A un año del ataque a balazos contra el policía Carlos Honores, de 46 años, y a pesar de los reiterados allanamientos y a las medidas judiciales solicitadas en la causa, los sospechosos continúan prófugos. El sargento ayudante prestaba servicios en la división Sustracción de Automotores de la Unidad Regional II cuando el jueves 5 de enero de 2012 recibió dos disparos en una estación de servicio de la zona oeste donde arribó en una camioneta 4×4, la cual apareció quemada en la zona de Cabín 9. El uniformado agonizó durante tres días hasta que falleció producto de las lesiones que presentaba. La investigación policial transcurrió bajo un fuerte hermetismo y en los días previos a la última feria judicial, el titular del Juzgado de Instrucción 7 ª, Juan Andrés Donnola, se trasladó a Buenos Aires para tramitar la captura de los dos sospechosos ante Interpol y para registrar el pedido en todas las provincias del país.
La noche del jueves 5 de enero el sargento ayudante Honores descendió de una camioneta Toyota Hilux en la estación de servicio ubicada en la esquina de las avenidas Circunvalación y 27 de Febrero para comprar cigarrillos. El hombre había sido citado en ese lugar a través de un llamado por un tal Miguel. Cuando retornó al vehículo, tuvo un cruce de palabras con al menos dos personas el intercambio subió de tono hasta que se transformó en una discusión que terminó cuando los desconocidos le dispararon y dos veces. Honores descendió de la camioneta y corrió casi una cuadra hasta introducirse en una casa de la zona mientras que sus atacantes huyeron en la 4×4 de su propiedad, reconstruyeron las fuentes, quienes agregaron que el morador de la vivienda –adonde se refugió el policía en uno de los dormitorios– le prestó el teléfono al herido para que comunicara a un familiar las identidades de sus agresores. El sargento fue trasladado a un centro de salud adonde ingresó con dos impactos de bala, uno en el abdomen y el otro en el pecho, los cuales comprometieron el hígado, colon, páncreas y tórax. En tanto, el vehículo –que según un hombre que se presentó ante los investigadores era de su propiedad y Honores lo tenía a préstamo– fue ubicado horas después en la zona de Cabín 9, incinerado y con dos armas calibre 9 milímetros y 32 en su interior.
Las primeras hipótesis sobre el hecho hablaban de un robo –idea que quedó descartada con la aparición del vehículo– o un conflicto por un terreno que la víctima había comprado. Aunque fuentes extraoficiales hicieron mención a un posible ataque “por mucho dinero en el medio”.
Casi dos meses después, un anónimo con dos CD con filmaciones llegó al edificio de los Tribunales Provinciales, lo que originó una investigación que instruyó el Juzgado de Instrucción 5ª y el fiscal Carlos Covani. En dicha misiva, hecha con computadora, se denunciaba una supuesta vinculación del personal policial con quioscos de drogas, el robo de automotores, y se vinculó el crimen de Honores con el negocio de las drogas y con el homicidio de Carlos Fajardo ocurrido en Carcarañá en diciembre de 2011 cuando su cuerpo fue hallado torturado y maniatado en el baúl de un auto a la vera de la ruta Nacional 9.
Los nombres de los supuestos autores del crimen de Honores son Jorge Daniel H., un vendedor de automóviles, y Miguel Ángel F.. Contra ellos se dictaron órdenes de captura, medidas que fueron reiteradas en varias oportunidades e incluso se solicitó que se intensifique la búsqueda y se notificó a través de la Unidad Regional II a todas las reparticiones el requerimiento de estas dos personas que cuentan con antecedentes penales.
Jorge Daniel H. fue el único que hizo una presentación espontánea por escrito aunque nunca se apareció en el Juzgado, incluso acercó una manifestación ante escribano público donde expresaba su versión y sus temores. Posteriormente, el sospechoso hizo llegar a un funcionario judicial que investiga la denuncia anónima, una carta manuscrita donde se desvincula del crimen de Honores y reconoce que fue el autor de las filmaciones que acompañaron el anónimo, las que –según sus dichos– realizó con una birome que posee una microfilmadora. Sin embargo, el vendedor de autos sostuvo que las imágenes le fueron robadas y que nada tiene que ver con el anónimo para concluir que su vinculación en la causa era por un “vuelto” que un grupo de policías corruptos le hizo tras denunciar a un uniformado. En ese escrito, el hombre resaltó que no se entrega porque teme por su vida.
Los allanamientos en búsqueda de los acusados fueron numerosos, aunque en ninguno se logró ubicarlos, incluso el magistrado a cargo de la causa reiteró los pedidos de detención a través de diferentes oficios. Estas medidas se sumaron al viaje a Buenos Aires que realizó Donnola en los últimos días del año pasado para gestionar la captura internacional ante Interpol.
Además, el magistrado a cargo de la Instrucción 7 ª presentó ante un juez de Capital Federal la registración de las capturas para todas las provincias argentinas e informó a Gendarmería, Policía Aeroportuaria y Migraciones. A esta última entidad requirió la notificación de cualquier dato que surja respecto a entradas y salidas del país de alguno de los acusados.
Por su parte, fuentes tribunalicias agregaron que se solicitará al Juzgado de Cañada de Gómez con jurisdicción en Carcarañá, el cual interviene en la investigación del crimen de Carlos Fajardo, copias de ese expediente.
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