El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, se mostró ayer “dispuesto a escuchar alternativas” de la oposición sobre el acuerdo con la empresa Correo Argentino SA para cobrar una deuda histórica que la firma posee con el Estado desde 2001.
“La intención es escucharlos para tratar de buscar una alternativa a lo que se está haciendo, para saber si la crítica es una crítica política o hay detrás de eso una intención para mejorar la situación del Estado”, sostuvo Aguad.
El ministro se expresó así en declaraciones a radio Mitre tras haber quedado en el ojo de la tormenta porque el acuerdo, que fue objetado ante la Justicia, se cerró a través del Ministerio de Comunicaciones que él encabeza.
El cordobés reiteró que “no hay ninguna quita” en el acuerdo entre el gobierno y la empresa propiedad de Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri, pese a que la fiscal Gabriela Boquín argumentó ante la Justicia que hubo una quita del 98,9% del total del pasivo.
A la vez, el dirigente radical resaltó que el objetivo de las negociaciones con la empresa es “tratar de cobrar lo que queda” del pasivo, ya que advirtió que “si se sigue demorando el asunto, esta deuda no existe más”.
“Estamos hablando de un deudor sin recursos económicos, que no tiene bienes” para solventar el pasivo que arrastra desde que entró en concurso de acreedores en 2001, remarcó el cordobés.
“Dije: «Paremos esta licuación y arreglemos este juicio». Lo que estamos haciendo es cobrar”, añadió.
Por otro lado, en dialogo con radio La Red, el funcionario señaló que “la quita se hizo durante el kirchnerismo” por el tiempo transcurrido desde el concurso de acreedores realizado en 2003 a la fecha.
En este sentido, Aguad reclamó que “algún fiscal le achaque la responsabilidad al funcionario que tenía la obligación de cobrar” lo establecido durante el concurso.
“Estamos resolviendo algo que no se resolvió en el gobierno anterior y que ya viene con una pérdida que sufrió el Estado producto de la desvalorización de aquel crédito de 292 millones. Acá se han perdido cerca de 3 mil millones. En este caso, las leyes favorecen al deudor. Porque si no se puede aplicar intereses sobre la deuda y no se puede indexar el crédito, obviamente el transcurso de tiempo favoreció al deudor”, resaltó el funcionario nacional.
El último jueves, el ministro había asegurado que el rechazo al acuerdo con la empresa deudora parte de “un error” de la representante del Ministerio Público Fiscal.
“La fiscal se opone al procedimiento con el argumento de que no se actualizaron las cifras; pero las cifras no se pueden actualizar porque la ley de Quiebras lo impide, razón por la cual no sé cuáles serán los argumentos de la fiscal”, sostuvo Aguad.
La oficina anticorrupción analiza el tema
La Oficina Anticorrupción (OA) comenzó a analizar el acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino SA del Grupo Macri para “emitir una recomendación” o realizar “aportes” a la Justicia en la investigación del caso. Así lo informó ayer la responsable de ese organismo, Laura Alonso, quien indicó que la OA debe abordar el tema porque la fiscal Gabriela Boquín, en su presentación en contra del acuerdo al que calificó como “abusivo”, aludió a la Ley de Ética Pública y su “presunta violación”. En declaraciones a radio Mitre, Alonso señaló que “obviamente, como la OA es la autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública, se decidió abrir un expediente”. En este sentido, la exdiputada nacional del PRO precisó que “se empezarán a librar los oficios correspondientes, fundamentalmente para tomar conocimiento del expediente, hacer el análisis que corresponda y quizás pedir información a los funcionarios involucrados”.
“Es contrario a la buena fe”, dijo la fiscal en nuevo dictamen
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, presentó ayer un nuevo dictamen contra el acuerdo entre el Correo Argentino SA y el Estado Nacional, y afirmó que “la concursada adoptó una conducta contraria a la buena fe”.
La funcionaria judicial ingresó un segundo escrito ante la Sala B de ese tribunal y evaluó que Correo Argentino SA “posee activos, créditos con expectativa de cobro contra el Estado”, es decir, es el mismo “acreedor al que se le ofrece una forma de pago abusiva”.
La fiscal advirtió que existió una acción entablada por Correo Argentino contra el Estado en la que se le reclaman daños y perjuicios por falta de pago de distintas inversiones realizadas por la concursada.
Según explicó, esa acción fue realizada “15 días antes de la audiencia en la cual el Estado prestó conformidad a la propuesta reformulada por la concursada” por la deuda.
Es por ello que la fiscal consideró que ese reclamo que aún tramita en el fuero Contencioso Administrativo y no fue denunciado por la concursada, es muestra de que el Correo “adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal, al no comunicar ni al tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción que importa un crédito en expectativa mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella”.
En ese sentido, Boquín sostuvo que la posición de Correo Argentino SA en el expediente contencioso “convierte aun en mas abusiva la propuesta formulada al estado porque mientras se ofrece pagar a partir de 2018 un interés del 7% anual reclama al mismo acreedor un interés del 11% por lo menos hasta el 2009 mas los intereses correspondientes hasta el efectivo pago”.
“Si bien no puedo afirmar que los funcionarios involucrados conociesen el expediente en cuestión, no cabe dudas que sí tienen conocimiento del mismo la concursada y sus accionistas”, agregó.
La fiscal Boquín días atrás dictaminó que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino SA y aceptada por el Estado nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso preventivo por resultar “abusiva”.
“Mantenemos el discurso ético”, dijo Pinedo
El oficialismo salió a defender ayer la postura del gobierno nacional en el acuerdo con la empresa Correo Argentino SA de Franco Macri y afirmó que “se mantiene el discurso ético”, al tiempo que subrayó que el presidente Mauricio Macri “jamás intervendría, ni intervino, ni va a intervenir en este tema”.
“Mantenemos el discurso ético. Podría haber un tema ético si se le genera deliberadamente un perjuicio al Estado no cobrando ninguna deuda y dejando que se deprecie el crédito”, sostuvo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.
En declaraciones a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, el legislador nacional del PRO resaltó que por tratarse de una cuestión legal en la que está involucrado su padre, el empresario Franco Macri, “el presidente jamás intervendría, ni intervino, ni va a intervenir en este tema, definitivamente”.
“Es un caso increíble en el que había una deuda congelada en pesos que no se podía actualizar porque la ley lo prohíbe, así como tampoco se podían aplicar intereses. A medida que iba pasando el tiempo se beneficiaba más el deudor y se perjudicaba el Estado. En vez de ser un trámite que típicamente se resuelve en tema de semanas o meses no se resolvió en 11 años”, señaló el legislador Pinedo.
“Hay que afrontarlo a ese tema. Hay una propuesta que el 70% de los acreedores privados aceptaron; el Estado que es el otro 30% pidió condiciones mejores y eso es lo que la Justicia tiene que ver si lo convalida o no”, continuó el dirigente oficialista. Y agregó: “No cobrar significa beneficiar a la empresa de Macri padre. No cobrar y perjudicar al país no es una política que sea razonable”.
Críticas de Galassi y Cerdá
El jefe del bloque de diputados provinciales del socialismo, Rubén Galassi, manifestó ayer su enérgico rechazo al acuerdo con el Grupo Macri.
“Es repudiable que desde el Estado se llegue a un acuerdo terriblemente oneroso para las arcas públicas y al mismo tiempo, claramente beneficioso para una empresa que es del padre del presidente”, destacó Galassi. Si bien pidió prudencia, aseguró que de concretarse la condonación de la deuda “es un escándalo de grandes dimensiones que no sólo daña la figura del presidente, sino que daña la imagen de toda la República Argentina y el tan mentado cambio y transparencia que anunciaba el gobierno nacional”.
En tanto, el presidente del partido GEN en Rosario, Rodrigo Cerdá, también sumó el rechazo de su espacio político al acuerdo. “Desde el GEN Rosario rechazamos y condenamos el acuerdo con la empresa administrada hasta 2005 por la familia Macri, grupo que nunca pagó el correspondiente canon administrativo al Estado, y por lo cual el Correo Argentino terminó quebrando, provocando su reestatización en 2005”, dijo Cerdá, candidato a concejal de Rosario por el partido que a nivel nacional lidera Margarita Stolbizer.
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