El gobierno de Brasil anunció ayer que se eliminarán diez de los 39 ministerios, como parte de una reforma en la administración pública debido a la crisis económica que vive el país. Por su parte, el vicepresidente, Michel Temer, dejó su tarea de articulador político del gobierno que le había asignado la mandataria Dilma Rousseff en su intento de mantener unida a su base de apoyo.
El gobierno anunció la decisión de iniciar una reforma administrativa en la que se reducirán 10 de los 39 ministerios en un plan de “búsqueda de una mayor eficiencia”.
El ministro de Planificación, Nelson Barbosa, dijo en rueda de prensa que todavía no hay una decisión tomada ni cuáles son los ministerios que serían eliminados, pero indicó que se definirá en las próximas semanas.
Esta reducción de ministerios es adoptada en el marco de un plan de “búsqueda de una mayor eficiencia”, que también implicaría una reducción del número de cargos con contratos temporales en la administración pública.
Actualmente, el gobierno tiene 22 mil cargos comisionados. Según Barbosa, el 74 por ciento están ocupados por funcionarios públicos, pero cerca de 6 mil no están dentro de ese marco.
Otros puntos de la reforma incluyen recortes en estructuras internas de los órganos con la reducción de secretarías y de puestos comisionados en el gobierno y mejoras en los contratos con empresas prestadoras de servicios al Estado, como limpieza o transporte.
Barbosa admitió que esas medidas ayudarán a reducir el gasto en momentos de dificultades económicas, pero insistió en que la meta es lograr “un mejor funcionamiento y un aumento de la productividad del gobierno”.
La reducción del número de ministerios es exigida desde hace años por la oposición, según la cual esos despachos han sido usados para satisfacer a los integrantes de la coalición política que respalda a Rousseff, quien la heredó de su antecesor, Lula da Silva.
Esta modificación se anunció justo el mismo día en el que Temer le comunicó su decisión a Rousseff, y la atribuyó a que su misión era trabajar para la aprobación en el Congreso de unas medidas de ajuste fiscal, que ya casi en su totalidad han sido respaldadas por las cámaras.
El vicepresidente, de acuerdo con fuentes de su despacho, seguirá con funciones propias de su cargo más institucionales pero dejará el “día a día” de la articulación política del Ejecutivo, aunque “mantendrá el diálogo” con la base parlamentaria de la coalición oficialista.
Temer forma parte del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb) y su papel como articulador político desde abril pasado fue clave para mediatizar las voces que en esa formación demandan una ruptura con el gobierno y con el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff.
Entre los dirigentes que encabezan la disidencia interna en el Pmdb figura el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien la semana pasada fue formalmente acusado ante la Corte Suprema por actos de corrupción vinculados a los escándalos en la empresa estatal Petrobras. Hace un mes, cuando la Fiscalía preparaba su denuncia al Supremo, Cunha había anunciado su decisión “personal” de pasar a engrosar la oposición.
Las irregularidades por corrupción en la petrolera, que implican a unas veinte grandes empresas privadas y a medio centenar de políticos, se han combinado con una difícil situación económica y llevaron la popularidad de la presidenta Rousseff a sólo un 8 por ciento, según recientes sondeos.
La situación derivó en varias manifestaciones recientes en contra al gobierno cuando miles de personas exigieron la renuncia o destitución de la presidenta, y hubo también otras a favor en respaldo al gobierno y la democracia pero en contra del ajuste fiscal.
Rousseff, quien fue reelegida en octubre del año pasado y comenzó su segunda gestión el 1º de enero, repitió en más de una ocasión que no va a renunciar y, hasta ahora, las presiones para que el Congreso inicie un juicio político para una eventual destitución carecen de base jurídica. Temer, quien asumiría la Presidencia en cualquiera de esos casos, admitió hace unas semanas en una declaración que la situación del país es “grave” y reconoció los problemas que existen en la economía y en la base política del gobierno, que se ha atomizado y en la que existen fuertes disidencias.
Comentarios