La jueza Stella Maris Bertune inició el proceso de notificación a las partes convocadas para tratar de acordar una forma de evitar el desalojo de aproximadamente 3.000 personas que ocupan desde hace años el predio de 12 hectáreas ubicado en Cullen y Sorrento, en Empalme Graneros, y cuyo propietario es la empresa Compañía de Tierras Santafesinas. La audiencia, que se realizará el miércoles 15, se trata de la última instancia de diálogo antes de la fecha establecida para el desalojo, en febrero próximo.
Con el propósito de lograr la más amplia convocatoria a esta audiencia, la magistrada pidió la colaboración de los medios de comunicación para que esta instancia llegue a conocimiento de los principales damnificados: los residentes actuales que ocupan el predio. Esas familias no están censadas y habitan en lotes que no tienen ni calle ni número. La jueza, por lo tanto, no dispone de datos concretos de cada uno de los habitantes actuales del lugar para hacerles llegar la notificación, en la que se establece –entre otras cosas– que les ha dado la posibilidad de elegir ocho personas (una suerte de delegados) que los representen en la audiencia.
También fueron convocados el gobernador (o a quien designe en su lugar), el secretario de Estado de Hábitat, la intendenta de la ciudad, los referentes de Control Urbano y Defensa Civil, el titular del Servicio Público de la Vivienda, el presidente del Concejo Municipal y el defensor general del Ministerio Público.
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