El Ministerio de Economía acusó a los fondos buitre de “mentir” sobre la Argentina, con el objetivo de “extorsionar al país para obtener una ganancia de más de 1.600 por ciento”. A través de una solicitada titulada “Fondos buitre: los hechos demuestran que no es mito que sean buitres”, el gobierno los cuestionó con dureza.
“En una nueva demostración de su modus operandi, los fondos buitres injurian y amenazan públicamente a Argentina. Su objetivo: extorsionar al país para obtener una ganancia de más de 1.600% a costa del bienestar de nuestro pueblo”, señaló el texto oficial.
Además, indicó que para “ganarse a la opinión pública norteamericana, los fondos buitres vienen financiando a un grupo llamado American Task Force Argentina, un verdadero grupo de tareas norteamericano contra Argentina, que pasó los últimos años difamando al país ante los ojos de Washington”.
Las mentiras
Luego, Economía enumeró las “mentiras” de estos fondos, y puntualizó que una de ellas es que “Argentina se niega a negociar y elige el default”. Como respuesta, el Palacio de Hacienda resaltó que el país “ha dado sobrada evidencia de su capacidad de negociación”, y ejemplificó:
La crisis de 2001 dejó a Argentina con el default más grande de la historia. El proceso de renegociación iniciado por Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández de Kirchner consiguió la adhesión voluntaria del 92,4 por ciento de los acreedores.
Además, Argentina pagó más de 190.000 millones de dólares entre capital e intereses desde 2003 a la fecha, sin por eso amenazar el proceso de crecimiento con inclusión social iniciado en 2003.
El país negoció un novedoso mecanismo de pago para los acreedores del Club de París, que permitirá potenciar la inversión de los países miembro en Argentina, con un esquema que contempla la sustentabilidad económica y financiera del acuerdo.
Argentina también negoció y llegó a acuerdos para pagar los litigios con sentencia firme en el Ciadi.
Además, llegó a un acuerdo amistoso con la empresa Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, consiguiendo una quita del 50% respecto al reclamo presentado en el Ciadi y el pago a más de 10 años.
“Extorsión judicial”
“No caben dudas de que los únicos acreedores que jamás quisieron negociar con Argentina son los fondos buitre, justamente porque su negocio es la extorsión judicial, y no la negociación en condiciones justas, legales y equitativas para ambas partes”, enfatizó Economía.
“La “segunda mentira” de estas organizaciones es que “la Argentina puede negociar un acuerdo sin afectar sus reservas de manera significativa. La cifra de 15.000 millones de dólares no tiene sustento”, según el texto publicado en www.mecon.gov.ar.
En este sentido, el Ministerio que conduce Axel Kicillof recordó que el fallo del juez Thomas Griesa “obliga a pagar 1.500 millones de dólares a los fondos buitre en el mismo momento en que se pague a los tenedores del canje los vencimientos de intereses”.
“Los propios buitres admiten que el fallo de Griesa implica obligaciones adicionales para el país por un mínimo de 7.500 millones de dólares, es decir, más de un 25% del saldo de reservas internacionales del país. Es evidente que un golpe de esa magnitud implica un desproporcionado perjuicio para Argentina”, añadió en la solicitada.
Asimismo, insistió con que “bastaría con que solo el 80 por ciento de los holdouts consiga el mismo trato que los buitres para que esa suma se transforme en 15.000 millones de dólares”.
Si el 92,4 por ciento de los bonistas que entraron al canje reclamaran lo mismo, en el marco de la llamada cláusula Rufo que les asegura igual trato, Argentina podría afrontar juicios por valores que algunos especialistas estiman en más de 500.000 millones de dólares, y que como mínimo se ubicarían en los 120.000”.
“Sean 7.500 millones de dólares como dicen los buitres, o 15.000 como realmente son, sumados a los 500.000 por la denominada cláusula Rufo, se trata de un fallo injusto y una carga desproporcionada para cualquier país como la Argentina”, subrayó Economía.
“La tercera mentira”
La “tercera mentira” es que “los buitres están dispuestos a otorgarle mayor tiempo a la República”, alertó el Palacio de Hacienda.
En la misma sintonía, explicó: “Los buitres han dicho ante Griesa que si (Argentina quiere) hablar sobre un acuerdo, saben dónde encontrarnos. No sólo tienen hasta el 30 de junio, su señoría. Tienen un período de 30 días de gracia luego del 30 de junio. No tienen que pagar los bonos del canje hasta el 30 de julio. Es decir, que un fallo que puede implicar juicios por más de 15.000 millones de dólares debe negociarse en 40 días, bajo la amenaza de poner al país en default”.
“Así funcionan los buitres: para realizar una ganancia escandalosa, obstaculizan el pago del 92,4 por ciento de los acreedores de Argentina que aceptaron la reestructuración. Pero Argentina no se dejará extorsionar por estos profesionales de la especulación”, garantizó Economía.
También insistió con que el país “continuará honrando sus compromisos con el 92,4 por ciento de sus acreedores, tal como lo hizo el pasado 30 de junio de conformidad con la ley argentina, pagando 832 millones de dólares”. Por último, dijo que “los fondos buitre y el juez Griesa pretenden que un acreedor solvente y líquido como la República Argentina, que cumple sistemáticamente con sus compromisos financieros, ingrese en cesación de pagos”.
Baja riesgo país y suben títulos en Wall Street
Las acciones y títulos argentinos que cotizan en Wall Street registraron fuertes subas y la prima de riesgo país se desplomó 9 por ciento, a 607 puntos, un nivel que no se registraba desde 2011, ante la expectativa favorable de un acuerdo con los fondos buitre.
Las recientes negociaciones encabezadas por el ministro Axel Kicillof ante el mediador designado por el juez Thomas Griesa favorecieron a los activos argentinos que se negocian en Wall Street, ya que no hubo operaciones en el mercado local por el feriado nacional.
Los papeles de empresas locales que operan en el mercado neoyorkino alcanzaron destacadas ganancias: Edenor fue la más favorecida, con el 11,4%, seguida por banco Macro, con el 9,45, Transportadora Gas del Sur, 7,37 y Banco Francés, 7,15 por ciento.
También registraron importantes subas: Grupo Financiero Galicia con el 5,47%; YPF, 4,65; Irsa, 4,46; Telecom, 4,33 y Cresud, 3,29 por ciento.
La tónica alcista que alentó a los bonos argentinos provocó una caída del 9% en la prima de riesgo país que elabora la banca JP Morgan, que cedió 62 puntos y llegó a 607 unidades, número que no se registraba desde mediados de 2011. Las versiones sobre la posibilidad de un pago en bonos a los fondos buitre generaron un clima positivo que terminó impulsando a bonos y acciones locales.
En la plaza neoyorkina, el Bonar X ganó 2,6%, a 97,75 dólares, desde los 95,25 dólares del martes, y el Boden 2015 ascendió 1,1%, a 99,3 dólares, desde los 98,20 del cierre anterior.
Los títulos en dólares con vencimiento en 2017 llegaron a registrar aumentos superiores al 4 por ciento, favorecidos por los rumores sobre la posibilidad de un entendimiento con los fondos buitre.
Este viernes, los representantes de la Argentina –aun no se informó si estará el ministro Axel Kicillof– volverán a reunirse con el mediador designado por el juez Griesa.
Los trascendidos señalan que Kicillof le presentó al negociador Daniel Pollack una propuesta para pagar los 1.650 millones de dólares en títulos públicos y, a cambio, los fondos buitre aceptarían reimplantar el “stay” (medida cautelar), la medida cautelar que evita el embargo de bienes argentinos.
“Negociación encaminada”
El canciller Héctor Timerman aseguró ayer que “la negociación con los fondos buitre está muy bien encaminada”, luego de la primera reunión entre el ministro de Economía, Axel Kicillof y el mediador designado por el juez Thomas Griesa.
“Argentina quiere pagar al ciento por ciento de los acreedores pero en forma equitativa y legal”, sostuvo el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El funcionario dijo: “Veo muy bien a la posición del gobierno, la negociación está muy bien encaminada”, en declaraciones radiales.
Timerman sostuvo que “los negociadores y el juez van a entender que el gobierno argentino quiere pagar al ciento por ciento (de los acreedores), pero quiere hacerlo en una forma equitativa, legal, y no quiere ser obligada a violar acuerdos firmados con los bonistas”.
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