Los integrantes del bloque de diputados provinciales del PJ sostuvieron que debe cerrarse el proceso de juicio político contra el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, ya que su renuncia “extingue la acción impulsada por la oposición”.
En un comunicado difundido este miércoles, en paralelo a la reunión de la Comisión de Juicio Político (ver aparte), el bloque del PJ acusó a la oposición de dejarse llevar por sus “intereses partidarios” para proseguir con el proceso contra Sain “al margen de las normas constitucionales y legales vigentes”.
El proceso de juicio político comenzó el 8 de marzo a partir de una denuncia presentada en la Legislatura por la diputada nacional de la Coalición Cívica Lucila Lehmann. La renuncia de Sain, diez días después de esa denuncia, cierra el proceso, argumentaron desde el PJ.
Los legisladores oficialistas –que son minoría y no cuentan con los votos necesarios para frenar el proceso– expresaron su “preocupación ante la actitud de los diputados que integran la Comisión de Juicio Político, quienes movidos sólo por intereses partidarios intentan llevar adelante un proceso de juicio político al margen de las normas constitucionales y legales vigentes”.
“El intento de juicio político contra el ex ministro de Seguridad no puede seguir adelante tras la renuncia del mismo a su cargo, aceptada por el gobernador Omar Perotti el 19 de marzo de 2021. Allí mismo debió extinguirse la acción impulsada por la oposición, ya que tras su renuncia la única decisión que le cabe a la comisión es cerrar el proceso, disponer su archivo y abstenerse de impulsar medidas investigativas en dicho ámbito”, añadieron los integrantes del bloque del PJ.
“Parece absurdo tener que explicarlo, pero la renuncia de Sain y su aceptación constituyen hechos políticos y jurídicos en los que se han cumplido todos los pasos formales y sustanciales que corresponden, por lo cual ha asumido en dicha cartera un nuevo ministro de Seguridad, Jorge Lagna, quien está en funciones, todo lo cual es de público y notorio conocimiento”, agregaron.
En otro tramo del escrito, los diputados oficialistas señalaron que “resulta llamativo que un sector de la oposición esté más preocupado en discutir nombres propios (en este caso el de Sain) que en discutir cuestiones de fondo como la reforma de las leyes de seguridad, presentadas hace meses por el Poder Ejecutivo y sin posibilidad, hasta el momento, de ser discutidas. Los niveles de violencia que ha alcanzado la provincia en la última década merecen un debate serio sobre las políticas implementadas y a implementar, y no sobre nombres propios, más aún desde el sector político que gobernó Santa Fe durante esa década”.
“El artículo 98 de la Constitución de la provincia precisa taxativamente contra quiénes se puede iniciar un juicio político, cuyo objetivo final es la destitución del cargo. Por si hiciera falta aclararlo, no puede destituirse a quien ya no es Ministro. No se puede extender el proceso a ninguna otra función pública, ni a quien ha dejado voluntariamente de ejercer el cargo por el cual se lo cuestiona. Por lo tanto, no queda otro camino que cerrar el proceso”, continúa el documento.
“Ninguna otra persecución puede seguirse por esa vía, que debe ser definitivamente clausurada, y no corresponde ningún otro trámite más que el archivo. No existen antecedentes de la realización de un juicio político en las condiciones de esta persecución impulsada por la oposición, ya que ello resultaría violatorio de las normas convencionales, constitucionales, y legales vigentes e imperativas para todos los poderes del Estado”, añadieron.
“El ex ministro de Seguridad, a su vez, se ha reintegrado a su cargo de director de Organismo de Investigación del Ministerio Público de la Acusación, cargo que obtuvo por concurso (durante la gestión anterior) y en el que tenía licencia legal y oportunamente otorgada por el fiscal general del MPA para ejercer en la citada cartera, y quien en virtud de la renuncia del Ministro a la misma, resolvió el cese de licencia y la reintegración a sus funciones”.
“Por lo tanto, consideramos que es obligación de la Cámara de Diputados preservar la institucionalidad, y respetar los principios constitucionales vigentes, evitando las persecuciones arbitrarias e ilegales, a través de un Juicio político que se ha tornado abstracto, y encausar las medidas que se consideren necesarias por las vías correspondientes”, concluye el escrito.
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