio. El primero informó que los abogados de ATE, gremio al que pertenece, están trabajando en el tema, se declaró inocente de las acusaciones y sostuvo que se está ante una situación de “abuso” en la utilización de los dispositivos de seguridad ya que se está afectando la vida privada de las personas y la libertad de manifestarse.  Crisi se encontraba de paro en el marco de la protesta de algunos trabajadores de Promoción Social, y aseguró que en su tiempo libre hace lo que él quiere. Además sostuvo que sus día de licencia lo afecta a la militancia, pero destacó que no pueden de ninguna manera utilizar cámaras de seguridad para filmar una protesta social y encima sancionarlo. El problema, con todas las opiniones en juego, volverá al Concejo y allí se tratará nuevamente si es legal o no el uso de las imágenes para una sanción laboral. Todo hace pensar que la polémica recién empieza.

Desde el Palacio de los Leones remarcaron que Crisi estaba participando de la protesta “en horario de trabajo” y que las filmaciones muestran una Trafic desde donde se bajaron cubiertas para quemarse cuyo titular es el mismo trabajador que está acusado. Además remarcaron que ocurrieron actos de vandalismo, algo que el Estado no “no está dispuesto a permitir”.

El secretario de Gobierno del municipio, Fernando Asegurado, indicó a El Ciudadano que la investigación administrativa iniciada puede considerarse como “el paso previo al inicio de un sumario. Lo que muestran las cámaras es que en un determinado momento de la protesta, a las 17.15 de un día determinado, aparece una Trafic desde donde se bajan neumáticos para ser quemados con la intención de cortar la calle en 27 de Febrero y bulevar Oroño. Con los datos de la patente se termina averiguando que el propietario del vehículo era Crisi quien también se encontraba en el lugar fuera de su horario de trabajo. Es por eso que se inicia la investigación administrativa”, afirmó.

Por su parte –y abiertamente enojado ante la situación– Crisi analizó que “se respeta que las cámaras se usen para el tema de los accidentes de tránsito y esas cuestiones pero ya cuando se meten con la privacidad de la gente, con su vida cotidiana, como en mi caso que colaboro solidariamente con una cooperativa y a través de esas cámaras me quieren armar un sumario me parece un atropello a los derechos humanos directamente”.

Al dar su versión sobre lo ocurrido, el empleado municipal contó que “el 14 de junio pasado hubo un grupo de cooperativas que estaban reclamando una solución a una deuda que tenía el gobierno provincial desde hace un año con ellas. Nos atendió el ministro (de Desarrollo Social, Pablo) Farías, nos dijo que la protesta era legítima y que era loable lo que estábamos haciendo por los sectores más desposeídos. Fue una reunión que se desarrolló en Gobernación. No estábamos haciendo ni proselitismo ni clientelismo, sino que  estábamos realmente trabajando con el tema productivo y de autogestión. Cabe decir que yo soy personal de Promoción Social y que me encontraba en un cese de actividades. Entonces llego al trabajo y la secretaria me avisa que la división de la Dirección de Investigaciones Administrativas, a cargo de la doctora Anahí Priotti, me quería iniciar una investigación por actitud indecorosa. Si actitud indecorosa es ayudar a los más necesitados, bueno, realmente hubo un indecoro de mi parte”, destacó.

“No se quemó ningún contenedor. Está registrado eso. Que muestren las pruebas. A lo sumo se habrán quemado cubiertas y a lo sumo se habrá hecho algún reclamo como hace todo el mundo ante un año de inasistencia por parte del Estado. Han tomado cartas en el asunto los abogados de mi sindicato que es ATE/CTA. Ellos no sólo hablaron del uso ilegal de las cámaras sino también de respeto a la privacidad y al derecho de militancia social que tiene cada trabajador de cualquier parte, sea público o privado”, continuó.

“Hubo abuso en el uso de las cámaras. Como no se quemó ningún contenedor no se pudo armar ningún tipo de causa. Además de eso se están metiendo con la privacidad de la gente, con la privacidad de los empleados para que no puedan participar en actividades sociales que no tengan que ver con lo que le interesa a la política oficial”, subrayó.

Por último, el subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana del municipio, Luis Baita, defendió la presencia de las cámaras, que ya cumplieron un mes de instaladas en distintos espacios públicos de la ciudad. “Lo que nosotros estamos haciendo es el monitoreo en distintas zonas, lo que nos está sirviendo de mucho en temas de prevención y cuidado del espacio público y de cuidado del mobiliario urbano. Estamos haciendo uso de la tecnología que disponemos. Hemos detectado choques, episodios de robos y lo que estamos haciendo es pulir cada día más su utilización para tener cada vez una mayor capacidad de acción”, comentó.

“Las cámaras han detectado situaciones de quemas de cubiertas en el espacio público usando contenedores para prender fuego. Me parece que el municipio tiene la obligación de grabar todas estas situaciones, particularmente el tema de la quema de cubiertas en la mitad de una calle cortando la circulación de una vía pública. Eso es algo que tiene que estar bajo el estudio y el trabajo de la Justicia. La investigación iniciada sobre el trabajador es una decisión del Ejecutivo ya que se ha detectado que esta persona ha llevado cubiertas en su vehículo y que las ha prendido fuego en 27 de Febrero y Oroño cortando la circulación. Hay personas que llevaron cubiertas al lugar y prendieron fuego y eso es algo que no estamos dispuestos a permitir. Esto es sólo un elemento preventivo que nos da la posibilidad de actuar con rapidez y bajo ningún punto de vista está apuntado para otros fines”, concluyó.

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