La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento con prisión preventiva del titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, acusado de ser el “instigador” del crimen del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. El mismo se produjo el pasado 20 de octubre en el barrio de Barracas.
La Sala I del Tribunal evaluó que la agresión hacia los trabajadores mercerizados, que reclamaban el pase a planta permanente, fue por un “interés político y económico”, y además ratificó que el accionar de Pedraza y otros dirigentes del gremio tuvo como objetivo “aleccionar” a ese sector para evitar nuevos cortes de vías como ocurrió aquella tarde, y que luego derivó en el asesinato de Ferreyra.
Además, la Sala I también confirmó los procesamientos con prisión preventiva del segundo del gremio Juan Carlos “Gallego” Fernández, y del dirigente Gustavo Alcorcel, y ya son diez los detenidos en el marco de la causa.
Los jueces Jorge Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis Bunge Campos evaluaron que Pedraza temía “a la oposición que se gestaría por parte de algunos empleados ferroviarios, lo que podría dar lugar a la puesta en peligro de la continuidad en el cargo que ejerce”, y en ese sentido recordaron que el dirigente lleva al frente de la Unión Ferroviaria unos 17 años ininterrumpidos y que desde el 2000 no cuenta con oposición política dentro del mismo.
“El ingreso de los empleados tercerizados implicaba, como efectivamente sucedió, que las cooperativas creadas para nuclear a estos trabajadores dejen de existir, adquiriendo relevancia trazada por la magistrada de grado con diversas cooperativas como la Cooperativa de Trabajo Unión de Mercosur Limitada y Belgrano Cargas, ahora gerenciada a través de SOE S.A”, remarcó la Cámara.
“Con relación a la primera, fue reiteradamente señalado que la esposa de Pedraza, Graciela Coria, es directora de las acciones clase B y C, a la vez que se desempeñaba como tesorera su hermana y cuñada, Silvia Coria, en tanto que el sobrino del acusado, Maximiliano Pedraza, es empleado”, añadió el Tribunal en la resolución a la que accedió Noticias Argentinas.
Por eso, para la Cámara “resultan por demás suficientes para establecer la relación económica que unía a ambas partes y el interés en cuanto a que no se modifique el status quo obtenido durante tantos años”.
En tanto, la Cámara tuvo como prueba que la cúpula estaba al tanto de lo que ocurría aquella tarde, a raíz de la comunicación telefónica que hubo entre Fernández y el delegado del Roca Pablo Díaz, presente en el lugar, y donde el primero de ellos le ordenó que se retirase tras los disparos, uno de los cuales dio muerte a Ferreyra.
En ese sentido, concluyeron que Díaz “no actuó solo en esto sino que lo hizo junto a Fernández y Pedraza”, lo que quedó comprobado en un “reporte casi instantáneo que era dado a los dos” por vía telefónica.
Además, según dijeron, los tres “actuaron de manera conjunta y coordinada, desde el día anterior en el armado y diagramación del plan criminal, que fue puesto en marcha desde las primeras horas de la mañana”.
Por otra parte, la Cámara también confirmó el apartamiento del perito Roberto Locles, quien actuaba por la defensa del imputado Uño hasta que intervino en uno de los estudios y arruinó la bala que mató a Ferreyra golpeándola contra una mesa.
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