El devenir del conflicto docente insumirá toda esta semana y casi toda la próxima también. Si bien el mandato de la asamblea de Amsafé dejó abierto el diálogo por si el gobierno mejora la oferta salarial, en la práctica es muy difícil que el gremio logre reunir al plenario provincial para levantar la medida de fuerza de la semana próxima. Como esto ya pasó en otras oportunidades, el gobierno se tomará su tiempo y no saldrá corriendo el miércoles a convocar a los gremios docentes.
Además, el frente de conflicto hoy es más amplio, y cualquier movida del gobierno tiene que sopesar también los movimientos de ATE y UPCN, también de paro.
Sólo ocho provincias inician las clases hoy, en el resto hay conflicto. El gobierno nacional, según palabras del ministro de Educación Alberto Sileoni, se adelantó y por eso fijó el tempranero 25 de febrero como fecha de arranque, dando por sentado que cada año los primeros 15 o 20 días se van en conflictos gremiales y no se alcanza el objetivo de 190 días de clase.
El cristal con que se mira
En Santa Fe, la Casa Gris sostiene que su oferta de aumento “es muy buena”. Argumenta que es de las más altas del país, que en julio los docentes ya tendrán todo el aumento incorporado al sueldo, que se aplica sobre un salario que está en la cima del ranking nacional.
El gremio no desconoce esa realidad, pero aspira a más. Sus dirigentes se niegan a hablar de los porcentajes que pretenden, aunque no es difícil adivinar que piensan en uno o dos puntos más, como Córdoba, pero con mejor distribución que los vecinos, que cobrarán en tres veces y la última parte recién en octubre.
Debates profundos
¿Puede Santa Fe afrontar más inversión todavía en salarios? Aquí se abre un debate político que ya no sólo compete a la caja del gobierno y camina por una línea muy finita. ¿O no arrastra Santa Fe necesidades en obras públicas, salud, seguridad, entre otras demandas de la sociedad?
Esa es la mirada de la administración de Antonio Bonfatti, que ya en 2012 aplicó un estratégico recorte de la ejecución presupuestaria para oxigenar al Tesoro provincial, que privilegió pago de salarios pero casi nada de obra pública. Todo en un contexto de un creciente estrangulamiento del sector público provincial en todo el país.
El sindicato docente, además, propone discutir otros tópicos.
n Por ejemplo, que si los docentes son el 50 por ciento de la fuerza laboral del Estado provincial, quieren mantener el 50 por ciento de los recursos destinados a salarios (esto no era así, se corrigió en los últimos años y ahora el gremio acusa que comienza a desandarse el camino).
n Otro tema: Amsafé está preocupada porque, según su lectura del presupuesto, crece la partida de subsidios para la educación privada. Ese planteo ineludiblemente lleva a chispazos con los docentes de Sadop, por eso será discutido en otro momento ya que ambos sindicatos y el resto de los gremios estatales son aliados circunstanciales en esta coyuntura de conflicto.
n Propone crear un fondo intangible con recursos destinados al mantenimiento y obras en escuelas públicas. De por sí hay bibliotecas a favor y en contra de los fondos fijos, pero además no va a ser fácil acordar que existe un déficit que amerite esa medida. Antes de 2007 éste era un aspecto central de las demandas docentes, pero a partir de 2008 fue un eje de conflicto desactivado a costa de muchos millones invertidos desde Educación, que pudieron tener altibajos pero no se abandonaron.
Otro conflicto, un bluf
El ex subsecretario de Seguridad Marcos Escajadillo no está siendo investigado por vínculos con el narcotráfico y al día de hoy no hay ningún indicio, al menos que se conozca, que lo amerite.
Meses atrás se escribió en este panorama que el gobierno debió evaluar muy bien el hecho de cobijar a Escajadillo en el Ministerio de Gobierno, porque en medio del escándalo por el caso Tognoli esa decisión podía ser leída más como una señal de protección que como una lealtad política.
Eran momentos en que en las redacciones de los tres diarios de la ciudad circulaban las versiones después hechas públicas sobre Escajadillo, pero a las que nadie dio entidad de publicable porque no pasaban de chismes de café.
Finalmente, quienes desde algún sector de la oposición agitaron esas versiones sobre filmaciones, fotos y escuchas (¿legales o ilegales?) que involucraban a Escajadillo, encontraron quien desde el periodismo legitime y se haga cargo del relato, a pesar de la ausencia de fuentes concretas y sobre la base de un libelo sin membrete ni firma alguna, que entre sus líneas reciclaba historias en su mayoría ya escritas en las páginas de los diarios por periodistas de El Ciudadano, La Capital y Rosario/12 en los últimos siete u ocho años.
Se sigue pegando bajo
No se trata de defender a Escajadillo, pero si la política pierde de vista que en el Estado de derecho se acusa a partir de pruebas o al menos indicios concretos, esto termina en un chiquero.
El mismo kirchnerismo sufrió y reprochó mil veces las barbaridades a boca de jarro de Elisa Carrió y otros referentes políticos y sectoriales contra su gobierno.
La política no necesita caer tan bajo. ¿Se trata de impotencia política? Si las deficiencias en seguridad pública de los gobiernos del Frente Progresista (no es que antes no las hubiera, pero no es el caso) la ven los santafesinos todos los días en las calles: la enorme tolerancia de la Policía con el delito y en especial el narcotráfico; el ingenuo respaldo político a jefes y comisarios para los cuales todavía no se inventó el quitamanchas que los pueda limpiar; las declaraciones juradas de bienes que no sólo no se controlaban sino que ni siquiera se exigían; las investigaciones sobre patrimonios de comisarios que tardaron cuatro o cinco años en pasar por Asuntos Internos; la llamativa falta de presencia policial en la calle, no para militarizar la ciudad, sino para al menos complicarles un poco la faena al abanico de delincuentes, desde motochorros y pungistas hasta asaltantes de bancos o un sicario que va a Pellegrini y Corrientes a las seis de la tarde a ejecutar su crimen cara a cara en la vereda.
Señales
Aquí se juega la parada más importante para el ministro de Seguridad Raúl Lamberto: empezar a dar señales a la sociedad, mostrar resultados. La tasa de homicidios, los hechos de violencia y la tolerancia de los dirigentes de fútbol con los barras multipropósito no van a desaparecer de un día para el otro, porque tampoco nacieron de un día para el otro y ni siquiera en las gestiones del Frente Progresista, pero es responsabilidad de ésta recuperar tiempo perdido y fundamentalmente la autocrítica para consolidar una línea de trabajo más comprometida con el área.
Hay coincidencia en que más presupuesto, reforma policial en marcha, reforma procesal penal en implementación, el perfil del nuevo procurador de Justicia (Jorge Barraguirre ya mostró que llegó para trabajar y no para defender privilegios de grupos de poder del Poder Judicial), y una nueva cúpula policial son pasos adelante que ahora tienen que traducirse en gestión diaria y decisión política.
Los otros poderes tienen que hacer lo suyo. ¿Hasta cuándo va seguir trabado en la Legislatura el acuerdo para decenas de fiscales y defensores para el nuevo sistema penal? La Corte Suprema, además de dar por cumplidas sus estrictas responsabilidades administrativas, ¿no debería dar mensajes más claros sobre la urgencia de implementar el nuevo Código Procesal Penal? ¿O le da lo mismo mientras parezca que es un problema de otros?
Elogio y advertencia
La decisión de la Procuraduría General de la Nación de crear una unidad de investigación dedicada específicamente al narcotráfico tiene el sabor ambiguo de ser una muy buena noticia que a la vez, como pasó en Santa Fe, implica reconocer que la forma de trabajo y los recursos actuales son propios de una Argentina de hace 30 o 40 años, y no de la Argentina que a partir de los 90 pasó a tener un papel destacado en el mercado global de las drogas no legales y que fronteras adentro muestra síntomas aterradores, como el daño que provoca en el tejido social con sus recetas de adicción y/o dinero fácil que contaminan a todos los escalones de la pirámide social.
Visto a Julio de Vido convocando sólo a algunos intendentes justicialistas a Buenos Aires para discutir el reparto de las obras públicas para la provincia; el secretario de Seguridad Sergio Berni hablando de Santa Fe como la nueva capital narco de Sudamérica; Rafael Bielsa operando desde la Sedronar y el desboque del diputado Andrés Larroque cuando habló de narcosocialismo en el Congreso, no está demás advertir que la Procuraduría contra el narcotráfico es una gran noticia siempre y cuando haya sido concebida como una herramienta de lucha contra el narcotráfico y no como una nueva herramienta de operación política.
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