Política

Atentado a la Amia

CFK, Zannini, Timerman y otros ex funcionarios a juicio oral

El juez federal Bonadio envió este lunes a juicio oral y público a la ex presidenta y a otros ex funcionarios de su gobierno por presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la Amia a partir de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.


El juez federal Bonadio envió a juicio oral y público a la ex presidenta y ex funcionarios.

El juez federal Claudio Bonadio envió este lunes a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Kirchner, al ex secretario de Legal y Técnico Carlos Zannini, al ex canciller Héctor Timerman y a otros ex funcionarios por presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la Amia a partir de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Además, van a juicio Jorge Khalil, supuesto representante de los iraníes en la Argentina; el presunto espía Ramón Bogado, el líder de Quebracho Fernando Esteche, el dirigente Luis D’Elía, el ex vicecanciller Eduardo Zuain, el ex titular de la AFI Oscar Parrilli, su entonces segundo Juan Martín Mena, la ex procuradora del Tesoro de la Nación Angelina Abbona y el diputado nacional Andrés “Cuervo” Larroque.

En prisión preventiva se encuentran Zannini, Esteche, D’Elía y Bogado, en tanto que Timerman logró revertir la prisión domiciliaria en enero pasado gracias a una decisión del juez subrogante Sergio Torres y a raíz de su delicada situación de salud, por la cual requería viajar a Estados Unidos para realizar un tratamiento.

En tanto, sobre Cristina Kirchner pesa un pedido de desafuero al Senado de la Nación, ordenado por Bonadio y aún sin tratarse, puesto que dispuso su prisión preventiva ante la posibilidad de que quiera eludir o bien entorpecer la investigación en su contra.

La causa se originó el 14 de enero de 2015 tras la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman, quien cuatro días después apareció sin vida en su departamento de Puerto Madero: en dos oportunidades fue desestimada por el juez federal Daniel Rafecas, finalmente apartado del caso, y luego impulsada por Ariel Lijo.

Pero Lijo dispuso que, por conexidad, el expediente pase a su par Bonadio, ya que este último tenía a su cargo una investigación por presunta “traición a la Patria” contra Timerman y Cristina Kirchner, por haber firmado el Memorándum pese a saber de la presunta responsabilidad de Irán en el atentado a la mutual judía.

“A los acusados se les imputó haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina”, recordó Bonadio en su resolución al disponer elevar a juicio.

Según la acusación del fiscal federal Eduardo Taiano, con el cambio de Gobierno a Néstor a Cristina Kirchner “comenzaron a gestarse una serie de negociaciones secretas y oficiales que mantuvieron funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, con representantes de la República Islámica de Irán que culminaron en la suscripción del Memorando de Entendimiento”.

El tratado con Irán se firmó el 27 de enero del 2013 en la ciudad de Addis Abeba, Reino de Etiopía, y –según Bonadio– esa herramienta “fue el medio elegido para llevar a cabo el plan delictivo, el cual se presentó mediática y políticamente por el gobierno de Cristina Kirchner al momento de su firma y durante el trámite parlamentario previo a su aprobación”.

Según indicó el juez, el plan fue “orquestado y puesto en funcionamiento por la entonces presidente Cristina Kirchner” y, como funcionarios, “abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados, participaron en la elaboración del instrumento cuestionado y procuraron su puesta en marcha, en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní”.

Bonadio elevó a juicio al considerar que están reunidos “los extremos necesarios para que el mismo pase a su ulterior etapa, en relación a los doce imputados” y que está “acreditada la materialidad del delito investigado”.

A través de la firma del Memorándum se buscaba indagar en Teherán a los iraníes acusados por el ataque: Nisman había señalado que detrás del acuerdo se escondía el interés del gobierno kirchnerista de reflotar el intercambio comercial entre Argentina e Irán (carne y granos por petróleo), algo que finalmente no ocurrió.

Bonadio había dado por concluida en diciembre la investigación sin recibir el testimonio del ex secretario general de Interpol Ronald Noble, quien negó en reiteradas oportunidades que el Memorándum de Entendimiento hubiera puesto en peligro las alertas rojas de Interpol que aún pesan sobre cincoo iraníes acusados por el atentado.

El magistrado no le hizo lugar al pedido del propio Noble de ser citado a declarar como testigo y advirtió que ese trámite podría cumplirse durante el juicio oral y público.

Aníbal Ibarra renunció a la defenda

El ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra renunció este lunes a la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa que fue enviada a juicio oral y público por presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la Amia.

El abogado había asumido la defensa la semana pasada en reemplazo de Graciana Peñafort y Alejandro Rua: la noticia de la renuncia lo brindó el propio abogado en su cuenta personal de Twitter.

“Motiva esta decisión la información de que han puesto en marcha una operación mediática y política para golpear a CFK utilizando –una vez más– la tragedia de Cromañón a esos fines”, publicó en su cuenta el ex jefe de Gobierno porteño.

En ese sentido, dijo que por ese episodio ha pasado “por amenazas” al igual que sus hijos: “También he pasado por agresiones a mi persona y por daños a mi domicilio en reiteradas ocasiones. Todo ello sin perjuicio de las veces que intervinieron en actividades políticas y actos de campaña, algunas en forma violenta”.

“Han intentado que personas allegadas a mí no puedan trabajar en medios informativos, que yo no asumiera como legislador y que no pudiera ejercer una asesoría jurídica en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad”, indicó.

Ibarra recordó que, a pesar de que fue destituido de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad tras un juicio político, fue luego sobreseído “por la Justicia de forma unánime, en tres instancias distintas” en la investigación por la tragedia de República Cromañón, en la que hubo 194 muertos en diciembre de 2004.

“No es justo ni posible que además de defenderse ella de la persecución política y judicial a la que es sometida tenga que ocuparse también de todo esto”, agregó respecto a la ex mandataria.

Pese a la renuncia, Ibarra dijo que seguirá “acompañando” a su codefensor Roberto Boico, quien seguirá a cargo de la defensa de la expresidenta en instancia de juicio oral y público y, además, continuará trabajando como abogado del ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli, a quien calificó como otro “perseguido político”.

“He seguido adelante, con el compromiso de siempre, sin mencionar nunca públicamente ninguno de esos hechos. Pero ahora no se trata de mi persona, ahora se trata de la ex presidenta a quien debo personalmente y por compromiso político defender y cuidar”, apuntó.

Y agregó: Se lo he dicho a ella pero quiero expresar públicamente el orgullo de haber recibido la confianza de CFK para defenderla de esta persecución que ofende los valores democráticos de nuestra sociedad”.

La designación del ex mandatario porteño como abogado defensor de Cristina Kirchner había generado el inmediato repudio de familiares de las víctimas y sobrevivientes de la tragedia del boliche República Cromañon, quienes consideraron que se trataba de “un reconocimiento a quien es el máximo responsable político de la masacre”.

Ibarra era el jefe de Gobierno porteño el 30 de diciembre de 2004 cuando se incendió el boliche República Cromañon de Balvanera, que dejó como saldo 194 fallecidos y más de 1.400 heridos.

Por ese hecho fue destituido como máxima autoridad del Ejecutivo de la Ciudad el 8 de marzo de 2006, luego de ser sometido a juicio político por mal desempeño en la función pública en el caso de esa tragedia.

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