La Policía de Investigaciones detuvo ayer al matrimonio de Lidia G. y Ricardo U. sospechado de encabezar una asociación ilícita y estafar a más de 200 familias al pedirles dinero para adjudicarles casas en la Zona Cero. Ambos quedaron detenidos cuando circulaban en taxi por la zona sur de la ciudad. La pareja será sometida mañana a una audiencia imputativa para determinar si permanecerán detenidos.
Un grupo de vecinos denunció anteayer a Lidia G. en el Ministerio Público de la Acusación por estafa por casi 2 millones de pesos, luego de prometerles viviendas que nunca fueron entregadas ni tramitadas.
Ayer, en la puerta de los Tribunales provinciales, damnificados de diversos barrios de la ciudad cortaron el tránsito para exigir que se inicie una causa penal. También protestaron frente a Gobernación. Así, las abogadas Mirna Segre y María Avilez presentaron una denuncia por estafa que alcanzaría los 2 millones de pesos y pidieron medidas.
Algunos de los casos comenzaron en 2009. Según los denunciantes, en los últimos tiempos Lidia decía ser intermediaria del gobernador Antonio Bonfatti y la intendenta Mónica Fein y cobraba anticipos de entre 4 mil y 25 mil pesos para gestionar viviendas.
Yanina, una de las víctimas de la estafa, contó que Lidia G. se jactaba de ser “puntera del socialismo” y también dijo que algunas de las personas que se movilizaron anteayer frente a Tribunales en pedido de justicia por la situación “fueron amenazadas”.
“No pensamos que por 4 mil pesos conseguíamos una casa, era una seña, después se seguía pagando. Algunos pagaron 6 mil, otros 8 mil y hasta 20 mil pesos. En total, calculamos entre los afectados que se llevó un millón y medio de pesos”, contó la mujer.
Además, Yanina agregó que tras el pago de la seña, Lidia G. otorgaba un recibo similar “al que venden las librerías”.
En tanto, el director provincial de la Vivienda, Pablo Ávalos, expresó que todos los datos que recabaron fueron “de los medios”, ya que hasta el momento a la dependencia “no llegó ninguna denuncia”.
“Si es como se manifestó, hubo intención de evitar –por parte de los vecinos afectados– los procesos que tiene la Dirección para adjudicar una vivienda. Indudablemente la gente fue engañada”, apuntó. Recordó que los trámites se hacen por vías oficiales y las viviendas se adjudican por sorteo.
Este delito prevé de 2 a 6 años de cárcel, pero se agrava en los casos en que hay involucradas personas discapacitadas como varias en este caso, y como todo hace presumir que esto es en concurso real, podría agravar las penas.
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