Tras conocerse anteayer el fallo del tribunal integrado por los jueces Juan Carlos Curto, Juan José Alarcón y Rodolfo Zvala, que decidió absolver a una oficial del Comando acusada como autora material del crimen de Jonatan Herrera, como también de impartir penas menores a otros cuatro uniformados (uno de ellos penado por “homicidio culposo”) de la Policía de Acción Táctica que participaron de la balacera en la que perdió la vida el muchacho de 23 años en enero de 2015, desde la Multisectorial Contra la Violencia Institucional emitieron un duro comunicado expresando su repudio, en el que entre otros conceptos sostiene: “El fallo habilita y garantiza que la Policía siga asesinando jóvenes de sectores populares sin consecuencias”.
“Estas condenas demuestran, como venimos denunciando, que la Justicia de Santa Fe, y sobre todo el Ministerio Público de la Acusación, incumplieron su especial obligación de investigar de manera pronta, completa, imparcial y efectiva graves violaciones a los derechos humanos. Los hechos no han sido sancionados adecuadamente, tampoco han sido investigados todos los delitos conexos que se cometieron para encubrir el accionar policial, incluyendo la adulteración de la escena de los hechos y de la cadena de custodia de los elementos de prueba. Asimismo, el Estado evitó sistemáticamente garantizar a las víctimas y a sus familiares el acceso a la Justicia y la debida asistencia”, reza el comunicado.
“Estas condenas estuvieron preanunciadas en las reiteradas maniobras por parte de los jueces intervinientes que afectaron notablemente la publicidad del proceso judicial en curso. En primera instancia, se negó en dos ocasiones la posibilidad de transmitir la sentencia a los familiares, allegados, organizaciones y ciudadanía interesada en el caso, desconociendo una tradición de profundo sentido democrático presente en la historia de la justicia argentina”, describe y añade: “La publicidad del proceso fue sensiblemente atacada al decidir dictar la sentencia en un día de paro general de actividades con las consabidas dificultades para que quienes quisieran hacerlo pudieran movilizarse hacia el Tribunal. Finalmente, los impedimentos reiterados para que los familiares y allegados pudieran ingresar a las dos pequeñas salas de audiencia dispuestas para alojarlos en ese decisivo momento, sumado a los cortes del sonido en una de ellas que impidieron la audibilidad de la lectura del fallo, corroboran y agudizan la posición del Poder Judicial santafesino ante estos casos”, sostiene el documento.
“A ello debemos sumar los continuos hostigamientos sufridos por la familia de Jonatan durante el proceso judicial. En los días iniciales del juicio y hoy mismo, al regreso, de esta dura y triste jornada, el colectivo que transportó a familiares y amigos de Jonatan fue interceptado por miembros de la Policía de Acción Táctica. Hechos que agravan la situación de una familia que, desde el 4 de enero de 2015, vio transformada cabalmente su vida al tener que mudarse del barrio en el que históricamente vivieron y modificar la forma de sostenerse económicamente, por las reiteras amenazas sufridas y sin ningún tipo de protección por parte del Estado”, añade el colectivo.
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