El titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, anunció hoy que el próximo 18 de agosto la entidad realizará una “jornada de acción parlamentaria” en demanda una rebaja de las alícuotas.
“Vamos a inundar el Congreso de chacareros, a visitar a los legisladores en todos sus despachos, para explicarles nuestras necesidades. Como en el 2008 y de cara al 30 de octubre de 2011, los chacareros tenemos que volver a ser motores del movimiento agrario”, señaló Buzzi durante una asamblea realizada en la localidad de “El Triunfo”.
En esa iniciativa, figura como uno de los puntos destacados el reclamo por las retenciones a las exportaciones agrícolas, aunque en los reclamos también figurarán temas como la ganadería, la lechería, los contratos agrarios, la extranjerización de la tierra y el comercio de granos, entre otros.
“El 24 de agosto en la Argentina caen, entre otras cosas, las retenciones. Y esta es una discusión medular en el ámbito político, porque entendemos que algunas de las facultades delegadas deben ser otorgadas de manera condicional al Ejecutivo, para poder gobernar, pero otras como las retenciones no”, señaló Buzzi.
Y remarcó que “en ese caso, la fuerza de la oposición debe ser retenerlas, y no como una puesta en escena política para congraciarse con el sector pero que lleva al veto inexorable, sino como un compromiso en serio, que dé por resultado un instrumento que implique una solución”.
“Queremos cero por ciento de retenciones para el segmento de productores más vulnerables y creemos que deben seguir cobrándose retenciones a los pooles o grupos más concentrados. La oposición debe generar un instrumento de racionalidad para hoy que pueda seguir sirviendo para 2011, y no una puesta en escena que deje abiertas las puertas para el veto y la continuidad de las retenciones al 35 por ciento”, señaló en la asamblea del distrito VII.
El presidente de la FAA propuso, en este sentido, “segmentar retenciones a partir de, por ejemplo, las 1.000 toneladas de trigo, maíz, girasol y sorgo o 600 toneladas de soja”, lo que “tiene un costo fiscal relativo”, por lo que si la presidenta Cristina Kirchner veta esta iniciativa “sería una inmoralidad”.
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