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Contra las injusticias carcelarias

Por Ana Laura Piccolo. Carmen Maidagan –abogada y militante de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC)– contó a El Ciudadano el trabajo que realizan desde esta organización surgida en los ‘70, con el fin de “limitar y reducir los daños que causa la prisión".


Según un viejo aforismo de Albert Camus, “una sociedad se juzga por el estado de sus prisiones” y “el derecho humano no debe acabar en las puertas de las cárceles”. Sin embargo, la falta de derechos que denuncian los internos es una realidad que se respira en los penales. Limitar los daños que causa esa violencia institucional sobre los que están privados de la libertad es la tarea que lleva adelantela Coordinadorade Trabajo Carcelario (CTC), una organización que surgió en los años de plomo para hacer frente a la sistemática violación de derechos humanos sobre presos políticos. En la actualidad, poco y nada queda en los lugares de encierro de esa generación que luchó por una sociedad más justa. O quizás peor, las cárceles son hoy el reflejo más fiel de las injusticias que componen el entramado social.

En un breve recorrido histórico, Carmen Maidagan, abogada e integrante de CTC, relató que la coordinadora nació para organizar el trabajo que realizaban distintos organismos de derechos humanos con los presos políticos de la dictadura militar. “A partir de ese trabajo a veces había llamados por cuestiones de presos comunes y siempre se trabajaba en la urgencia. Entonces, y ante la continuidad de la violación de los derechos humanos, en un momento se planteó esta necesidad de hacer un trabajo sostenido y no intervenir sólo cuando la cosa se complicaba. De ahí nacióla Coordinadoraque con el tiempo se fue separando de los organismos que le dieron origen” y tomó una dimensión propia.

“Lo que hacemos es limitar y reducir los daños que causa la prisión, evitar todo lo que tiene que ver con la violencia en ese tipo de instituciones”, explicó Maidagan.

“El trabajo lo hacemos recorriendo los centros de detención, hablando con los detenidos, viendo cuáles son los reclamos y canalizándolos ante las autoridades, ya sean políticas o judiciales”, agregó la abogada tras mencionar algunos logros obtenidos en los últimos años. Entre ellos se refirió a la reducción de presos en comisarías y a la creación de las “mesas de diálogo”, una instancia en la que delegados de pabellones manifiestan situaciones puntuales ante las autoridades de las prisiones.

“Es un espacio interesante en cuanto al lugar en el que se plantean algunas cuestiones y además es una instancia donde están todos los detenidos y permite evitar conflictos entre pabellones porque ahí se ven los reclamos existentes. Y en la medida en que hay una respuesta de las autoridades sirve como espacio para pacificar y evitar que los conflictos se soluciones de otra manera”. La importancia de esa instancia es crucial ya que además de ser un canal de diálogo es “un ejercicio para todos, para las autoridades, de verse expuestas ahí, y para los presos que aprenden a reclamar, a convivir de otra manera”, agregó.

La abogada explicó que muchas veces la búsqueda de diálogos no alcanza y no les queda otro camino que denunciar hechos graves como torturas, hacinamiento, o espacios inhabitables. “En ese camino hemos planteado distintos habeas corpus, como en 2004 contra todas las comisarías de la ciudad por hacinamiento y falta de condiciones. Fue muy interesante porque se hizo un relevamiento general y la estadística fue contundente: No solo las seccionales estaban sobrepobladas sino que el 70 por ciento eran inhabitables”, remarcó. En ese sentido explicó que en Rosario “llegó a haber 1.100 detenidos en comisarías y en este momento estaremos en 500. En el ínterin se abrió el penal de Alcaldía y el de Piñero. Pero falta. El hecho de que no tengan la sobrepoblación excesiva que tenía antes no quiere decir que estén bien”.

Distintos tipos de encierro

El problema más común y de difícil solución que hay en las cárceles “es la violencia que se puede generar por cualquier cosa. Hay un estado latente de riesgo de violencia que provoca el mismo encierro”, explicó Maidagan, tras agregar que cada penal tiene un su problemática particular: “En Piñero faltan actividades. Tenés casi 700 personas encerradas todo el día en el pabellón sin saber qué hacer. En Coronda los problemas están más relacionados a la distancia por la cuestión de las visitas. Enla Alcaldía Mayor, el pabellón B es donde se está peor. Ahí pasan cosas atroces muchas veces generadas por los guardiacárceles, al igual que en algunas comisarías. Pero si hay un lugar vergonzoso es el Irar (Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario, donde son alojados menores de edad en conflicto con la ley penal). Una institución que tendría que estar dirigida por civiles, que tendría que tener otra impronta, es la peor cárcel de la provincia. La peor por las condiciones edilicias, por el trato, por la falta de dirección. Desde que ingresó el Servicio Penitenciario venimos planteando que no puede haber un doble comando. Los pibes vienen con muchos conflictos de afuera y nadie trabaja esa situación. A veces para no cruzarlos pasan muchas horas encerrados”, explicó Maidagan.

La abogada resumió que la cárcel no cumple ninguna función aunque aclaró que es un tema que merece una discusión más profunda. “Entendemos que en realidad no cumple ninguna función y es más el daño que causa que las soluciones que brinda. Pero hoy por hoy plantear eso es una locura”, dijo, tras sostener que si bien “uno sabe que las cosas están mal, en todos estos años de laburo pudimos mejorar algo”.

Para prevenir las torturas

Carmen Maidagan relató quela Coordinadorade Trabajo Carcelario se encuentra elaborando un trabajo junto a otras 23 organizaciones de todo el país. Se trata de un proyecto de ley para establecer mecanismos de prevención de la tortura. El mismo tiene su origen en un subcomité contra la tortura internacional que depende dela ONU, cuyo protocolo estableció a los países la obligación de crear mecanismos para la prevención.

El proyecto de ley se había presentado en el Congreso dela Nacióny contó con la aprobación de Diputados, pero perdió estado parlamentario. Maidagán explicó que las visitas a las personas privadas de la libertad son una herramienta fundamental para evitar que sean víctimas de abusos. “Hay que abrir las cárceles, permitir el ingreso, que se sepa, que se vea, esa es la herramienta necesaria para llegar antes”, concluyó.

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