Una banda especializada en secuestros extorsivos que se cometieron en Ramallo y Rosario fue desbaratada este martes por la Justicia federal tras la detención de seis de sus integrantes, entre ellos el sindicado líder y su mano derecha.
Algunos detalles sobre la causa dejaron entrever que tenían una compleja logística que incluía roles bien definidos y alta capacidad técnica y operativa, con preparación de celulares analógicos, inhibidores de señal, seguimientos de meses, tareas de inteligencia y la elección de sus víctimas.
La mayoría: empresarios que preferían esquivar el contacto con autoridades por haber tenido problemas con la ley, y en dos de los casos residentes en la torre Aqualina de barrio Martin.
Así la organización avanzó con una modalidad atípica para esta época, que se refleja en las estadísticas del Ministerio Público Fiscal (MPF), con números que dicen que en 2023 se registró la cifra más baja de secuestros extorsivos a nivel país de los últimos ocho años: fueron unos 13, cifra mínima comparados con el récord histórico de los 294 que se cometieron en 2015.
La investigación está a cargo de las Fiscalías federales de San Nicolás y N°1 de Rosario, de Matías Di Lello y Javier Arzubi Calvo, junto con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), de Santiago Marquevich, quienes identificaron a ocho miembros de la banda que cometió al menos tres secuestros extorsivos, uno en 2021 y los restantes este año.
Entre los cinco hombres y una mujer que fueron detenidos en 16 operativos está su líder, Claudio Daniel Coto. Se trata de un bonaerense de 62 años, oriundo de Banfield y con último domicilio en una lujosa casona en San Isidro, a quien le atribuyen características de viejo hampón dedicado no sólo a los secuestro extorsivos sino también como hacedor de golpes comando millonarios.
Desbarataran una banda dedicada a realizar secuestros extorsivos en Rosario y San Nicolás
Sin embargo, estas atribuciones no se reflejan en su legajo judicial, que dice que en mayo pasado fue condenado a un año de prisión por falsificar un formulario 08 y que apenas contaba con una pena anterior de tres años y medio de la Justicia de Entre Ríos, por robo.
Este martes cayó en una casa que había alquilado en la localidad bonaerense de Martínez, y los pesquisas sospechan que buscó refugio en ese lugar no sólo porque las condenas estaban cerca de quedar firmes y lo mandarían a prisión efectiva, sino también porque lo buscaban por un golpe comando cometido hace casi un mes, en el que una banda se alzó con 40 mil dólares en la localidad entrerriana de Gualeguaychú.
En esta causa también está Néstor Santabaya, de 59 años, considerado mano derecha de Coto. A Santabaya le requisaron su celda de la Alcaidía porteña donde estaba alojado tras ser apresado a finales de octubre por el robo de 700 millones de pesos a una agencia de loterías de la ciudad de Buenos Aires.
Los pesquisas detuvieron además a su hijo Nicolás, junto a Sebastián Pugliese, Silvia López y Emiliano Acuña, mientras que hay otras dos personas que están identificadas y con pedido de captura, describieron voceros relacionados al caso.
Pedían cifras millonarias
Los secuestros extorsivos que le atribuyen a la organización de Coto fueron tres: el último fue cometido en la mañana del 10 de octubre pasado, cuando un grupo de hombres raptó al hijo y a la esposa del empresario farmacéutico Roberto Z. en el estacionamiento en uno de los edificios de barrio Martín que miran al río.
Le pidieron 3 millones de dólares, pero el empresario se negó a pagar e hizo la denuncia. Los captores lo vigilaban y tras advertir la presencia de policías, liberaron por la noche a la mujer y su hijo en un campo de la zona rural de San Nicolás. Roberto Z. fue el único blanco que, tanto él como su entorno, no lidiaba con causas penales, como pasó con las otras dos víctimas.
Una de ellas es el hijo de un empresario –que falleció el mes pasado luego de que su helicóptero se estrellara en el río Paraná– quien fue capturado el 24 de enero pasado por cuatro personas que llevaban uniformes de la Policía Federal. Lo interceptaron cuando iba en su camioneta 4×4 por Ramallo. Su familia pagó 600 mil dólares para que lo liberaran. Los pesquisas determinaron que el padre había sido imputado en 2020 por robar petróleo crudo de un oleoducto, luego fue sobreseído en un fallo que aún no estaba firme, ya que la Fiscalía había apelado.
Los fiscales federales también investigan otro secuestro dentro de la lista de víctimas de la banda de Coto, pero de oficio, ya que nunca fue denunciado.
Se perpetró en la mañana del 20 de julio de 2021: dos personas bajaron de un auto y le cortaron el paso al financista Jorge O. mientras caminaba por el parque en la zona del Monumento a la Bandera. Uno de ellos le dijo que tenía una notificación judicial, y que debía acompañarlo.
En ese momento, Jorge no sospechó porque estaba involucrado en la causa de la megaestafa inmobiliaria, en la que luego fue sobreseído. Al acercarse al auto fue encañonado, le taparon la cara, le sacaron el celular y lo ataron.
Con su teléfono llamaron a un socio y le exigieron un millón de dólares para liberarlo. Luego de una serie de negociaciones, los captores se conformaron con los 80.000 dólares y el 1.200.000 pesos que el entorno del financista pudo reunir.
Recursos y logística
Los secuestros fueron casi idénticos: la excusa para acercarse era alguna notificación judicial o la pertenencia a una fuerza policial. En uno de los casos los captores usaron una llave electrónica robada para acceder a la cochera del edificio donde habitaban sus víctimas. No ejercían violencia física, pero eran efectivos en atormentar y amenazar tanto a los cautivos como a quien le exigían dinero. Las víctimas eran retenidas en viviendas que alquilaban en San Nicolás.
A las personas raptadas como a las que contactaban por el rescate les daban muchos detalles de su cotidianidad, como por ejemplo los lugares que frecuentaban, sus horarios, sus amistades y los vehículos que usaban, lo que dejó en evidencia que les hacían inteligencia durante meses.
También, usaban una flota de autos con patentes apócrifas entre las que se encontraba una Trafic blanca. Además, usaban autos de apoyo para seguir cada movimiento de la persona que estaba encargada de pagarles.
En cada uno de los golpes usaban como mínimo seis celulares analógicos, a los que le pegaban el chip, le rompían la entrada para cargarlos y la pantalla para que no vieran el número que los contactaba. Los integrantes también usaban estos aparatos, u otros junto a inhibidores de señal para evitar que los siguieran.
Además, llamaban a las víctimas pasivas –por los elegidos para cobrarles el rescate– desde distintas líneas, usaban distorsionadores de voz y lo hacían desde diferentes ubicaciones.
Con algunos resultados de las medidas, los investigadores determinaron que la organización llevaba adelante los golpes con roles previamente definidos y que usaban identidades falsas en todo momento. Una parte se abocaba al cautiverio, otra a los llamados extorsivos y el resto al cobro de los rescates. Los pesquisas los identificaron por un error y es que mantuvieron uno de los números de teléfono durante estos dos año, que habían usado en dos de los hechos, concluyeron los voceros del MPF.
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