La causa por el controvertido acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino SA de la familia Macri avanzó esta semana en los Tribunales: el juez federal Ariel Lijo ordenó un segundo informe técnico –el primero fue pedido por el magistrado en septiembre pasado– para determinar las responsabilidades en el expediente por las irregularidades en el acuerdo de pago de las deudas de la empresa al Estado Nacional. Lijo busca determinar si la quita de más del 98 por ciento a favor de la empresa fue “abusiva” y hubiera perjudicado al erario público.
El acuerdo que investiga Lijo se frustró gracias a que la fiscal de Cámara, Gabriela Boquín, advirtió el posible perjuicio para el Estado y presentó un recurso que destapó la situación.
El nuevo pedido de informes de Lijo está formado, entre otros puntos, por peritajes encargados a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema. Lo que se trata de determinar es si la fiscal del fuero comercial Boquín estaba en lo cierto.
En el pedido del juez se argumenta que los peritajes están destinados “a tener los números exactos de la deuda de la empresa y el acuerdo que había alcanzado con el Estado, para determinar la cantidad de dinero que debería haber pagado y la que iba a depositar efectivamente”.
Los abogados del Correo residual intentaron apartar a la fiscal Boquín, cuyo sin éxito.
El informe apunta también a comparar el valor del crédito del Estado nacional con el valor de la propuesta formulada por Correo Argentino y aceptada por los representantes del Estado Nacional a poco de asumir la gestión de Cambiemos: fue en una audiencia de junio de 2016.
Ante las objeciones de Boquín, el propio presidente Mauricio Macri, excusado de intervenir en el caso por sus relaciones con la empresa concesionaria, delegó funciones en la vicepresidenta, Gabriela Michetti, quien ordenó en ese momento volver todo a “fojas cero”. Desde entonces, el acuerdo permanece empantanado. Y con dilaciones en la investigación sobre posibles irregularidades.
Lijo pidió ahora a la Dajudeco “describir las propuestas concordatorias efectuadas por la concursada al Estado con anterioridad al 28 de junio de 2016″. Le reclama precisiones sobre “capital, número de cuotas, tiempos de espera –si los hubiera- e interés fijados en cada una de ellas”.
En la causa está implicado la dirección del entonces Ministerio de Comunicaciones, al mando de Oscar Aguad. Lijo pidió revisar lo actuado por esa área: “Se deberá informar los parámetros que deberían utilizarse a efectos de calcular los intereses que hubiese devengado dicho crédito hasta la fecha de celebración de la audiencia del 28 de junio de 2016”, puntualizó el magistrado sobre uno de los puntos que abordó Boquín cuando hizo la denuncia penal.
“Se deberá analizar el efecto de la presentación en concurso preventivo de la firma Correo Argentino sobre los intereses de los créditos adeudados por el deudor concursado que fueron verificados y/ o declarados admisibles en el expediente donde tramita el concurso. A tal fin se deberá tener en cuenta la normativa legal y la jurisprudencia”, sostuvo la orden del juez.
A mediados de agosto último, la sala II de la Cámara Federal avaló la continuidad de la causa al rechazar los planteos de nulidad de los acusados Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher, presidente y abogado del Correo, y también del actual ministro de Defensa Oscar Aguad, imputados en el caso. Todos fueron indagados, pero el juez aún no resolvió sus situaciones procesales. Los imputados aseguraron que la cifra de 70.163 millones de pesos de quita final señalada por Boquín en su dictamen inicial sobre el monto de la deuda que iba a terminar licuada era “absurda”. Ahora Lijo quiere cotejar él mismo los números en el caso donde el fiscal Juan Pedro Zoni imputó al mismo Macri, que tuvo una de sus primeras crisis políticas al estallar el caso en 2017.
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