El Ciudadano
El primer juicio contra los fabricantes de medicamentos analgésicos acusados de haber alimentado la crisis de sobredosis de opioides que azota Estados Unidos comenzó este martes en Oklahoma, con el laboratorio Johnson & Johnson en el banquillo de los acusados.
De los tres laboratorios farmacéuticos acusados inicialmente en este estado, Johnson & Johnson, más conocido por su talco para bebés que por los medicamentos contra el dolor vendidos por su filial Janssen, es el único que no alcanzó un acuerdo amistoso con el fiscal de Oklahoma para evitar una demanda.
El laboratorio Purdue Pharma, que se convirtió en el enemigo número uno en la crisis de los opioides por fabricar el medicamento Oxycontin, llegó a un acuerdo amistoso en marzo con las autoridades del estado por el que aceptó desembolsar 270 millones de dólares.
Y el laboratorio israelí Teva hizo lo propio este fin de semana y acordó pagar 85 millones de dólares.
Este juicio, comparado a menudo con los que hubo contra las tabacaleras y que se saldaron con un amplio acuerdo de más de 200.000 millones de dólares en 1998, debería sentar también un precedente: más de 1.500 demandas se han presentado a nivel federal, supervisadas por un juez de Ohio, y cientos a nivel de los estados, incluyendo Nueva York y Massachusetts.
“Medicamento mágico”
En su alegato de apertura, el fiscal general de Oklahoma, Mike Hunter, acusó a Johnson & Johnson de actuar por “avaricia”, presentando de manera “cínica y engañosa” los opioides como un “medicamento mágico” contra el dolor.
Hunter reprochó a la empresa estadounidense haber minimizado a partir de 1996 los riesgos de dependencia de dos de sus medicamentos, el parche Duragesic y las píldoras Nucynta, y de haber contribuido a “crear una demanda” para ese tipo de analgésicos que durante años se recetaban solamente a los enfermos de cáncer. Según el fiscal, Johnson & Johnson no quería perder terreno frente a Purdue Pharma y su Oxycontin.
Oklahoma, que registró cerca de 4.600 muertes por sobredosis entre 2007 y 2017, reclama miles de millones de dólares en indemnizaciones para compensar los gastos públicos necesarios para combatir esa lacra, “la peor crisis de salud pública jamás causada por el hombre” en ese estado, según Hunter.
El abogado del laboratorio, Larry Ottaway, dijo en sus argumentos de apertura que, si Johnson & Johnson dijo a fines de la década de 1990 que los opiáceos eran “raramente adictivos”, fue porque la agencia de medicamentos de Estados Unidos, la FDA, suscribía esa apreciación.
El letrado recordó que, a pesar de que la crisis de los opioides fue declarada emergencia sanitaria nacional a finales de 2017, la FDA aún reconoce la utilidad de esos medicamentos, subrayando la necesidad de “encontrar un equilibrio entre los riesgos de dependencia y la realidad de los dolores crónicos”, que pueden llevar a “la depresión y el suicidio”.
Para Ottaway, Oklahoma tiene al menos una parte de responsabilidad en la crisis ya que, según él, era el deber del estado controlar a los médicos que prescribían esos opioides y a las farmacias.
Médicos, agentes comerciales de Johnson & Johnson, expertos en dependencia y familiares de víctimas de la crisis de los opioides, que causó unos 400.000 muertos por sobredosis en 20 años en Estados Unidos, comparecerán en el tribunal durante el juicio que durará probablemente dos meses.
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