“Hemos denunciado el saqueo, el vaciamiento y la pérdida de mercado y rentabilidad de la Cooperativa, y finalmente la Justicia hizo lugar nuestros legítimos reclamos”, celebraron miembros de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto General San Martín. Los trabajadores estibadores, que vienen reclamando la devolución de la institución, que permanece bajo intervención desde los tiempos de la gestión de Mauricio Macri, y denunciando maniobras cometidas por los dos primeros interventores, se refirieron así a un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que apartó del tutelaje al juez federal Marcelo Bailaque, a quien también vienen apuntando por graves irregularidades en perjuicio de la entidad y de sus socios.
Además de correr al magistrado, el fallo de segunda instancia avanza en decisiones largamente reclamadas. Según destacaron miembros de la agrupación Miguel Ru, opositora a la histórica conducción Herme Juárez, quien encabezó la entidad desde fines de la década del 60 hasta que fue depuesto en agosto de 2019 por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, la la Cámara Federal dispuso:
- Reducir el plazo de intervención hasta el 31 de octubre de este año.
- Ordenar el llamado a elecciones para el mes de septiembre de 2021.
- Ordenar “la devolución de todos los fondos que el interventor anterior y el actual dispusieron irresponsablemente que fueran depositados en entidades mutuales o de otro tipo que no tuvieran respaldo del Banco Central”. Ahora deberán ser transferidas al Banco Nación en plazos fijos renovables automáticamente a 30 días.
Y, finalmente, apartar de la causa al juez federal Bailaque, “uno de los principales responsables de todas las medidas que llevaron a la Cooperativa al actual estado de debilidad económica y financiera”.
“Desde hace dos años que los estibadores de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín vienen luchando por recuperar la entidad en la que hemos trabajado durante toda nuestra vida”, dijeron los estibadores.
“Este resultado es el fruto de un trabajo mancomunado de todos los trabajadores que creyeron que era posible recuperar la Cooperativa para sus verdaderos y legítimos dueños”, señaló Ricardo marco, estibador y socio de la Cooperativa. “Sabemos que este no es el final de nuestra lucha. Es apenas el comienzo de la concreción de un sueño que nos quisieron arrebatar gente corrupta, y sectores poderosos sin escrúpulos”, agregó
Por su parte, José María Ramón, también estibador y socio de la entidad portuaria, apuntó que todavía queda un largo trecho. “Tenemos por delante un desafío enorme: concretar una elección que contenga a todos los trabajadores y que permita hacer realidad ese sueño de poner a la Cooperativa en el lugar de prestigio que se merece”.
La agrupación Miguel Ru, que lleva el nombre de un estibador histórico que fue opositor por año a la gestión de “Vino Caliente” Juárez, dice contar con la voluntad de un centenar de los miembros de la entidad, que son unos 130. Y desde allí apuntó: “A quienes no nos acompañaron, les decimos que están a tiempo. Que la Cooperativa es de todos. Que nunca más debemos permitir que nadie se sienta el único dueño”.
“Agradecemos a todos los que nos dieron su apoyo y confiaron en que podíamos lograrlo”, marcó Ramón.
Están en camino, así, las tres principales exigencias que los trabajadores fueron exponiendo, incluso con protestas frente a los Tribunales Federales de bulevar Oroño. La primera era el apartamiento del juez Bailaque de la tutela; la segunda el cese de la intervención, con la normalización y las elecciones de una nueva comisión directiva; y la tercera la restitución de los fondos, a lo que sumaban la investigación de presuntas maniobras irregulares cometidas tanto por el primer interventor como por el segundo. El primero fue el abogado porteño Juan Schaer, vinculado al comercio internacional y con experiencia en administración de empresas de gran envergadura: lo acusaron de haber actuado en beneficio de las agrexportadoras y en perjuicio de los trabajadores en los contratos de estibaje, a los que “pesificó”. El segundo fue Roberto Pasqualino, contador y doctor en administración de empresas y catedrático de la Universidad de Buenos Aires: lo acusaron de manejarse como “dueño” de la cooperativa, al sacar “150 millones de pesos que estaban a resguardo en el Banco Nación para ponerlos en una mutual que pertenece a un amigo del juez Bailaque y de uno de los asesores designados por él mismo”. Y también de comprar en forma directa “kits covid” a una sociedad supuestamente conformada para esa operación, “sin licitación, sin dar explicaciones, sin saber si esas compras cumplen alguna función útil” para lo que han sido realizadas. “Se hicieron a Total Medic, creada en plena pandemia y cercana a Pasqualino por ser de titularidad de su amigo y socio Carlos Andrés Marconi”, acusaron miembros de la agrupación en diálogo con El Ciudadano.
Con el tercer y actual interventor, el ex intendente de Puerto San Martín Daniel Sorrequieta, vinculado al movimiento Evita e impulsado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) la relación inicial fue mejor pero duró poco. Sin embargo fue él quien anunció un cronograma de elecciones y normalización de la entidad, y le puso fecha al acto: 31 de agosto. Ahora todo fue ratificado judicialmente por la Cámara Federal. Pero también se reclama la normalización de la seccional del Supa, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, que también tenía al frente a Herme Juárez y despojado del cargo judicialmente y detenido, acusado de lavado de activos, extorsión y otros delitos.
Desde entonces comenzó crecer una fuerte corriente contra la intervención, contra Juárez, y contra el juez Bailaque en la Cooperativa que tiene unos 900 trabajadores portuarios y maneja el estibaje del 60 por ciento de las operaciones en los puertos del Cordón Industrial, una caja millonaria en dólares.
Comentarios