Ciudad

Rosario, vidriera nacional

Como Nordelta, pero popular y sustentable: el sueño de Nuevo Alberdi al fin se hace realidad

Este jueves se presentó el Plan Maestro para uno de los últimos territorios urbanizables de la ciudad y que cierra un ciclo de disputas por la tierra. Ahora arrancarán en simultáneo las “obras tempranas”, con fuerte inversión del Estado nacional: dólar turista e impuesto a los ricos financian


Una extensión de la Universidad Nacional de Rosario, un cajero automático y una “antena” del centro municipal de distrito Norte en chalet estilo inglés y los galpones de la vieja estación de ferrocarril. Una plaza con cancha de fútbol donde hoy está la cancha de fútbol, la que no tiene ni arcos, ni demarcación ni mucho menos iluminación. Otra plaza, pero de comida, o Plaza de la Alimentación, o el nombre que vaya a tener, que importa mucho pero es nada al lado del contenido: ahí todos los árboles van a ser comestibles, sean las frutas o las hojas, y los canteros van a tener aromáticas y condimentos, alguna medicinal, si cabe la diferencia, mientras se sigue preguntando por ahí si hay otra plaza así en todo el país o esta va a ser la primera. Y, claro, agua y cloacas, la inversión más grande, la “infraestructurización” del barrio, lo que lo va a ayudar a ser barrio en serio, que junto con gas, alumbrado e internet van a tornar realidad la “integración” de la que tanto se habla y tanto se escribe en proyectos, documentos, acuerdos, normas, y en esa febril señal de comunicación que va y viene entre Buenos Aires, Santa Fe capital y Rosario. Nuevo Alberdi es la palabra clave que explica todo, y que involucra a Ministerios, Secretarías, empresas públicas, empresas privatizadas, empresas privadas, áreas de los tres Estados. Parece mentira, pero las secas, técnicas palabras que vienen llenando carpetas por pilas en los últimos meses, también sirven para abrir la puerta a un sueño. Y ese sueño se presentó en público ahí mismo este jueves: después de años, esta vez todo fueron sonrisas, aplausos y también algún lagrimón a cuestas bajo el sauce y el eucalipto de avenida Joaquín Suárez y bulevar Hipólito Bouchard.

Las primeras de la lista, de una larga lista, son las llamadas “obras tempranas”, las que están ya a punto de ponerse en marcha, y que se presentaron este jueves. Son la clave de todo, ya que la idea es que arranquen todas juntas, en simultáneo, para dar vuelta el territorio. Sólo con esas, siete en total, están llamadas a ser el punto de inicio de una urbanización que, por un sinfín de características es única en el país. Esa historia tiene dos vías, y no pocas curiosidades y paradojas, las que suele cocinar a fuego rápido un país como la Argentina, para sorpresa del mundo. Una de ellas es que la que muy probablemente sea la mayor expropiación de suelo urbanizable hasta ahora, se terminó de entretejer en un gobierno de neto corte neoliberal, como el de Mauricio Macri. Es que allí se terminó de acordar, con los movimientos sociales poniendo todo su poder de movilización en las calles, la ley 27.453, de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, más conocida como ley de Barrios Populares.

La ley coronó una larga pelea que se coordinó a lo largo y a lo ancho del país, y que reunió a fuerzas muy disímiles entre ellas, cuyos dirigentes con el tiempo fueron llamados Cayetanos, por el santo del pan y del trabajo, pero más por las líneas tendidas con el papa Francisco, que no incluyen a todos, pero sí su síntesis de Tierra, Techo y Trabajo.

Antes de la ley, los movimientos sociales habían logrado un decreto clave, el que instauró y dio institucionalidad al Renabap, el Registro Nacional de Barrios Populares. Son 4.416 en total, en todo el territorio nacional, los barrios y villas, cada uno con su singularidad, pero con un hilo común: en todos falta más de lo que hay, y en todos residen las capas más marginadas y empobrecidas de quienes habitan el suelo argentino.

De esos miles de barriadas, que si llueve se vuelven barriales o si no llueve vuela el polvo, todos censados entre 2016 y 2017, por distintos motivos y razones se privilegiaron 13. Y uno de esos 13, está en Rosario y es Nuevo Alberdi, un territorio por décadas olvidado pero desde hace unos años apetecido por los más poderosos intereses inmobiliarios de la ciudad: unas 500 hectáreas que conforman una de las ya muy escasas porciones de suelo urbanizable que quedan. Y dentro de una lógica de frontera en la que donde no hay soja es porque se pueden apilar ladrillos, se intentó hacer lo mismo que hace dos siglos se hizo para hacerse de los salares en territorios aborígenes: sacarlos a todos de ahí. Pero no.

 

La Resistencia

La presentación del plan se hizo entre el ingreso al barrio por Bouchard, la única asfaltada que entra entre lo que primero es zona urbana, después semi y después rural, y el camino que “usa la gente del barrio”. Hay un puente con escalera allí, al lado de la vieja estación de tren, un mirador oxidado que no usa nadie. Todos, unas 2 mil personas al día –se dirá durante la presentación– cruzan por abajo, por un sendero que parece una autopista para caminar. Y que se va ensanchando a fuerza de que, cuando se acumula agua, hay que andar por los costados, pisando el pasto.

Esas 2 mil personas forman parte de las 1.936 familias que residen en ese sector de Nuevo Alberdi, en viviendas que más cerca de la ruta y la estación de tren son de material, algunas de dos plantas, pero a medida que se avanza por Bouchard, van cambiando. El mismo asfalto se va deteriorando en grietas y pozos que, a los costados, se replica también en grietas y pozos sociales. Los ladrillos sólidos se van convirtiendo en ladrillos huecos, después en chapas y maderas. Al final son viviendas hechas con lo que se puede juntar, lo que a otro sector social de la misma ciudad no le sirve y lo tira. Y ya no hay asfalto, el bulevar es un camino rural cuarteado de pozos y con piedras. Ahí nomás, pasando por enormes formaciones de ladrillos horneados que se cocinan en Nuevo Alberdi para afuera de Nuevo Alberdi, el suelo se vuelve horizonte y aparece el símbolo de lo que ahora es pregunta: el Tambo La Resistencia.

Esa pelea, que lleva más de una década y media, librada por Juan Licera, es la que hizo posible que hora la cuestión sea: “¿Será que esta vez será?”.

Los de hoy ya no son un puñado de jóvenes idealistas que se zambulleron en la ruralidad desde la clase media: son cuadros políticos, desembarcaron en el Concejo Municipal, aun forman parte de los mayores bloques en un cuerpo legislativo en el que el síntoma es la dispersión. Tienen años de militancia territorial, y entre ellas y ellos hay militantes nacidos y criados en el barrio, a los que no se la contaron: la vivieron.

En la presentación del plan, de hecho, una de las cuatro personas que hablaban, con un mapa a sus espaldas mostrado en panel gigante es Ayelén “Aye” Acevedo. Cuando la muchachada de lo que entonces era el Movimiento Giros llegó allí, ella tenía 9 años y tenía que caminar tres cuadras y hacer fila para llegar hasta una canilla, para volver con un bidón de agua para su casa. Ahí nomás, casi al lado, se estaba construyendo un barrio privado, y ahí tenían todo, en una foto de desigualdad que no es extraña en ninguna parte de la Argentina. Hoy es mamá, y lo que sueña para su hijo más chiquito, que tiene tres años, es con una plaza para que juegue, que tenga lo que ella en su infancia nunca tuvo. Pero también es un cuadro territorial de Ciudad Futura, y su última gran tarea militante fue espantar a un arquitecto y una escribana representante de desarrolladores inmobiliarios que, papel en mano, pretendían desalojar a una familia de la zona rural de Nuevo Alberdi. Papel contra papel, se plantó: hay un andamiaje legal nacional que protege a las familias. Fueron censadas y su casa es su casa, con certificación de vivienda familiar. Y los certificados, además, tienen como figura a las jefas de hogar: en casos de violencia de género, será el machirulo el que se tendrá que apartar de la vivienda. Por el pasado, un resguardo a futuro.

 

Ordeñando el camino

Entre el Tambo La Resistencia, un islote único de ruralidad entremezclada con innovación y tecnología, y el inicio de ese sector de Nuevo Alberdi se conforma el mapa total de NBI, lo que las estadísticas mencionan como necesidades básicas insatisfechas. Es que desde las viviendas más pobres hasta de las más ricas de la zona –que las hay, y muy antiguas también– salen niñas y niños que se enfilan junto a padres o madres como hormigas blancas. Son 1.605 las familias que viven en la zona urbana y 331 las que habitan en la zona rural del barrio, pero ahí no hay ninguna escuela. Todas y todos deben salir, cruzar la vía y la ruta 34 para acudir a clases. Y a muchas y muchos se les agrega un puente, el pasa por encima del canal Ibarlucea, el aliviador de inundaciones que no alcanzó en 2007, cuando desbordó y a buena parte les llegó el agua al cuello, literalmente.

Pero a los 6.040 residentes no sólo acceder a la educación se les hace difícil. La exclusión se corporiza hasta en los detalles más nimios: deben hacer kilómetros para llegar a un cajero automático, hasta un supermercado de Circunvalación o hasta el barrio Rucci; tienen que andar todavía más kilómetros para un trámite municipal, hasta la mansión de Villa Hortensia, en bulevar Rondeau; hasta tenían que cruzar las vías del tren y la peligrosa ruta 34 para comprar verduras, carne o lo que fuera: todo esta al otro lado, o más lejos. Y los colectivo del transporte urbano, que otras zonas de la ciudad dejan a los pasajeros en la esquina o a dos, tres o cuatro cuadras de sus casas, ahí los sueltan a 2 kilómetros. Y de noche, claro está, no entran al barrio.

En la presentación lo narró Juan Monteverde, una de las figuras más visibles de Ciudad Futura: fue concejal y es candidato para volver a sentarse en el Palacio Vasallo. Y dijo que uno de los proyectos más urgentes de la intervención va a ser construir una miniterminal adentro del barrio, “como la de Rucci”. Y aunque eso no se promete ni se puede prometer, sugirió que con iluminación y el cuidado mismo de las y los vecinos, puede hasta garantizarse la seguridad, un déficit a plomo en toda la ciudad.

También contó experiencias que se están haciendo en paralelo con el “Plan Maestro” para Nuevo Alberdi, ya que la “integración” de la que habla no es sólo la obra pública faraónica –que hace falta– sino también un concepto social: entonces al todavía pequeño grupo de comerciantes que se va formando se les dan microcréditos para que instalen un posnet, para que las cosas se puedan pagar también con las tarjetas vigentes, como las de la Asignación Universal por Hijo, Alimentar, Jubilación Inclusiva, y más.

También habló en la presentación la concejala y vicepresidenta segunda del Legislativo municipal, Caren Tepp: entre todas y todos fueron hilvanando la historia que los había llevado a ese lugar y a esa esperanza.

Pero las menciones al pasado fueron, esta vez, las menos: el cuarto expositor es el arquitecto, docente y urbanista Oscar Bragos, titular del IGC, el Instituto de Gestión de Ciudades, una reconocida entidad que se dedica “al diseño e implementación de políticas públicas urbanas y territoriales”. El equipo interdisciplinario que la integra tiene más de 20 años de experiencia y experticia en “gestión de proyectos públicos, privados y mixtos, que se proponen el desarrollo sostenible e inclusivo de las ciudades”. Y de allí emanó el Plan Maestro que se encadenó con la pelea del barrio por sí mismo, y con el andamiaje legislativo para todos los barrios populares, que se plasmó, hace un año, el 20 de octubre de 2020, en la firma del convenio que incluyó a Nuevo Alberdi en los 13 zonas del país que quedaron dentro del programa nacional Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares.

 

Todo es memoria

Corto pero muy intenso fue el período que siguió a las inundaciones de 2007, con el intento de desarrolladores inmobiliarios de comprar todo lo que el agua dejó al precio más bajo para hacer un barrio privado de la gama más alta. El Tambo La Resistencia es una frontera visual, hasta ahí llegaron las hileras de plantines –hoy frondosos árboles– que se habían puesto ya sin tener ni papeles ni permisos al día. La planificación es clave para la ambición, pero ese mismo método puede ser utilizado en forma diferente: un diseño equivalente es el que se pretende con las “obras tempranas” presentadas esta semana.

Es que, al final, después de tantas resistencias e intentos –algunos consumados– de desalojos, la solución fue política. Y el barrio diseñado por el IGC a 40 años incluye tanto casas de lujo –los privados con plata harán lo que les plazca, como suelen hacerlo– como espacios públicos para todas y todos, fuerte infraestructura urbana, y unidades productivas a resguardo, activas y en crecimiento.

Si de imaginar se trata, la prácticamente cloaca a cielo abierto que es hoy el canal Ibarlucea, va a ser tenido en cuenta desde la mancha de inundabilidad –la real, no la “dibujada” que se pretendía en proyectos privados– como potencial espacio público y de recreación. No lo dicen, pero se desliza que se piensa casi, casi, en un Nordelta, acaso con carpinchos y todo, pero popular. Un reservorio de agua dulce, una defensa ante inundaciones que hoy parecieran imposibles, pero.

La idea sobre el histórico Tambo La Resistencia, el último que queda dentro de los límites de la ciudad, además, es ampliar su capacidad productiva para incluir a otros potenciales proveedores de materia prima de la zona, a los que por una lógica de cercanía les puede cerrar más que bien la ecuación. Ello implica más dulce de leche “Tan violentamente dulce”, más quesos a precios accesibles, acaso otros derivados y trabajo: pasar de la dotación de 15 personas a 30, en principio.

Agua potable y cloacas es la llave inicial y para eso el Estado nacional va a invertir, en una primera remesa 1.000 millones de pesos, que se multiplicarán a su vez en trabajo, ya que la idea –aunque para una obra de esa envergadura se va a llamar a licitación– es que cooperativas de trabajo del propio barrio puedan encargarse de tareas y obras a su alcance. “Como justicia poética”, mencionó Monteverde, ya que el financiamiento viene de dos fuentes clave: el Impuesto a las Grandes Fortunas, que se implementó por única vez por la pandemia de coronavirus, y el dólar turista, tributo que molesta a quienes viajan al exterior, “pero que hace que si alguien se toma un café en París, un porcentaje de ese gusto va a venir para Nuevo Alberdi”.

Y en el medio –y con urgencia– jardín y escuela primaria públicos, ya sin cruzar vías ni rutas, por derecho y acceso. Y seguirá, con edificio nuevo, la escuela Etica para jóvenes y adultos, que se fundó y por la que tanta pelea se dio, a la hora de oficializar su plan de estudios y sus títulos, con dos ministras de Educación en el pasado.

Una anécdota de una militante, resume la importancia clave: ella se anotó y terminó en la Etica cuando toda su familia iba camino a trabajar para “el narco”. Su título trajo de vuelta a todos los miembros de la familia menos a uno. Significaba la oportunidad de seguir otro camino.

Y la Universidad pública a un paso es el moño del paquete. Surgió de la misma inquietud del barrio, censado casa por casa y con fotografías aéreas con un dron durante la pandemia, casi a fines del año pasado. Y la primera carrera que allí se dictará es Cuidados Integrales, falencia que dejó expuesto el covid-19 pero, aunque se está diseñando como equivalencia de Enfermería, no sólo será cuidado de personas, sino también del medio ambiente cercano.

“Las ciudades tienen que ser protagonistas de una sociedad en paz”, define Monteverde. En una pelea con mojones que empezaron por evitar desalojos, siguieron con poner fin por ordenanza a barrios privados dentro de la ciudad, y concluyeron con alzar, también por ordenanza, y votada por unanimidad, el proyecto para Nuevo Alberdi –Plan Urbano Ambiental Canales Ibarlucea y Salvat– el Plan Maestro emerge incluso como alternativa inclusiva y laboral frente a una violencia urbana que recrudece. Estimular la educación, ampliar derechos, restaurar un medio ambiente en el que, pese a todo,  todavía puede verse hasta perdices, este jueves el panel parecía no poder ni querer despertar. Todo está a un paso, a tiro de obra, incluso se cerró hasta el acuerdo político con privados: deberán donar un 30 por ciento de la tierra, que pasará a ser pública, de sus desarrollos proyectados. Pero si lo hacen antes de empezar será el 20%, un tercio menos, y ya están tomando el ofrecimiento, que además da vuelta con los convenios urbanísticos y de excepción en los que lo público siempre queda para lo último, y a veces hay que forzarlo.

Cabe bien, entonces, la pregunta: “¿Será que esta vez será?”.

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