El titular de la Cámara Federal, Martín Irurzun, resolvió que por ahora sea el juez Daniel Rafecas el encargado de investigar la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina de Kirchner y funcionarios del Gobierno por supuesto encubrimiento en la investigación del caso AMIA.
Minutos antes, el juez federal Sebastián Ramos también había declarado este miércoles incompetente y había remitido el expediente al juzgado de su colega Ariel Lijo. Pero automáticamente Lijo, que se había excusado, lo envió a la Cámara y ahora los vaivenes de la causa quedaron resueltos.
Ramos había sido el cuarto juez en rechazarla. La primera en abstenerse fue María Romilda Servini de Cubría durante la feria judicial de enero pasado. En ese momento, Servini tomó el dictamen de Nisman, pero se excusó de impulsar pericias por falta de pruebas. Por lo sensible del caso, Lijo decidió entonces suspender sus vacaciones para tomar el caso y regresó al país de urgencia.
Sin embargo, solo se limitó a ordenar la “protección” de la documentación acumulada por Nisman y en el primer día hábil de febrero se declaró incompetente. Lijo consideró que la supuesta “confabulación criminal” para hacer caer la pista iraní no tiene relación con el encubrimiento de la pista siria, que ya tiene a su cargo y está pronto al juicio oral. Lijo estimó que los presuntos hechos delictivos eran distintos y que deberían ser investigados por otro magistrado.
Por sorteo, ese día la denuncia recayó en el juzgado de Rafecas, que estaba de licencia y Ramos lo subrogaba, pero que había dejado una nota donde también rechazaba la causa. Así, Ramos mantuvo el trámite hasta que este miércoles decidió girarlo a Lijo nuevamente.
En su resolución, Ramos coincidió con Lijo y sostuvo que “no podría vincularse en principio directamente” los dos encubrimientos por que “los imputados en una causa y en la otra serían, a priori, personas diferentes, en distintos momentos históricos”. Pero como se la nueva denuncia “se trataría de hechos delictivos tendientes a desviar la investigación” de la causa AMIA la pesquisa debería “sea llevada adelante por el mismo magistrado (Lijo) que ya conoce en el hecho anterior, por ser él quien ha tomado cabal conocimiento acerca de la totalidad del expediente principal”.
Irurzun sostuvo que la decisión de Ramos “no satisface las exigencias mínimas requeridas para afirmar la conveniencia de que ambas pesquisas tramiten” en el juzgado de Lijo y aclaró que hasta ahora “no se cuenta con el requerimiento fiscal de instrucción que delimite el objeto procesal y permita conocer la dirección de esta investigación”. O sea, se conocen los hechos denunciados por Nisman, pero no las imputaciones y los delitos cometidos.
“En tal sentido, -agrega Irurzun-, corresponde señalar que no se agotaron las medidas necesarias tendientes a esclarecer los extremos requeridos por el código de forma en este estado de la investigación, por lo que el envío cuestionado (a Lijo) resulta prematuro”.
Por ese motivo, el titular de la Cámara señaló que “sin perjuicio de que con el avance de la investigación pueda tener lugar un nuevo planteo, corresponde que continúe entendiendo en estas actuaciones el juzgado Nº 3. Ahora, Rafecas no podrá devolver por el momento las carpetas judiciales y será por fin quien defina en las próximas el futuro de la denuncia: si avanza y pide medidas de prueba y opinión al fiscal especial temporal de la UIF-AMIA, Alberto Adrián Gentili o si la rechaza in limine.
Gentili podría excusarse a la espera que la procuradora Alejandra Gils Carbó designe defintivamente a los fiscales reemplazantes de Nisman, que seguramente serán impugnados por direigentes políticos y judiciales opositores.
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