El paro del jueves pasado en la empresa de transporte urbano Rosario Bus, la única privada de la ciudad, apuró en el Concejo Municipal el debate en torno a la necesidad de aumentar recursos para inyectar en las firmas que integran el sistema. El edil socialista Manuel Sciutto planteó en las últimas horas la “necesidad” de que la suba del precio del viaje (que hoy están en 3,20 con tarjeta) se resuelva “en el curso del presente año”. Sin embargo, no le será sencillo al oficialismo conseguir los votos en el Palacio Vasallo. Todos los sectores de la oposición salieron ayer a cuestionar la “crítica” situación y “el déficit financiero” en que está sumergido el transporte público en la ciudad pero al mismo tiempo anticiparon su negativa a darle aval a un aumento.
Sciutto reconoció el pasado jueves (en momentos en que las 17 líneas de Rosario Bus habían abandonado la calle por el paro de los choferes) que existe un peso de diferencia entre el valor actual del boleto de colectivos y lo que debería costar un viaje. El concejal socialista agregó que esa diferencia debe resolverse “en el curso del año” porque después “con el receso de enero el sistema entrará en una situación de desequilibrio tal que no resistirá”.
Sciutto aclaró que el cuerpo debía analizar cómo elevar los ingresos, “tanto con el fondo compensador como con la posibilidad de incrementar la tarifa”.
Distintos sectores de la oposición salieron a responder de inmediato en declaraciones a distintos medios de comunicación y con partes de prensa enviados a los mismos. En el Concejo se manifiestan reticentes a aprobar una suba y sostienen que hay que buscar otras fuentes de financiamiento. Entre ellas gana consenso la de reclamar que la provincia también aporte un subsidio.
Roy López Molina, del PRO, rechazó no sólo la posibilidad de aumentar el boleto sino también la idea de incrementar las multas de tránsito. Ese proyecto fue elaborado por el municipio con el fin de que lo recaudado por la suba en el cobro de infracciones vaya a amortiguar el costo del valor del pasaje de colectivo.
En el mismo sentido se expresó Roberto Sukerman (Frente para la Victoria), quien dijo que la provincia debería involucrarse en el sostenimiento del sistema de transporte. En ese sentido, recordó que un diputado provincial de su sector, Luis Rubeo, presentó un proyecto en la Legislatura con ese objetivo.
Más temprano, y también en declaraciones radiales, el concejal radical Jorge Boasso, planteó que el objetivo de la repentina medida del jueves (el paro surgió luego de que Rosario Bus suspendiera a 190 choferes) fue mostrar “como apremiante la necesidad de actualizar la tarifa”. Algo que a su entender, no sólo le sirve a la firma privada sino principalmente a las dos empresas que maneja el Estado, la Semtur y la Mixta, “las más deficitarias”, bramó el crónico opositor al oficialismo local.
Boasso también pidió que la administración provincial sume su ayuda a la del municipio y la Nación, los dos niveles del Estado que cada uno a su modo subsidian el transporte.
“Ese actor debería estar presente y contribuir a que la ecuación cierre”, criticó en diálogo con la emisora local Radio 2.
Con todo, Héctor Cavallero, del bloque del Partido del Progreso Social, también sumó su crítica al Ejecutivo local y afirmó en las últimas horas que “la Municipalidad tiene responsabilidad en el déficit operativo que tiene el sistema de transporte de 120 millones de pesos”.
El edil puso a la par de esa cifra los 80 millones de subsidios que reciben las empresas La Mixta y Semtur que figuran en el proyecto de presupuesto 2014. “Haría falta para sustentar el sistema 40 millones de pesos más. Eso es lo que el Estado tiene que hacer para normalizarlo y evitar el aumento”, conjeturó.
La propuesta más radical la planteó el edil Alberto Cortés, del Partido Socialista Auténtico, quien pidió debatir “seriamente” la posibilidad de municipalizar todas las líneas del Transporte Urbano de Pasajeros.
Cortés también propuso que el gobierno provincial se meta de lleno en el sistema de colectivos. La diferencia con el resto de sus pares es que el concejal del partido que encabeza Pino Solanas está solicitando para eso la aplicación de un gravamen (ingresos brutos) a las empresas cerealeras radicadas en Santa Fe.
De mantenerse esas posturas el oficialismo (lo que incluye a los integrantes de todo el Frente Progresista) no estaría en condiciones de avanzar con algún tipo de aumento en el Palacio Vasallo.
En conjunto, con un total de 13 ediles, los bloques opositores son mayoría en el Concejo. Esa situación se ampliará luego del 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio de poco más de la mitad de los concejales. Allí los legisladores no oficialistas serán 16, con un cuerpo que pasará de los 22 actuales a 24.
Antes de que se concrete ese recambio hay previstas sólo dos sesiones ordinarias. Y luego quedarán dos más. Así, los tiempos previstos para el debate son escasos.
Comentarios