La creciente demanda de vecinos que piden colaboración para instalar alarmas comunitarias y cámaras de vigilancia en sus cuadras reinstaló una discusión en el Concejo Municipal. La Comisión de Seguridad debatió de qué manera puede responder ante innumerables pedidos. Y estudia alternativas para contribuir, a través de facilidades económicas, de manera que los ciudadanos puedan disuadir los delitos con esa herramientas.
Ante un listado de pedidos de auxilio económico por parte de vecinos de distintas zonas de la ciudad que pretenden solventar el gasto, desde el Concejo piensan alternativas como créditos a bajo interés, o directamente subsidios para colaborar en la instalación de equipos.
El debate se abrió nuevamente luego de un pedido por parte de vecinos de la zona de Cochabamba al 3900. Pero este caso se suma a los de habitantes de barrio Saladillo, Empalme y Ludueña, por nombrar algunos de los que padecen hechos de inseguridad a diario.
Si bien no se trata de una herramienta estrictamente preventiva ante el delito, los concejales coinciden en que puede disuadirlo y genera cierta sensación de protección entre los vecinos, e incluso en algunos casos podrán vincularlos con centros de monitoreo. El problema radica en los costos que implica el acceso a los aparatos, incluso a través de una colecta comunitaria.
Mientras que una alarma con botón de pánico ronda los 30 mil pesos, pensar en una cámara de vigilancia no baja de los 60 mil. Muchos vecindarios lo vieron como una inversión a largo plazo y ya cuentan con alguna de las dos opciones, pero no todos los barrios pueden afrontar semejante costo.
Un listado de vecinos
Carlos Cardozo es uno de los ediles que participó el lunes pasado de la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad, en la que se discutió el tema a partir de un pedido que recibió Renata Ghilloti.
La concejala de Juntos Por el Cambio planteó la inquietud de vecinos de Cochabamba al 3900, quienes pretenden una colaboración por parte del Palacio Vasallo para la instalación de una alarma comunitaria.
A partir de esta solicitud, desde la Comisión evaluaron qué posibilidades hay sobre la mesa para colaborar con vecinos que sufren episodios de inseguridad a diario y que pretenden instalar algún sistema para disuadir los robos, pero no cuentan con el dinero suficiente para afrontar los costos.
Para algunos barrios es inaccesible
En diálogo con El Ciudadano, el concejal de Juntos Por el Cambio Carlos Cardozo manifestó: “Tenemos que abordar el tema de alguna manera, la gente nos plantea que sería una buena salida como acción preventiva la instalación de alarmas, pero en muchos barrios los vecinos no están en condiciones de solventarlo”.
A partir de esta situación, los ediles recordaron una experiencia previa, en la que el Estado Municipal puso a disposición una línea de créditos para financiar la compra de alarmas comunitarias. Habrá un estudio sobre este antecedente para revisar si el resultado fue efectivo
Cardozo reconoció que las alternativas iniciales que pusieron sobre la mesa son ofrecer líneas de crédito del Banco Municipal para financiar las instalaciones, o directamente bajar algún subsidio que pueda solventar el gasto.
“Una vez que avancemos en esto habrá que ver también de qué manera priorizar los pedidos, porque estamos en una situación donde la demanda es infinita”, aseguró el concejal de Juntos Por el Cambio.
Si bien Cardozo reconoció que existen dificultades para medir la efectividad de los aparatos como elemento para contrarrestar los hechos delictivos, indicó que “la gente sabe que cuenta con un respaldo, e incluso cuentan que han podido disuadir varios hechos al contar con la alarma”.
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