Jueves 30 de abril. Día 42 del aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina. Los aplausos diarios en ventanas y balcones para apoyar a los trabajadores del sistema de salud fueron reemplazados por un cacerolazo: fogoneados por medios de comunicación que vuelven a mostrar su cara opositora y por la información poco certera que circula por distintas redes sociales, los caceroleros se manifestaron en contra del gobierno nacional, al que acusan de liberar a violadores y asesinos. La consigna, así planteada, es engañosa. Sí es cierto que la Justicia –y no el Ejecutivo– siguiendo recomendaciones internacionales emitidas por el contexto de la pandemia de coronavirus, ordenó otorgar prisiones domiciliarias y excarcelaciones (no libertades) a personas que hayan cometido delitos leves y que, además, cumplan con una serie de requisitos. Argentina no fue el único país en seguir estos lineamientos: Colombia, Chile, México y Estados Unidos son algunos de los que adoptaron algún tipo de medida para reducir la población carcelaria. En Chile, por ejemplo, el gobierno otorgó indultos. El gobierno argentino negó esa posibilidad.
“No es un problema sólo de la Argentina. Hablemos con seriedad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) resaltó que los Estados debemos atender la salud de los que están presos y ahí recomiendan la prisión domiciliaria o las pulseras electrónicas. El mundo entero aborda este problema”, dijo el presidente Alberto Fernández sobre el reclamo social que derivó en el cacerolazo de este jueves.
La resolución a la que hizo referencia Fernández es del 31 de marzo pasado, cuando la Cidh urgió a los Estados a adoptar medidas para garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de su libertad y de sus familias frente a la velocidad de propagación del covid-19, así como asegurar condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad, de conformidad con los estándares interamericanos de Derechos Humanos. Entre las recomendaciones, está la de reducir la sobrepoblación carcelaria como una medida para contener la pandemia.
La situación descripta puede leerse a las claras al observar el contexto carcelario en Argentina, o al menos en la situación que vive el Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, con capacidad para alojar a 23 mil internos: hoy los reclusos superan los 52 mil.
La situación llevó a que los internos de distintas cárceles del país realizaran motines. Tal vez el más difundido haya sido el de la cárcel federal de Devoto.
En sintonía con las indicaciones de la Cidh, y frente al aumento de la cantidad de contagios registrados en distintos países entre los presos y también entre el personal penitenciario, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomendaron que se otorguen excarcelaciones y prisiones domiciliarias para descomprimir las cárceles.
Siguiendo estos lineamientos, el 8 de abril, el presidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini, hizo lugar a un habeas corpus masivo presentado por los 19 defensores oficiales bonaerenses –quienes representan al 95 de la población carcelaria de esa provincia– que invocaron la situación de hacinamiento y de inhabitabilidad de comisarías y penales para los detenidos de más de 65 años o con patologías que los incluyen en grupo de riesgo, mujeres embarazadas o madres con hijes menores alojados en la Unidades Penitenciarias.
Al momento de evaluar la decisión tomada, Violini advirtió que si no se descomprimen las cárceles “se van a infectar 50 mil presos, y eso va a hacer explotar el sistema sanitario”.
Días después, las Cámaras de Casación Nacional y Casación Federal recomendaron, en sendos fallos, la prisión domiciliaria como una medida alternativa al encierro en personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen riesgos procesales significativos, o cuando la duración de la detención hubiese superado notablemente los plazos fijados en la ley 24.390; personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena; personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión; personas en condiciones de acceder en forma inminente al régimen de salidas transitorias, libertad asistida o condicional siempre que cumplan con los requisitos anteriores; mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijes; personas con mayor riesgo en la salud.
En relación a los delitos graves –como violaciones, homicidios o femicidios, por ejemplo– remarcaron que no se puede imponer una medida general, sino que los jueces deberían revisar caso por caso.
Respecto del pedido de la población carcelaria de acceder a reducciones de penas o indultos, el presidente se opuso.
Por estos días hubo cruces mediáticos y políticos, en los que públicamente se acusó al gobierno nacional de impulsar la libertad de violadores y homicidas. Según el sitio chequeado.com, “es verdadero que en nuestro país existen casos de jueces que liberaron presos acusados por delitos graves por la pandemia del coronavirus, aunque no fue lo recomendado por la Cámara Federal de Casación Penal”.
Cacerolazo cuestionado
El senador nacional por el Frente de Todos de Neuquén, Oscar Parrilli, rechazó ayer el otorgamiento de la prisión domiciliaria a detenidos por delitos graves en el marco de la pandemia por coronavirus, y vinculó el cacerolazo del jueves a “una campaña mediática y política” en la que “hubo interés en tergiversar y mentirle a la sociedad, para poner al Gobierno de un lado que es rechazado por la gente”.
“A nadie le gusta la impunidad y la injusticia, y por eso nosotros siempre rechazamos la manipulación del Poder Judicial. Todos rechazamos la impunidad o el hecho de liberar a presos con delitos graves”, remarcó Parrilli, ante el debate generado por la prisión domiciliaria a determinados detenidos ante la pandemia.
Sobre el cacerolazo, el ex titular de la AFI dijo: “todos tenemos derecho a expresarnos, a manifestar y a protestar”, pero en este caso “se generó una situación que no es real” porque “hubo intereses políticos y mediáticos tendientes a tergiversar una realidad, mentirle a la sociedad, para poner al Gobierno de un lado que es rechazado por la gente y que, en realidad, todos rechazamos”.
Quien también manifestó su postura fue el secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, Roberto Carlés, quien remarcó que la Argentina “está por debajo de la media de las liberaciones de presos del mundo”, en el marco de la pandemia de coronavirus.
En este sentido, consideró que “se está dirigiendo un ataque hacia el Gobierno por decisiones que son de los jueces”, en referencia al debate público y a los cuestionamientos a que se conceda el beneficio de prisión domiciliaria a detenidos. “Es inexplicable lo que hicieron los medios con el tema de los presos”, señaló el letrado.
En declaraciones a <Radio El Destape>, el abogado aclaró que “lo que hicieron las cámaras (penales) son recomendaciones a los jueces sobre los presos que ya están en condiciones de obtener domiciliaria y los de delitos leves”, aclaró.
Por su parte, la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori consideró que la decisión de otorgar prisiones domiciliarias ante la pandemia del coronavirus busca “evitar una catástrofe” y advirtió que “si somos tan cortos para no entender que hay que salvar el sistema de salud para evitar lo que sería una catástrofe, es que no apreciamos la vida”.
Garrigós de Rébori consideró que el Servicio Penitenciario “no tiene instalaciones sanitarias para responder” ante un agravamiento de la situación y advirtió que “no se los puede condenar a muerte: entonces se trata de disminuir la cantidad de detenidos para poder controlar a los que quedan adentro”.
La ex jueza cuestionó los cacerolazos que se escucharon anoche en diferentes puntos del país, al advertir: “Nunca escuché un caceroleo por los 40 detenidos de lesa humanidad que están en arresto domiciliario, esos si han cometido hechos violentos”.
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