Finalmente, son 39 los locales de las grandes cadenas de supermercados que mañana no podrán abrir sus puertas a partir de la puesta en marcha en la ciudad de la llamada ley de Descanso Dominical. De ese total, sólo 3 cerraban hasta ahora durante esa jornada, mientras que el resto recibía a su clientela. En tanto, las dudas siguen en torno a lo que hará Coto, que hasta ayer no había dado marcha atrás en la programación de horarios de trabajo de sus empleados este domingo, lo que hace suponer que la firma sigue dispuesta a violar la normativa.
El dato en torno a la cantidad de locales que deberán cerrar los domingos desde mañana quedó configurado luego de que en las últimas horas el municipio y el gobierno provincial definieran qué cadenas y sucursales quedaron afectadas por la norma vigente.
La ordenanza local, sancionada en marzo de este año tras un largo tiempo de análisis y polémicas, tomó como sustento para la regulación lo establecido en la ley provincial 12.069, de Grandes Superficies Comerciales. Es allí donde, entre otras cosas, se fijó un piso de 1.200 metros cuadrados para catalogar a los emprendimientos de esas dimensiones, los que ahora deben cerrar sus puertas los domingos en Rosario.
Desde la Secretaría de Comercio Interior santafesina (que en conjunto con el área de Habilitaciones del municipio deben aplicar y controlar el cumplimiento de la normativa), señalaron que en la nómina final también quedó incluido el supermercado Único ubicado en Rondeau al 4100.
Así, con ese son ahora 39 los locales que no podrían abrir desde mañana; todas las sucursales de las firma Coto y Carrefour (que tienen 5 en cada caso), La Gallega (12), La Reina (2), la cadena Dar (8), Micropack (3), Libertad (1), Jumbo (1) y Makro (1).
En rigor, los que deberán cerrar son 36, ya que Makro y dos de los tres supermercados de la firma Micropack no venían trabajando el día domingo.
En tanto, la única incógnita que queda por descifrar es qué actitud tomará Coto.
Anteayer el director de la compañía, Diego Calcagno, señaló que aún no estaba definido si las cinco bocas de expendio abrirán o no.
Este viernes El Ciudadano intentó comunicarse con ese ejecutivo, pero no tuvo respuesta. Tampoco atendió los llamados Juan Vasco Martínez, el vocero de la Asociación de Supermercados Unidos, entidad que nuclea a la empresa y que preside el propio Alfredo Coto.
Por su parte, desde la Asociación Empleados de Comercio mencionaron que hasta ayer Coto no había dado marcha atrás en la programación interna de horarios que diagramó y asignó a sus empleados para este domingo. Lo que hace suponer que no tendrá empacho en violar la normativa municipal, lo que expondrá a la empresa a fuertes multas.
“Realmente llama la atención lo de Coto. Por un lado ellos hicieron una presentación judicial para suspender la aplicación de la ley. Y también le pidieron luego al Concejo Municipal que la frene por 120 días. Pero, por otro desconocen la ordenanza sancionada. Es decir, quieren buscar justicia pero al mismo tiempo no acatan la ley. Es inentendible esa actitud”, señaló Walter Pereyra, el secretario de Prensa de Empleados de Comercio.
Tras eso, el dirigente mencionó que mañana saldrán a la calle para monitorear la situación y así acompañar de alguna manera a los funcionarios municipales y provinciales que inspeccionarán los comercios y el cumplimiento de la ordenanza.
Una ardua semana
Con la implementación del Descanso Dominical se cerrará así una semana cargada de tensiones y acciones cruzadas.
El miércoles Coto y Jumbo resolvieron acatar la conciliación obligatoria dictada hace una semana por el Ministerio de Trabajo de la provincia y reincorporaron a varios de sus trabajadores. En concreto, Coto había echado a 58 empleados y Jumbo a 6, basándose en el mismo argumento: de aplicarse el descanso dominical, caerían las ventas.
Carrefour, que había despedido a 55 trabajadores, fue la primera empresa en acatar la medida, pero Coto y Jumbo demoraron cinco días más.
En tanto, en el Concejo tres ediles (los macristas Carlos Cardozo y Gabriel Chumpitaz y el radical Martín Rosúa) quisieron tratar sobre tablas el jueves un proyecto para postergar la entrada en vigencia de la normativa por cuatro meses, hasta tanto la Justicia resuelva sobre la constitucionalidad de la ley y la ordenanza rosarina. Pero no contaron con el aval de los demás.
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