Cerca de 30 personas cortaron ayer por la mañana el tránsito en las inmediaciones de los Tribunales provinciales, sobre las calles Zeballos, Montevideo y avenida Pellegrini, en protesta por el desalojo de una propiedad que ocupan en Piemonte al 2700, en la zona sudoeste. Audiencia de por medio, las ocho familias que viven en el lugar en cuestión y que estaban a punto de quedar en la calle, decidieron levantar los cortes al mediodía luego de recibir una prórroga hasta finales de febrero.
Fue una mañana agitada en la zona de los Tribunales provinciales, donde un grupo de alrededor de 30 personas cortaron calles y quemaron gomas en rechazo de una orden judicial para que desalojen una propiedad que algunos de ellos ocupan en Piemonte al 2700.
Después de recibir la intimación, resistida con piquetes, las ocho familias se trasladaron a las puertas de los tribunales para encontrar una solución, algo que finalmente encontraron cerca del mediodía.
Es que en el transcurso de la mañana, se realizó una audiencia entre los abogados de ambas partes –propietario de la vivienda y sus ocupantes– presidida por el juez Eduardo Arrichuluaga, a cargo del Juzgado Circuito Segunda Nominación. Allí se acordó posponer el desalojo hasta el 25 de febrero.
En diálogo con El Ciudadano, Diego Sosa, representante de las familias ocupantes, explicó: “Nuestros argumentos parten de una jurisprudencia del Pacto de Derechos Civiles y Sociales (artículo 72, inciso 12 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que incorpora los tratados internacionales), que explica que no puede desalojarse una vivienda cuando hay gente vulnerable en situación de pobreza sin contar con la asistencia del Estado para ser reubicar”.
De acuerdo con el letrado, ahora las ocho familias presentarán sus casos ante las distintas reparticiones gubernamentales para tramitar asistencia en materia de vivienda.
Según José Crous, habitante de la propiedad en conflicto, en ese lugar viven tres personas discapacitadas. “Una señora tiene una pierna amputada, otra padece HIV y hay un niño de 12 años con problemas cerebrales”, detalló. Sin embargo, desde la parte actora –que pide la orden de desalojo– indicaron que no hay constancia al respecto y que el caso corresponde a “una ocupación de intrusos de una vivienda que no fue abandonada y está en buenas condiciones”.
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