Un crecimiento anual del 1,5 por ciento con inflación en la zona del 24 por ciento hasta noviembre, dólar de 9,70 pesos a fines de noviembre y paritarias en la zona del 30 por ciento son las principales proyecciones macroeconómicas contenidas en el último informe del Estudio Bein.
Las cifras, como algunos de los ajustes que tendría que tener la política económica, resultan de interés ya que Miguel Bein es el principal asesor económico de Daniel Scioli.
El informe de Bein afirma que es necesaria la recomposición de precios relativos para devolver competitividad a los sectores exportadores, propone revisar los subsidios mal direccionados y salir gradualmente del retraso tarifario pensando en esquemas como el subsidio a la demanda y no a la oferta.
El trabajo sostiene que el contexto internacional se está tornando desfavorable para la Argentina en el frente comercial. Se considera que “la fortaleza global del dólar del último año aumenta los costos de la estrategia cambiaria de Argentina en el año electoral, en un contexto donde el real acumula una ganancia de competitividad del 18 por ciento y el euro una de 24, ambas desde fines de 2013”.
Señala que el esquema de administración de reservas combinado con el manejo de las expectativas de devaluación vía la intervención del Banco Central en el mercado de futuros, y tasas de interés de neutrales a positivas contra la inflación, limitan las presiones cambiarias y maximizan los impactos de corto plazo sobre la moderación de la inflación y la mejora del consumo. Pero también advierte que “afectan la competitividad de los sectores exportadores en un contexto donde la caída de los precios internacionales tampoco ayuda”.
Brotes verdes
Esta dinámica se reflejó “en la aparición de brotes verdes en la actividad y el consumo ya en abril y mayo y la perspectiva de que estos deberían florecer para el invierno, cuando impacte el cierre de las paritarias sobre la capacidad de compra de los salarios, mientras las exportaciones caen: las agrícolas por precio y las industriales por volumen”.
Como elemento a favor, se puntualiza que “la liquidez y el crédito (en los mercados internacionales) siguen siendo abundantes y baratos hacia los emergentes, y la flexibilidad de la economía actual es mucho mayor a la del pasado”.
No obstante, subraya que “pareciera haber quedado atrás el escenario de viento de cola comercial que caracterizó a los últimos años, cuando la debilidad del dólar y la fortaleza de los precios de los commodities permitieron financiar la expansión de la economía casi sin apelar al crédito internacional”. En este sentido, se considera que “hoy la principal ventaja del país es su baja exposición a la deuda pública y privada, y la posibilidad de apalancarse con crédito e inversión para financiar una transición ordenada que permita ir recomponiendo la distorsión de precios relativos de la economía, amortiguando los impactos sobre los altos niveles de actividad y empleo de los que parte”.
Desde esta perspectiva, sostiene que la “recomposición de precios relativos (es) necesaria para devolver competitividad a los sectores exportadores que son los que en definitiva permitirían al país repagar las deudas y las inversiones que financien la transición”.
El trabajo advierte que “apelar sólo al crédito y no a la inversión ya quedó demostrado en el pasado que no funciona, y tampoco resulta recomendable ni viable pretender corregir de shock los precios relativos para mantener el status quo fiscal actual, en lo que hace a los impuestos que recaen sobre las exportaciones en forma directa (retenciones) o en forma indirecta (postergación en los pagos por devoluciones de IVA o por reintegros)”.
En cambio, argumenta que “contraer deuda y atraer inversiones en “divisas”, para financiar una mejora en la competitividad de los sectores que generan “divisas” vía una reducción de la presión fiscal tiene lógica financiera en la medida que está implícita su capacidad de repago, aunque choca contra la necesidad de acotar la dominancia fiscal en un contexto donde el déficit primario del Tesoro sin contabilizar las ganancias devengadas del BCRA alcanzaría este año a 4 por ciento del PIB”.
Dicho de otro modo, el informe afirma que “no parece posible partiendo de los desequilibrios actuales sostener una baja en la tasa de interés y un aumento en el desequilibrio fiscal, aun en un mundo donde las tasas de interés van a subir suavemente”.
A partir de este escenario, y teniendo en cuenta la inflexibilidad de una parte del gasto público a la baja, se considera que “son los subsidios mal direccionados el componente del gasto que puede ser revisado”.
El informe plantea la dificultad de seguir financiando los subsidios a partir de los impuestos sobre el comercio exterior. “El año pasado, los cobros por retenciones apenas rozaban el 2 por ciento del PIB, ya sin retenciones a los combustibles que fueron correctamente eliminadas en 2013 para devolverle rentabilidad a YPF y avanzar en la recuperación de la soberanía energética, mientras que los subsidios necesarios e innecesarios ya llegaban al 4,1 por ciento del PIB.
En tanto, “la combinación de un peso más apreciado con la caída de los precios de los commodities terminó por destruir la rentabilidad en la mayor parte de los sectores alcanzados por este esquema”, dice el trabajo.
El informe considera que “desarmar de una vez dicho esquema resulta políticamente inviable, dados los costos en términos de salto inflacionario, pero en algún momento habrá que continuar la tarea trunca que empezó el gobierno actual con el sinceramiento en los precios de los combustibles en 2013 y 2014 luego de la recuperación de YPF (hoy por encima de los costos de importación), la triplicación de las tarifas de gas y agua residencial en 2014 y la adecuación en el precio del transporte público automotor y por ferrocarril también en 2014”.
Ponderando la magnitud de los desajustes, el trabajo señala que “el retraso en la tarifa eléctrica se ubica en torno a 6 veces (cuando se considera sólo el costo de la generación que se compensa a Cammesa y sin incluir transporte y distribución), las tarifas de los colectivos en torno a 3 veces según un reciente informe del Ministerio de Transporte y la de Gas, que paga la demanda, apenas alcanza al 40 por ciento del precio de 7,5 dólares por millón de BTU, que asegura el gobierno a la nueva oferta (sin incluir transporte y distribución)”.
Con todo, relativiza el impacto de las correcciones al señalar que “la ventaja es que la incidencia de estos servicios públicos dentro del IPC es muy baja, 2,8 por ciento según el IPC Nacional frente al 8,6 por ciento que llegaron a representar en 2013”.
Para salir de esta situación, se afirma que “las alternativas son varias y siempre graduales, y en ellas se incluye la opción de subsidiar a la demanda y no a la oferta, que el gobierno empezó a encarar con el sinceramiento del precio de la garrafa de gas”.
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