Carina Ortiz
Después de una hora de planteos defensistas con un fuerte embate hacia la querella, a la que buscaron sacar del juicio sin éxito, este jueves se inició el debate oral y público por la desaparición y aborto no consentido seguido de muerte de Paula Perassi. Tras de un largo trajinar la causa finalmente llegó a juicio oral dónde hay 9 personas acusadas, 5 de ellas miembros de las fuerzas de seguridad. El planteo de la acusación apuntó a un plan criminal para obligar a Paula a abortar como consecuencia de una relación extramatrimonial. Y el encubrimiento por parte de funcionarios policiales para lograr la impunidad. Los pedidos de penas fueron desde la prisión perpetua a los 6 años de cárcel. Las defensas prefirieron atacar en todos los frentes. A la familia, a los funcionarios judiciales que intervinieron en la instrucción, al tratamiento del caso en los medios de comunicación y apuntaron contra la hipótesis acusatoria y la prueba que la sustenta. El próximo lunes empezarán a desfilar los testigos del juicio que serán unos 200.
El 18 de septiembre de 2011 es la fecha que produjo un quiebre en la familia Perassi, en la sociedad sanlorencina y santafesina. Paula Perassi de 34 años y madre de dos hijos, salió de la casa que compartía con su pareja, con quien mantenía un vínculo desgastado. Paula le dijo, una hora y media después de recibir un llamado telefónico, que iba a buscar una tarea. Salió con lo puesto y nunca más regreso.
El fiscal Donatto Trota, acompañado por su par Sebastián Narvaja, explicó que fue convocada por Gabriel Strumia, con quien mantenía una relación amorosa. Paula estaba embarazada y se había negado a practicarse un aborto. Para Trotta, desde el día previo había un plan criminal. El sábado 17 de septiembre Paula tenía turno para realizarse un aborto en Rosario pero se negó. Con ello no le quedaba otra a Strumia que blanquear la situación con su esposa, Roxana Michl. Este embarazo le modificaría su vida, dijo el fiscal.
Michl ya sospechaba y ante la negativa de Paula se puso en marcha un plan que consistió en sacar a la víctima de su casa engañada, privarla de su libertad y llevarla hasta Timbúes a la casa de Mirta Ruñisky, quien le practicó un aborto sin su consentimiento lo que la llevó a la muerte.
El fiscal contó que unas horas antes de su desaparición hubo una reunión en un bar de Timbúes dónde estuvo Antonio Darío Díaz, el empleado de Strumia, en cuyo auto y casa –también en Timbúes– los perros encontraron rastros de Paula, explicó. Trotta contó que el dialogó telefónico entre Paula y Strumia se cortó ese 17 de septiembre con su negativa. Hay pericias a teléfonos y computadoras que demuestran la relación sentimental y la negativa de Paula a abortar, aseguró.
La data del aborto llegó a Alberto Perassi a través de un yerno de Ruñisky que le dijo que su suegra hacía abortos y le explicó la metodología, lo que derivó en una investigación y allanamiento donde se encontraron pastillas abortivas.
Este plan macabro terminó con la vida de Paula y con el feto que llevaba en su vientre porque había decidido no abortar. Para Trotta este plan tuvo una cobertura policial. Strumia tenía un allegado, el jefe de la agrupación cuerpos de la URXVII, Adolfo Daniel Puyol, con quien tenía una relación comercial, que desde el minuto uno le dio su apoyo. “Las comunicaciones entre ambos, desde el día posterior al hecho y los días sucesivos, permitieron ver un accionar dirigido a encubrir la desaparición de Paula y enumeró una serie de irregularidades que se dieron, como entregarle a Strumia su celular para que haga llamadas cuando el suyo estaba secuestrado o hablarle por la radio nextel que no había sido intervenida.
Todo los datos plantados tenían como único fin contribuir a que el juez, el fiscal, la familia y la sociedad se convencieran de que Paula se había ido por su propia voluntad. El error fue creer que desaparecer su cuerpo era suficiente para evitar una condena y solicitó altas penas. Para Strumia, Michl, Díaz y Ruñisky prisión perpetua y para la pata policial pidió: 6 años e inhabilitación de 10 años para el ejercicio de cargos públicos. Para Puyol por los delitos de encubrimiento, por favorecimiento personal y real, y por no denunciar la perpetración de un delito cuando está obligado a promover su persecución, agravado por su condición de funcionario público e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para el resto de los policías, quienes participaron en los primeros pasajes de la investigación: Jorge Krentz, Aldo Gómez, Gabriel Godoy y María José Galtelli pidió 16 años de cárcel y de 10 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por los mismos delitos más la sustracción y destrucción de prueba y falsedad ideológica de instrumento público.
Querella
Los abogados querellantes, José Ferrara y Adrián Ruiz alegaron en el mismo sentido que la Fiscalía. Contaron que llegaron a la representación de la familia a través del Colegio de Abogados. Hablaron de mentira, dolor, injusticia, humillación, y el horror que vive una familia desde hace 7 años y 6 meses, víctima de una Policía autonomatizada, aseguraron.
“A Paula no solo le quitaron la vida, también la honra y la memoria. No le permitieron a su familia despedirla y cuando pidieron justicia recibieron calumnias e injurias, los amenazaron con sacarle hasta los calzoncillos mientras quienes había logrado el objetivo criminal seguían impunes.”, sostuvieron. Y le agradecieron a Trotta y a los superiores del fiscal por vencer el prejuicio y no tener miedo.
“Atacar a Alberto Perassi fue la estrategia”, aseguraron. “La relación sentimental con Strumia tenía pocos meses pero era intensa, Paula era una mujer ingenuamente enamorada pero no tenía ese derecho. Estaba embarazada y había decidido llevar adelante el embarazo y eso le costó la vida”, concluyeron.
“Uno no podía entender cómo no se podía avanzar en la causa, la decidida actuación de Fiscalía nos llevo a esta claridad y entendimos que había más personas involucradas, una de ellas es Puyol”, afirmaron. Y si bien coinciden en las pruebas con Trotta, entienden que las acciones que realizó este jefe policial no puede quedar en un encubrimiento porque su accionar comienza cuando Paula aún estaba viva y pidieron para Strumia, Mitchl, Díaz, Ruñizky y Puyol prisión perpetua, para el resto de los policías coincidieron con la Fiscalía y reclamaron 16 años de cárcel.
Defensas
No hay mejor defensa que un buen ataque y a eso apuntaron los abogados de los acusados. Aunque hubo una diferencia entre aquellos que defienden a los principales acusados con los que apuntalan a los policías. La mala víctima, la presencia en los medios de comunicación de Alberto Perassi, la “mediatización” de la causa y la falencias de la investigación fueron los ejes para atacar la teoría fiscal.
Fernando Sirio, defensor de Strumia y Michl, luego de describir a la familia constituida por sus defendidos apuntó contra la pareja de Paula. Dijo que fue el único que vio salir esa noche a Paula y recién a la mañana siguiente llamó a su cuñada para preguntarle si sabía algo de la mujer. Hizo base en una resolución de Cámara, que según aseguró, cuenta con un voto que señala la hipótesis del concubino como posible autor pero que nadie siguió. Y agregó que el aborto seguido de muerte es un delito preterintensional y sumarle la privación ilegítima de la libertad es contradictorio.
José Rossini es el abogado de Mirta Ruñisky. Reconoció la desaparición de Paula, aunque dudó de su muerte y dijo que el límite en este caso es querer condenar a alguien que no tiene relación con el hecho para que no quede impune.
Hablo de un caso mediatizado, dijo que su clienta no conoce el hecho, ni a los coimputados, negó que hiciera abortos e ironizó con que su defendida es una experta en asuntos criminalísticos ya que no hay evidencia de comunicación ni rastros de Paula en su casa, dijo.
Luego se dedicó a Alberto Perassi, dijo que la Acusación quería usarlo para hacerlo declarar varias veces, dijo que es un testigo que sabe de todo pero de oídas. Aseguró que la vigilia fuera del Centro de Justicia Penal fue convocada por él, “fue el modus operandi de Perassi”, aseguró y pidió que el Tribunal no se deje influenciar.
Pablo Morosano el abogado de Díaz dijo que no hay pruebas contra su cliente ni cual es la acción concreta que le achacan. Aseguró que su vínculo con Strumia es sólo laboral y su cliente fue confundido con un amigo de quien fue su patrón. Tildó de perejil a su cliente en esta causa y pidió la absolución
La defensa de los policías
Víctor Corvalán defiende a Adolfo Daniel Puyol, hablo del dolor de la familia Perassi aunque cuestionó el accionar de Alberto Perassi y sus declaraciones en los medios de comunicación. Dijo que el Poder Judicial no estuvo a la altura de las circunstancias. Criticó la actuación del juez instructor y el fiscal de la etapa investigativa. Aseguró que su cliente esta acusado por un equivocado análisis de la situación. Hizo referencia a la relación de amistad entre Strumia y Alberto Perassi, quien no sabía de la relación de su hija con este hombre y su embarazo y a partir de este conocimiento se instala en San Lorenzo y los medios de comunicación que su hija desapareció, la hizo abortar y no se encontró su cuerpo por la colaboración de la Policía y después se centró en Puyol. Aseguró que su cliente es inocente, que sólo tuvo una relación comercial con Strumia y detalló que no tenía incumbencia funcional para intervenir en la causa.
En cuanto a los investigadores del caso que hoy están sentados en el banquillo de los acusados las defensas –a cargo de Jorge Bedouret y José Nanni– aseguraron que sus defendidos fueron quienes sentaron las bases de la investigación, quienes descubrieron la relación entre Paula y Strumia, que estaba embarazada y dieron con un amigo en común de la pareja que vive en Buenos Aires y conocía los pormenores de la relación también el aborto al que fue sometida. Apuntaron a la la debilidad de la prueba y aseguraron que sus clientes cumplieron con su deber.
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