Voceros de la Policía provincial informaron que el operativo fue realizado anteayer en los pabellones 2 y 4 de la Cárcel Modelo de Coronda, donde –llamativamente– habitan menos presos que la cantidad de teléfonos móviles que fue secuestrada. Según los portavoces, hasta ayer las autoridades judiciales intentaban establecer si un funcionario del Ministerio de Seguridad autorizó hace alrededor de dos años el ingreso de celulares a la penitenciaría para, aparentemente, poner fin a un conflicto entre los detenidos de los llamados pabellones disciplinarios.
La ley nacional de Ejecución Penal (24.660) prohíbe que los detenidos tengan en su poder y utilicen teléfonos celulares dentro de los penales.
El diputado provincial Héctor Acuña (PJ) recordó por su parte que desde hace dos años impulsa un proyecto de ley para que se implemente un sistema de bloqueo de celulares en las cárceles.
Por su parte, el ministro de Gobierno santafesino, Rubén Galassi, consultado por el diario El Litoral sobre si hay alguna resolución que pueda adoptar el Estado para impedir la tenencia de celulares en las cárceles, respondió que “hubo decisiones que adoptó la Justicia en colaboración con el Servicio Penitenciario y se hicieron allanamientos en las celdas”. El funcionario agregó a modo de explicación: “En esto hay que ser claros: no hay una disposición legal que establezca la prohibición de las comunicaciones de los presos. Cuando eso esté claro, uno podrá accionar”. Y sobre un decreto de 2011 que reglamenta la adhesión de la provincia a la ley nacional sobre los móviles en las cárceles, insistió: “Sé que hay una norma nacional que establece mecanismos restrictivos. Si es así, el Servicio Penitenciario tendrá que cumplirla. No estamos diciendo que avalamos que estén los celulares, digo que hay que establecer los mecanismos para las restricciones”.
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