La suspensión de los controles que realiza la Omas (Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas de la prisión preventiva) generó polémica. Mientras el ministro de Justicia Juan Lewis mantuvo una mirada crítica sobre el funcionamiento de la oficina y detalló que los controles quedarán en manos de la Policía, el Ministerio Público de la Acusación y la Cámara Penal respaldaron el proyecto y mostraron una clara preocupación en que la supervisión de estas medidas, que incluyen por ejemplo los arrestos domiciliarios, pase a la órbita de la fuerza de seguridad provincial. El punto caliente de la cuestión es que no hay quién se haga cargo de costear los recursos humanos de la oficina, en realidad dos contratos, que implican un exiguo presupuesto y que se demoran en un camino burocrático.
El fiscal regional Jorge Baclini explicó que con Omas se sacó de la esfera de la seguridad pública el control de estas medidas: “No lo hace la Policía sino una oficina privada y esto nos evita tener controles policiales. Es una oficina que tiene contacto con nosotros y en el futuro tenía como función el proveer toda la información para decidir sobre las prisiones preventivas, para que el juez tenga una información objetiva sobre si una persona es peligrosa en términos procesales”, refirió.
El jefe de los fiscales locales del nuevo sistema penal sostuvo que la oficina funciona a buen nivel y, si bien le faltan recursos, en la proyección iba a ser muy útil y muy importante. Baclini sostuvo que sería lamentable su cierre “por falta de recursos cuando efectivamente hay recursos dando vueltas”. Por su parte, en declaraciones radiales Lewis sostuvo que a la oficina le falta inserción en el territorio y la realidad, detalló que para tener un control efectivo no puede tener un trabajo burocratizado y cuestionó la forma en la que se encaró el proyecto. El ministro deslindó responsabilidades en el Poder Judicial respecto de la designación de recursos y refirió que los controles de arrestos domiciliarios los hace la Policía.
Por su parte, los magistrados Daniel Acosta y Alfredo Ivaldi Artacho, a cargo de la dirección de la oficina –que se encuentra bajo la órbita de la Cámara de Apelaciones en lo Penal– mostraron su pesar en la suspensión de los servicios que presta Omas a partir de esta feria judicial de invierno y detallaron que, desde diciembre, vienen realizando gestiones con el Ejecutivo para lograr la continuidad, ya que ellos no están facultados a nombrar personal contratado. Acosta sostuvo que los ministros de la Corte realizaron gestiones directas incluso ante el gobernador Antonio Bonfatti para su continuidad y refirió que el cese de Omas implica la pérdida de capacidad de control.
Por su parte Baclini sostuvo que el Ejecutivo “no tiene tanta capacidad de decisión en este tema”, aunque refirió que si el Poder Judicial carece de recursos y los está solicitando el otro poder del Estado involucrado debería asignarlos: “El Ejecutivo dice que están y hay una disputa entre los que dicen que están y los que sostienen que no están y en esta disputa nos estamos quedando sin oficina”.
Controles policiales
Los camaristas detallaron que antes de OMAS no había nada. “Había controles prácticamente policiales, totalmente inadecuados. A la Policía hay que sacarle esas funciones, dan lugar a situaciones incómodas, confusas, los llena de trabajo que la Policía no está preparada para hacer. Acá tenemos un equipo de tres personas con un bajo costo, muy capacitadas: una asistente social, una terapista ocupacional y una coordinadora, y esto tiene que mantenerse como una política de Estado, porque esto le da a los jueces y las partes la información y la tranquilidad para que se tome la medida justa en el caso concreto”, detalló Ivaldi.
Los camaristas destacaron los beneficios y la confianza que brinda la Omas en su labor y lamentaron la suspensión de sus servicios. Detallaron que las derivaciones que oportunamente recibió la Omas serán devueltas a los jueces con notificación a las partes. Se trata de unas 200 supervisiones, 50 de ellas pertenecientes al viejo sistema. Por su parte, Acosta aclaró que no todos los arrestos domiciliarios o medidas alternativas estaban controlados por la Omas. “Hay casos en que los controlan los juzgados de Sentencia y en el nuevo sistema también se han adoptado otros tipos de cautela”, afirmó.
Mientras que Baclini sostuvo que los arrestos domiciliarios no se van a quedar sin control: “Se van a instrumentar por mecanismos que históricamente ejercían el control, por ejemplo la Policía. Nosotros preferimos que no lo haga la Policía, preferimos que lo haga un organismo privado como éste. A partir de mañana se harán controles por medidas alternativas”.
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