La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer en la Casa Rosada que enviará al Congreso nacional un paquete de proyectos de ley para crear la “nueva justicia del consumidor”, tras considerar que “los usuarios y consumidores son los nuevos actores del siglo XXI y es justo que tengan sus derechos con una legislación moderna y eficaz”.
El paquete de proyectos anunciado por la jefa del Estado incorpora tres nuevas herramientas para los consumidores: crea una instancia de conciliación obligatoria entre la empresa y el usuario, y de no alcanzarse un acuerdo le da al consumidor la posibilidad de dirigirse a una autoridad administrativa con capacidad de otorgar indemnizaciones, o a un nuevo fuero judicial adaptado a sus necesidades.
“Queremos darle el derecho a los consumidores de ser defendidos”, sintetizó la mandataria tras explicar que los tres proyectos de ley anunciados prevén reglamentar el artículo 42 de la ley de Defensa del Consumidor en la Constitución, que “no sólo son para proteger los derechos de los usuarios sino también para darle más competitividad a la economía porque va exigir más responsabilidad de los empresarios”.
Durante el mismo acto, pero antes de que Cristina realizara el anuncio por cadena nacional, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, brindó detalles sobre el paquete de leyes que apunta a defender a los usuarios y consumidores frente al poder de las empresas a las que denuncian.
“Hoy, cuando se accede (al servicio de atención al cliente) y hay multa, las empresas apelan esa multa y se va a un proceso ordinario que es para cuando hay igualdad ante las partes y acá no estamos ante igualdad de partes”, sostuvo el funcionario.
El paquete de proyectos que el Ejecutivo enviará al Congreso prevé la implementación del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones del Consumo (Coprec) que permitirá al consumidor realizar la denuncia y contar con patrocinio jurídico gratuito: podrá presentar a las audiencias con un defensor oficial de las relaciones del consumo.
En caso de no lograr un acuerdo con la firma denunciada, el consumidor tendrá dos opciones de las cuales una será la de pedir una solución rápida ante la Secretaría de Comercio que tiene facultades para indemnizar al damnificado por un monto de hasta 15 salarios mínimos (55 mil pesos).
La opción alternativa que tendrá el consumidor será recurrir al nuevo fuero de la Justicia nacional en la relaciones del consumo para exigir una reparación integral de hasta 60 salarios mínimos (220 mil pesos).
En el mismo paquete de proyectos que la jefa del Estado mandará al Congreso se prevé la creación del Observatorio de Precios de Insumos, Bienes y Servicios en el ámbito de la Secretaría de Comercio, con el fin de intervenir en estados previos de las cadenas de valor.
También se modificaría la ley de Defensa de la competencia y la ley de Abastecimiento, y se impulsará una nueva ley de Regulación de las relaciones de producción y consumo.
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