El Ciudadano
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas de hasta 20 años de prisión a diez integrantes de una organización que ingresaba cocaína al país mediante vuelos clandestinos desde Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú hacia la localidad correntina de Santo Tomé.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la sala III del tribunal de alzada rechazó una serie de recursos interpuestos por las defensas y ratificó en lo esencial el fallo dictado en abril de 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes.
En su voto, la jueza Liliana Catucci adhirió al de su colega Juan Carlos Mahiques y remarcó que “nos encontramos ante una asociación delictiva con características de mafia internacional, enfocada principalmente en el narcotráfico a gran escala que involucró a individuos de distintos países y una organización que se demostró de gran sofisticación y sostenida en el tiempo”.
Agregó que todo eso encuentra su correspondencia con las penas impuestas, que fueron de ocho a 20 años de cárcel para la decena de imputados.
Asimismo, el máximo tribunal penal del país confirmó los decomisos oportunamente ordenados sobre los establecimientos rurales “Santa María del Aguapey” y “Santa Úrsula”, un total de siete mil hectáreas de campo que eran utilizadas por la organización para descargar la droga, y sobre las aeronaves, vehículos, dinero y demás bienes secuestrados durante la investigación.
De hecho, en agosto del año pasado la Justicia autorizó la designación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) como administrador de esos campos.
Extraña rutina
La investigación se inició en noviembre de 2013 cuando el Jefe del Escuadrón N° 57 “Santo Tomé” de la Gendarmería Nacional informó al Juzgado Federal de Paso de los Libres, que en el establecimiento ganadero “Santa Úrsula” –ubicado a 110 kilómetros de dicha localidad correntina– todos los días miércoles y jueves aterrizaba una avioneta, que permanecía en el lugar 45 minutos, la cual era custodiada por hombres fuertemente armados. Así, el 14 de noviembre de ese año se ordenaron una serie de allanamientos que concluyeron con el arresto de Carlos Pacheco.
En el procedimiento realizado en la Estancia “Santa María del Aguapey” –propiedad de Hilda Calabrese– se advirtió la existencia de una pista de aterrizaje rudimentaria, al tiempo que se encontraron una avioneta Cessna, distintos vehículos, una cisterna con combustible para aeronaves y un acoplado con doce bultos, cada uno de los cuales contenía veinticinco paquetes de clorhidrato de cocaína, por un pesaje total de 329,872 kilogramos.
También se incautó documentación de interés para la investigación, teléfonos celulares y armamento. Asimismo, se procedió a la detención de siete de los acusados.
Aquel día también se allanó la Estancia “Santa Úrsula”, en la que se encontraron piezas de aeronaves y, ocultas entre la vegetación, dos avionetas, en cuyo interior se encontraron documentos. También se realizó un procedimiento en la vivienda de Pacheco, donde se secuestró dinero, computadoras, documentación y vehículos.
Un año después, en febrero de 2014, se practicó un procedimiento en la vivienda de Calabrese, donde se la detuvo y se secuestró un vehículo de alta gama, teléfonos celulares y documentación de interés para la pesquisa.
Por su parte, Niemez quedó detenido al presentarse espontáneamente en el Juzgado, el 7 de abril de 2014, mientras que Acosta fue apresado en la noche del 25 de abril de ese año, cuando realizaba los trámites migratorios para cruzar el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une las ciudades de Posadas y Encarnación (Paraguay).
En 2015, los acusados fueron procesados en orden al delito de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes, agravado por la organización y cantidad de intervinientes, en concurso real con el delito de asociación ilícita.
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