La joven abusada en su infancia por su tío, Marcelo Galaz, ex secretario del actual senador por Juntos por el Cambio Dionisio Scarpin, envió una carta a la Cámara de Senadores, otra a Diputados y otra a la Comisión de género, mujeres y diversidad de Santa Fe para denunciar el vínculo entre el fiscal Gerosa y el senador Orfilio Marcón, del mismo espacio político que su abusador. En tanto, una allegada a la víctima confirmó que este martes Gerosa fue apartado de la causa y esperan que un Tribunal homologue el acuerdo abreviado.
“Me dirijo a ustedes para informarles que el senador Orfilio Marcón mantenía contacto y pedía información sobre el proceso a quien era el fiscal de la causa, Aldo Gerosa. Ambos, aunque de diferente manera, reconocieron públicamente que esta comunicación existía por dos motivos, las aspiraciones a juez del fiscal y el interés del senador en que la causa termine en un juicio abreviado”, expresó la joven en los escritos.
Y agregó: “En una ocasión el fiscal Gerosa me hace referencia a que estaba «recibiendo llamadas de la política» y posteriormente me nombra puntualmente al senador Marcón. Me parece importante destacar que mi abusador compartía el mismo espacio político que el senador Marcón”.
Gerosa había reconocido el contacto con el senador provincial por el departamento General Obligado. Según señaló, el legislador lo llamó tras su reclamo por la designación de jueces en concurso y le preguntó por estado de la causa Galaz.
En tanto, el senador visitó los tribunales de Reconquista un día antes del inicio del juicio oral que luego fue suspendido.
Las actuaciones de Gerosa fueron cuestionadas por el auditor del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leandro Mai, quien envió un informe a la Legislatura para que analicen su desempeño. En 83 páginas del escrito, detalló 6 conductas disvaliosas para analizar en el marco del artículo 62 bis de la ley 13.013 que establece mecanismos de sanción y remoción de fiscales por mal desempeño.
En particular, le reprochó al fiscal Gerosa que no corresponde otorgar al imputado el beneficio de la prisión domiciliaria; la revictimización de la denunciante; y el acuerdo abreviado en Reconquista sin cumplir los requisitos establecidos, ya que carecía de la firma de conformidad de la víctima. También le cuestiona al fiscal un pedido inicial de condena de prisión por 32 años, que luego en un acuerdo abreviado redujo a 22 años y que finalmente acordó en 7.
“Me alegra que al fin alguien me escuche y le ponga freno a tanta impunidad. Espero que el senador Marcón también tenga consecuencias por su mal accionar. Como ciudadana, me parece gravísima la convivencia entre el poder legislativo y el judicial, considero que atenta contra la democracia y la república. Como víctima, me siento indefensa, vulnerada y re–victimizada por un senador que al día de hoy me sigo preguntando: ¿Por qué estaba tan interesado en la causa?”, señaló la víctima en s u carta.
Comunicado
Agrupaciones feministas lanzaron un comunicado en solidaridad con la víctima y cuestionaron “abuso de poder” por parte de los tres poderes del Estado.
“Ante el escándalo provocado por el entramado de encubrimiento, aprietes, re-victimización y abusos de poder por parte de funcionarios de los tres poderes del Estado del norte santafesino, las feministas estamos en alerta y movilización. En el caso Galaz -ex funcionario y secretario privado de Dionisio Scarpin acusado de abuso sexual agravado- se pusieron en funcionamiento vínculos entre los tres poderes del Estado en busca de garantizar la impunidad”, señalaron en un comunicado.
Y exigieron “identificación e investigación de funcionarios que intentaron encubrir, o lo hicieron, a agresores sexuales”; “juicio político y apartamiento de la causa Galaz del fiscal Gerosa”; “informes elaborados por las áreas intervinientes sobre la aplicación del protocolo para el acompañamiento de víctimas de abuso sexual”; “perspectiva de género y aplicación efectiva de la ley Micaela”.
También mencionaron que según datos del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de Mumalá, desde enero a abril de 2023, sólo el 17 % de las mujeres víctimas de femicidios habían denunciado violencia. “Las prácticas estatales revictimizantes, los abusos de poder que presionan a quienes sufrieron violencias machistas, buscan directa o indirectamente desalentar las denuncias. Innumerables casos salen a la luz porque tomamos conocimiento desde las propias víctimas, que frente a la indignación recurren a las organizaciones feministas que trabajamos en territorio para no sentirse solas frente a tanta impunidad”, señalaron.
Por último, mencionaron que en el Municipio de Reconquista fueron denunciados por abuso sexual dos funcionarios políticos de la gestión actual “uno a cargo de una jefatura de área de gobierno y otro a cargo del área de asesoramiento legal”.
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