La audiencia en la que la Cámara Penal determinará si la causa que investiga el crimen de Gerardo “Pichón” Escobar se gira al fuero federal pasó a cuarto intermedio hasta el lunes próximo. Ayer, los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria expusieron los avances de la investigación, de los que surgieron nuevos elementos que dan cuenta de la forma de trabajo que tenían los patovicas del boliche La Tienda –en cuyo exterior la víctima fue vista con vida por última vez– con la Policía y, por ende, de que pudo haber participación de efectivos de la fuerza provincial en el crimen. Por su parte, la querella, representada por Salvador Vera y Guillermo Campana, detalló que existen pruebas de la cercana relación que tenían tanto los uniformados del Comando Radioeléctrico como los de la comisaría 3ª con los patovicas y de las prácticas abusivas que llevaban adelante, no sólo en el interior del boliche sino también en zonas cercanas e incluso en la propia dependencia policial. El caso tiene a un empleado de seguridad acusado como autor material del homicidio y a otros dos, junto con un par de policías, por encubrimiento.
Luego de que el juez Luis María Caterina decidiera mantener en la órbita provincial la investigación por el crimen de Escobar y, tras la apelación de la querella, la audiencia de ayer se desarrolló ante la camarista Georgina Depetris. Campana, abogado de la querella, explicó que ayer los fiscales agregaron algunos argumentos que constan en la causa y que, según su visión, pueden habilitar el cambio de carátula de homicidio a desaparición forzada de persona y como consecuencia su traspaso a la órbita federal. “Entre los argumentos que se expusieron se pudo conocer que existieron reuniones entre vecinos donde se realizó un acuerdo entre los patovicas de La Tienda, los uniformados del Comando y el personal de la comisaría 3ª para que no sólo hagan custodia con un patrullero en la puerta, sino que los empleados de seguridad recorran zonas aledañas. Además, se hallaron gran cantidad de números de policías de la 3ª como del Comando en los celulares de los patovicas, como también se determinó que los custodios tenían un handy con la frecuencia policial del Comando”, describió Campana a LT3 para enumerar los elementos que existen para presumir la participación de policías en el homicidio. Desde la querella reiteraron la hipótesis de que Gerardo pudo haber estado detenido en forma ilegal en la comisaría 3ª, con jurisdicción en la zona.
Por su parte, voceros de la Fiscalía indicaron que tanto Fabbro como Coria anexaron a las pruebas presentadas en la primera instancia los nuevos elementos en la investigación, los que describen la relación que tenían los policías con los patovicas. “Tras la primera audiencia surgieron nuevos testimonios. Por un lado, de personas que se acercaron a la Fiscalía una vez que hubo detenciones y también otras que fueron ubicadas por parte de la investigación fiscal. Esas declaraciones hablan de una mecánica de maltrato de parte de los patovicas y de los policías, como también de que en casos de traslados en la comisaría no se dio aviso” al Poder Judicial, señalaron las fuentes, quienes añadieron que, “una vez expuestas estas pruebas, la jueza tiene que evaluar si estos indicios son claros para que exista el cambio de carátula”.
El crimen
Pichón tenía 23 años y trabajaba en la Dirección de Parques y Paseos. El jueves 13 de agosto fue al Casino, ganó dinero, se compró ropa y salió con amigos. Estuvo en Bogart, un cantobar de Santa Fe y Presidente Roca, y de ahí partió con un amigo hacia La Tienda, un after ubicado en Tucumán 1119. Su compañero lo perdió de vista y cuando salió el patovica Cristian V. le dijo que Gerardo ya se había ido. Una semana después, su cuerpo apareció en las aguas del río Paraná. En ese lapso, el mencionado empleado de seguridad fue demorado porque de su casa salió la última señal de GPS del celular de Pichón. Sin embargo, fue a finales de agosto cuando este empleado de seguridad, de 36 años, fue imputado como autor del crimen de Gerardo, cometido la madrugada del viernes 14 de agosto. Sus compañeros de trabajo en el after José Luis C., de 34 años e integrante de la barra de Newell’s, y César A., de 30, y los empleados policiales Maximiliano A. y Luis Alberto N., ambos de 32, fueron acusados de encubrir el asesinato.
Barras leprosos
La multisectorial Justicia por Pichón, de la que participan familiares, organizaciones sociales y compañeros de trabajo de Escobar, se manifestaron ayer por la mañana en Tribunales. Brindaron una conferencia de prensa en la que explicaron los argumentos para pedir el cambio de carátula a “desaparición forzada de persona” y alertaron sobre amenazas que sufrieron en la audiencia de la semana pasada. “Al finalizar la instancia, un reconocido ex líder de la barra de Newell’s comenzó a gritar que empezarían a movilizarse ellos, mientras que en la salida principal se encontraban allegados a los imputados manifestándose. Ante esta situación, los familiares, la querella y la Fiscalía tuvimos que retirarnos por la puerta de atrás de los Tribunales, acompañados por seguridad”, advirtieron desde la multisectorial.
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