En nuevos capítulos de la saga interminable entre el ex ministro de Seguridad provincial y ex director del Organismo de Investigaciones Marcelo Sain y el actual diputado por Juntos por el Cambio Maximiliano Pullaro, el primero presentó un escrito reclamando que su antecesor en la cartera ministerial no sea aceptado como querellante, ya que el acuerdo que generó un sistema de cambio de información entre el Ministerio de Seguridad y el OI fue firmado durante su gestión. A su vez se conoció que la provincia fue admitida como querellante en la causa.
Sain, a través de su abogado defensor Hernán Martínez, presentó un escrito en la causa sobre espionaje ilegal donde es siendo investigado junto con parte de su ex equipo de colaboradores. Allí pidió que su antecesor Maximiliano Pullaro no sea aceptado como querellante en el caso: lo sindicó como la persona que generó el sistema de recolección de datos que ahora denuncia.
El escrito sostiene que el actual diputado provincial, quien denunció públicamente encontrarse en la lista de presuntos espiados de un caso que aún no tuvo sus audiencias imputativas, estuvo al frente de la implementación de el sistema de transferencia de información entre el OI y el Ministerio de Seguridad que ahora cuestiona ya que el acuerdo se firmó durante su gestión.
Esta circunstancia hace caer, a criterio del letrado, la posibilidad de que Pullaro ingrese al proceso penal en carácter de perjudicado.
Pullaro se defendió. “Yo creé la central de análisis de inteligencia operativa de la provincia de santa fe, que era el OJO; eso cuando construía información lo hacía en función d la orden de un fiscal. No era que nosotros podíamos tomar información de cualquier persona porque pensase diferente a nosotros. Eso es ilegal”, dijo el legislador radical a Radio Dos.
“Es verdad que nosotros creamos esa central de información, fundamentalmente, para tener información en tiempo real, para poner los móviles donde había que ponerlos para reducir el delito, pero si se pedía información de una persona se pedía porque había un oficio de un fiscal que pedía la construcción de información”, añadió.
“Lo que entiendo por que leo es que todas esas bases de datos, y es verdad que estos convenios fueron firmados durante nuestra gestión, se utilizaban de manera ilegal. Una cosa es que a estas bases de datos las utilices en función del pedido de un fiscal de la provincia de Santa Fe o un fiscal federal, lo cual está bien porque vos tenés el respaldo judicial, y otra cosa es que vos me critiques mañana y que por eso yo te investigue a vos o investigue a tu hermano o te mando a seguir. Eso es lo que viola la ley de inteligencia federal a nivel nacional y eso es fundamentalmente lo que tenemos que ver si sucedió y por qué sucedió”, cerró Pullaro.
La provincia será querellante
Además,este viernes se conoció que tras el planteo de la provincia de constituirse como querellante en la investigación por espionaje ilegal que llevan adelante los fiscales santafesinos Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, el pedido fiscal de Estado Rubén Weder, tuvo recepción y el Poder Ejecutivo será parte de la causa.
Se pone picante: la provincia pide ser querellante en la causa contra Sain por espionaje ilegal
Comentarios