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Protesta

Caso Escobar: marcha por justicia

La familia de Gerardo Escobar, que desapareció el 14 de agosto y cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el río una semana después, pide que la causa pase al fuero federal como desaparición forzada de persona. Hay cinco detenidos.


“Quiero Justicia. Justicia por mi hermano y por todos los casos que están pasando últimamente donde está la Policía involucrada. Hoy se cumple un mes de su desaparición y pedimos que la causa pase a la Justicia Federal. Lo que queremos desde un principio, desde que nos enteramos que había policías involucrados en su muerte”.

Con la estampa de su hermano Gerardo Pichón Escobar en la remera y parada frente al Ministerio Público de la Acusación, Luciana encabezó ayer la movilización que partió desde Montevideo y Alvear hasta la sede de Gobernación, en Dorrego y Santa Fe.

Acompañada por el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, y los abogados de la Asamblea por los Derechos del Niño y la Juventud, Guillermo Campana y Salvador Vera, Luciana dijo que la muerte de su hermano, cuyo cadáver apareció flotando en las aguas del río Paraná una semana después de ser visto por última vez en un after céntrico, se enmarca en la figura de desaparición forzada de personas por lo que pidió que la investigación pase al fuero federal. También criticó el rol de la Fiscalía, que se negó a atenderla en varios intentos y también de darle acceso a la causa, con el argumento de que aún no es formalmente querellante.

Un nutrido arco de organizaciones sociales, políticas y gremiales acompañó ayer el pedido de justicia por la muerte de Pichón, quien tenía 23 años y era empleado municipal.

Desde que su cuerpo apareció sin vida en las aguas del Paraná, la causa es investigada por la fiscal Marisol Fabbro, quien generó una fuerte polémica en torno al informe forense.

Pero la aparición de un video donde se observa a un patovica de La Tienda seguir los pasos de Pichón y golpearlo en la vía pública, derivó en la acusación de cinco personas que tienen prisión preventiva. El golpeador, acusado de homicidio; y como encubridores otros dos empleados de seguridad del boliche de Tucumán al 1100 y dos efectivos de la UR II que prestaban servicio de forma irregular.

“Siento impotencia. Bronca. Porque desde la última audiencia que se supo que estas personas quedaban detenidas he intentado comunicarme con la fiscal de cualquier manera y nunca me ha atendido”, dijo Luciana.

Gabriel Ganón reiteró su pedido de que la causa pase a la Justicia Federal, adelantó la presentación de una denuncia en ese fuero y manifestó su preocupación “porque desde el 20 de agosto no tenemos acceso a la investigación, ni copias, ni absolutamente nada. Incluso la fiscal se ha negado a recibir a la familia para explicarle cómo avanza el asunto”, dijo.

Para el abogado de la familia de Pichón, Guillermo Campana, se trata de un exceso de rigorismo procesal. Y explicó que todavía “no se convocó a la audiencia para formalizarnos como querellantes y aunque la Fiscalía sabe que no hay ningún obstáculo legal, se niega a darnos información y acceso a la investigación”. El abogado apeló a que los fiscales “tengan algún gesto de humanidad con la familia y la reciba”.

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