El juez federal Marcelo Bailaque fijó para finales de abril y principios de mayo la citación a indagatoria de unos 26 empresarios que forman parte de 9 empresas instaladas en el parque industrial de Sauce Viejo. Entre los hombres de negocios convocados figuran uno de los CEO del Grupo Clarín Héctor Aranda y el actual presidente de la Unión Industrial de Santa Fe Javier Martin.
“Los hechos imputados tienen origen en la actividad desarrollada por 9 empresas con asiento en el Parque Industrial de Sauce Viejo, y entre otros aspectos, el pedido también comprende la resolución de la medida cautelar de clausura preventiva que se encuentra pendiente de definición”, expresó el fiscal Walter Rodríguez, quien realizó los pedidos de indagatoria hace unas tres semanas y que el juez hizo lugar. En relación a la clausura preventiva, el juez Bailaque encomendó al Ministerio de Medio Ambiente de la provincia y a la Policía Federal que articulen con el juzgado para llevarla a cabo, según publicó el portal Zona Crítica.
Los empresarios están acusados de contaminación, adulteración o envenenamiento peligroso para la salud pública, del agua y del ambiente. Y entre los hombres de negocios que deberán prestar indagatoria figuran: Gastón Delconte y Diego Goggi, del Frigorífico Goggi; Sergio Carballo y Víctor Rozycki, de Veneto S.A; Javier Jhonny Martin, Horacio Planiscig y Gabriel Racca, de PB Leiner Argentina S.A; Leonardo Raimondi Martin, de Espro S.A; Cristóbal Sánchez, Eduardo Sánchez, Raúl Sánchez, Pablo Cameroni, Francisco Strubia y Ricardo Boneto, de Sanchez y Sanchez S.R.L.
También deberán comparecer en una segunda tanda Julián Carrivale, Rubén Caporizzo, Gustavo Carrivale y Sebastián Caporizzo, de Vinagres Halconero S.R.L; Héctor Aranda, Andrés Fiasconaro y Luis Carrara de Artes Gráficas del Litoral S.A; Osvaldo Reca, Lucia Franco, Pamela Ulloa Henrriquez, de Central Puerto S.A; y Roberto Altuna de Curtipiel S.R.L.
Los vecinos del barrio Newbery venían advirtiendo por la existencia de fuertes olores y el deterioro del techo de sus casas, presuntamente provocado por las sustancias que las empresas arrojaban a uno de los desagües del parque industrial. Una denuncia advirtió en 2016 por la contaminación del río Coronda, como consecuencia de distintos productos químicos que eran vertidos al curso de agua por parte de las empresas instaladas en el parque industrial. Eso motivó el inició de la investigación judicial.
El departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina auxilió a la Fiscalía en la investigación, tomó las muestras de los efluentes líquidos entre los días 10 y 12 de diciembre de 2019 para realizar las pericias correspondientes. Todo esto ante los interesados que presenciaron el acto y pusieron a profesionales de su confianza para controlar la prueba.
Pero además participaron múltiples organismos en la toma de pruebas como la División Técnica de Protección Civil, de la Superintendencia Federal de Bomberos, dependiente de la Policía Federal Argentina; el Equipo de la Dirección Técnica del Servicio Centralizado de Grandes Instrumentos (Secegrin), dependiente del CCT Conicet Santa Fe; el Equipo de la Dirección del Instituto Nacional de Limnología (Inali), dependiente del CCT Conicet Santa Fe y de la Universidad Nacional del Litoral; el Equipo de la Dirección del Laboratorio Central, dependiente de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral; el Laboratorio de Química Analítica, dependiente de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral; y el Laboratorio de Microbiología, dependiente de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral.
Los resultados de los distintos estudios determinaron la presencia de elementos cuyas concentraciones son muy superiores a las permitidas por la ley 24.051 de Residuos Peligrosos.
“La contaminación, adulteración y/o envenenamiento de manera peligrosa para la salud pública, del agua y del ambiente a través de los residuos peligrosos aparece reflejada en el vertimiento de líquidos dirigidos al río Coronda y reviste un caso de competencia federal ante sus consecuencias inter jurisdiccionales –art. 7 de la Ley 25675”, expresó el dictamen del fiscal Rodríguez. “Los sucesos materia de imputación exceden a un individuo aislado y afecta a toda la comunidad que está en contacto con el medio ambiente, motivo por el cual fueron relevadas las zonas aledañas al Parque Industrial de la localidad de Sauce Viejo, donde se domiciliarían alrededor de 250 a 600 habitantes, número que resulta variable, debido a que en dicha zona se observan viviendas del tipo de fin de semana o casa quintas”, agregó.
Además de la contaminación en sí del río Coronda, los trabajos llevados a cabo advirtieron por la proximidad de las instalaciones de toma de agua potable en la localidad de Desvío Arijón, “ubicada aguas abajo del lugar donde provienen los desagües cloacales e industriales arrojados por los establecimientos instalados en el Parque Industrial”.
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