La nulidad de una orden de allanamiento que dio lugar al desbaratamiento de una cocina de drogas en Pueblo Ester llegó a la Cámara de Apelaciones en lo Penal. La decisión se dio en el marco de una medida judicial que tuvo lugar en diciembre pasado, donde el juez de Instrucción 4ª Juan Carlos Vienna dispuso el allanamiento de una vivienda con el fin ubicar a uno de los integrantes del clan Cantero, en el marco de la causa por asociación ilícita contra la banda Los Monos. El fugitivo no fue hallado, la Policía dijo haber encontrado drogas, precursores químicos, sustancias para el estiramiento de estupefacientes, armas de fuego y detuvo a siete personas. El hecho generó dos causas penales: una en el fuero federal y otra en el provincial; esta última, por tenencia de armas y acopio, se radicó en el Juzgado de Instrucción 5ª. La defensa del único acusado, quien se hizo cargo del hecho, solicitó la nulidad de la orden por falta de motivación, lo que fue admitido por la magistrada Alejandra Rodenas (a cargo de este tribunal desde el 10 de febrero pasado), aunque la decisión fue apelada por el fiscal Carlos Covani. El planteo se encuentra en trámite.
El 23 de diciembre una casaquinta ubicada en Gobernador Vera 1291 de Pueblo Esther fue allanada por la División Judiciales, repartición que llevó adelante la investigación por la megacausa Monos. Los policías llegaron con una orden emanada del Juzgado de Instrucción 4ª, a cargo de Juan Carlos Vienna, en el marco de la investigación por asociación ilícita contra el clan Cantero, que tiene a 36 procesados desde febrero pasado. El objeto de la orden era ubicar a Ramón Ezequiel Machuca, alias Monchi Cantero, quien permanece prófugo. Según un informe de la luego caída en desgracia División Judiciales, el joven –uno de los sindicados líderes de los Monos– se ocultaba en dicho lugar donde además podrían hallarse elementos de interés para la causa. Si bien la medida ordenada por Vienna no logró dar con Machuca, en la vivienda la Policía dijo haber secuestrado 48 panes de cocaína pura, 6 de alita de mosca de máxima pureza, 15 litros de éter, 6 litros de ácido clorhídrico, 120 litros de acetona, 150 kilos de sustancia blanca para estirar la droga y unos 8 kilos de pasta base. También se secuestraron dos balanzas de precisión y una prensa hidráulica, 7 mil pesos en efectivo, 10 celulares, una escopeta 12.70 con 50 cartuchos, 200 balas 9 milímetros, un revólver 32 largo, varios cargadores de pistolas y un chaleco antibalas con la inscripción PSF (Policía de Santa Fe), refirió una fuente policial.
A su vez fueron detenidas siete personas, entre ellas César Mauricio N. Según refirió un vocero judicial, su nombre se encontraba en el contrato de alquiler de la casa. Por el caso se iniciaron dos causas, una en un juzgado federal y otra en el tribunal provincial, donde César N. quedó imputado, en el Juzgado de Instrucción 5ª (que entonces estaba a cargo de la cuestionada jueza María Luis Pérez Vara), por del delito de tenencia de armas y acopio de armas y municiones. En dicho expediente, el defensor Marcelo Martorano planteó la nulidad de la orden de procedimiento al entender que la misma se realizó sin medidas previas y sin motivación alguna. Por su parte, la magistrada Alejandra Rodenas (a cargo del juzgado tras la reforma penal) admitió el planteo al sostener que la medida ordenada por su par Vienna se ordenó a raíz de una información que recibió la División Judiciales sin ningún respaldo probatorio, por lo que no se indicó la motivación de la medida.
La decisión fue apelada por el fiscal Carlos Covani, al considerar que la nulidad es el final de la causa, que la medida fue fundada y se realizó con el fin de ubicar a un prófugo en una megacausa judicial en la que se encontraron armas. Ahora la decisión será revisada por la Cámara Penal.
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