¿Crimen al voleo o crimen por encargo? Esa es la principal cuestión a dilucidar en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, donde comienza hoy el juicio por la muerte de Silvia Suppo, una ex detenida-desaparecida durante la última dictadura que fue asesinada en 2010 en Rafaela, poco después de declarar en la Causa Brusa, el primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en la provincia.
El Tribunal juzgará a los imputados Rodolfo Valentino Cóceres, de 26 años, y Rodrigo Ismael Sosa, de 22, quienes en el proceso de instrucción de la causa confesaron el crimen. Al momento de los hechos, los jóvenes tenían 22 y 18 años y trabajaban como cuidacoches en el centro de Rafaela, donde Suppo tenía su comercio.
El homicidio de la testigo es investigado por la Justicia Federal debido a una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó que se ventile la causa en ese fuero hasta tanto se descarte por completo que no hubo un móvil de tinte político. Por ello, la causa recayó en manos del Tribunal integrado por los jueces federales María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Luciano Lauría.
El expediente se dividió en dos causas: se investigó la autoría material y paralelamente si se trató de un encargo vinculado a la declaración de Suppo en el juicio contra Brusa o a su participación, como querellante, en la causa por la desaparición del militante Reinaldo Hattemer, quien cuando ella tenía 18 años era su pareja (luego Suppo fue secuestrada junto a Jorge Destéfani, quien pasados los años fue su esposo y padre de sus hijos).
La instrucción de la causa comenzó en el Juzgado Federal que encabeza Reinaldo Rodríguez, pero pasó luego a manos del juez federal Francisco Miño por una recusación de los familiares de la víctima. Ahora está en el Tribunal Federal Nº1 de Santa Fe, en manos de los jueces Vella, Escobar Cello y Lauría.
El asesinato
Silvia Suppo fue asesinada el 29 de marzo de 2010 a la mañana mientras atendía un comercio de su propiedad denominado “Siempre Cuero”, en el centro de Rafaela. Tenía 51 años. Fue hallada por una clienta y trasladada con vida hasta el hospital Jaime Ferré, donde murió pasado el mediodía producto de al menos siete puñaladas.
Por el crimen fueron detenidos en las horas siguientes dos trapitos: Cóceres, oriundo de la ciudad de Santa Fe, y Sosa, de la ciudad de Ceres pero residente en Rafaela, quienes desde entonces están recluidos en la cárcel de Coronda. En la instrucción Cóceres confesó el crimen y dijo que se dio en el marco de un robo premeditado, ya que Sosa conocía a Suppo. Según esa versión, usaron cuchillos de Sosa.
El propio Sosa, que tenía 18 años, se adjudicó el crimen y abundó en sus declaraciones sobre el botín obtenido y su posterior destino. En su elevación a juicio, el fiscal Walter Rodríguez pidió que se juzgue a los imputados como coautores del asesinato de Suppo.
Los acusados serán patrocinados por el defensor oficial Martín Gesino, en tanto Martín Suárez Faisal será el representante del Ministerio Público. Los hijos de Suppo, Marina y Andrés Destéfani, serán querellantes en la causa, a través de los abogados Lucila Puyol y Guillermo Munné.
Detención clandestina
Durante la dictadura, Suppo estuvo detenida en un centro clandestino conocido como La Casita, donde fue torturada y quedó embarazada a causa de las violaciones sufridas por parte de los represores, tras lo cual fue sometida a un aborto en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) de Santa Fe.
La mujer declaró en octubre de 2009 en la primera causa por delitos de lesa humanidad realizada en la provincia, en el mismo Tribunal que ahora juzgará a sus asesinos. Ese juicio terminó con condenas de entre 19 y 23 años para el ex juez federal Víctor Hermes Brusa y cinco ex policías: Mario Facino, María Eva Aebi, Juan Calixto Perizzotti, Eduardo Ramos y Héctor Colombini.
¿Fuero provincial o federal?
Durante la instrucción de la causa se discutió si debía ser investigada por la Justicia provincial, como robo seguido de muerte, o Federal, por su eventual vínculo con investigaciones de delitos de lesa humanidad. Ayer, el ex director de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia, Jorge Pedraza, dijo: “La Nación puso un testigo trucho para federalizar la causa”. “Los camaristas de Rafaela dieron vuelta la pesquisa que marcaba con absoluta claridad un crimen en ocasión de robo”, indicó el militante de DDHH y ex funcionario.
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