El gobierno municipal tiene frentes abiertos en la paritaria municipal y en el transporte urbano.
En el primer caso, la conciliación obligatoria alivió las medidas de fuerza y oxigena la mesa de negociación a la que se sientan representantes de los trabajadores y de los jefes comunales de la provincia.
En el caso del transporte la situación es grave. La intendenta envió el viernes al Concejo el pedido de aumento de la tarifa a 4,80. Sabe que es improbable que la oposición vote esa cifra, pero ella está mirando otro dato: ningún concejal rechazó el aumento del boleto.
La intendenta habló cara a cara con cada uno de los bloques y les dijo que necesita los recursos que solicitó y que el Concejo le recortó en diciembre. Nuevo aumento de la TGI y del transporte, sin más.
Un concejal de la oposición dijo que la vio dispuesta a ir al conflicto si fuese necesario. “Lo que dice es que no quiere someterse al juego del regateo de 10 centavos más o 10 centavos menos en la tarifa como ocurrió la última vez”, contó.
El problema político
Un oficialismo que no termina de encontrar los resortes de la gobernabilidad; y una oposición atomizada, tironeada por personalismos que por momentos la sumergen en la rémora de una asamblea universitaria, dificulta consensos duraderos y soluciones concretas.
La situación se transformó en un problema político que impacta sobre temas muy sensibles para la gente. El Ejecutivo y los principales referentes políticos del Concejo deberían ocuparse de construir un paraguas debajo del cual poder discutir con sensatez estos temas.
De lo contrario ocurre lo de diciembre, cuando en medio de un clima social tenso y horrible, el Concejo se aisló durante días, noches y madrugadas a discutir la renovación de autoridades, el boleto y la TGI. Recién el 23 de diciembre logró una salida que, ahora se puede ver, fue más aspirina que solución: dos meses después está discutiendo lo mismo, con la diferencia que ahora, guste o no, lo hace bajo la presión de un reciente paro de choferes que dejó miles de usuarios en la calle.
El ajedrez de los números
El gobierno municipal utiliza como argumento de oro el valor del boleto en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Bahía Blanca, donde ya supera los 5 pesos. Rosario hace tiempo no logra saldar el debate sobre qué proporción del costo del servicio se solventa con tarifa y qué parte con subsidio. Y en este último caso el origen de su financiamiento.
La particularidad del transporte de Rosario es que de las tres concesionarias una sola es privada. Rosario Bus fue la que dejó los usuarios en la calle. Su propietario, Agustín Bermúdez, es un viejo lobo que conoce fortalezas y debilidades de la política y sabe dónde y cómo golpear.
Esta vez usufructuó la intransigencia de Manuel Cornejo. El líder de la UTA local garantiza como ninguno el dinero en el bolsillo del trabajador. No le preocupa que ese actuar sin contemplaciones sea funcional al interés empresario; menos aún si deja al resto de los laburantes a pie y sin aviso.
Los números se dispararon, el déficit existe. La cuestión es cuánto se consigue vía aumento de tarifa y cuánto por vía de subsidios. La oposición le reclama a la intendenta que saque más del presupuesto general para destinar a transporte. “Ya estamos poniendo mucho, no podemos más”, responde.
El Estado provincial está tirando un salvavidas. En 2012 desgravó el servicio de transporte de pasajeros y ahora puso a tratamiento en la Legislatura una reforma del Fondo de Obras Menores que aportará dinero a Santa Fe y Rosario. El texto del proyecto autoriza a destinar parte de esos ingresos al transporte urbano, pero no obliga a hacerlo. Esa decisión deberá tomarla el gobierno municipal. Y luego batallarla en el Concejo.
El riesgo de la amnistía general
A pedido de la Corte Suprema, el procurador Jorge Barraguirre se quedará hasta julio. La misión es terminar de ordenar el sistema conclusional del viejo sistema penal, donde quedan a resolución decenas de miles de causas, desde los Monos y la explosión de calle Salta hasta delitos menores como la tenencia ilegal de un arma. Estas últimas son las que más asustan a los fiscales: temen que ante la imposibilidad material, les prescriba alguna causa que tenga como imputado a quien a futuro puede ser un Pájaro Cantero o Monchi Machuca de hoy. Si el Poder Judicial no trabaja bien, el sistema conclusional corre el riesgo de que se vuelva una amnistía encubierta para miles de imputados.
A veces no hace falta que todo sea nuevo. Barraguirre, por ejemplo, les pasó el trapo a sus antecesores con las mismas herramientas. La causa Monos, que llegó al hecho inédito de procesar a 36 personas, no requirió leyes nuevas, poderes especiales ni endurecer condenas. Las herramientas estaban, sólo había que usarlas. Ambas situaciones hacen dudar de que sea necesario entrar al laberinto de cargos y reparticiones nuevas con el que se enreda el Ministerio de Seguridad de la provincia, como ocurrió ahora con la creación de una Secretaría de Armas.
Mientras tanto, el nuevo sistema penal marcha. Sus bondades se ven en casos como el de la mujer de 77 años que mató al ladrón en su casa. En 8 días se le dio resolución a una causa que antes demandaba años de papelería, concurrencia a tribunales, tiempo de empleados y jueces y notificaciones. Ahora la reforma policial pasa a ser clave, de lo contrario el sistema será muy ágil pero el nivel de esclarecimiento de delitos seguirá siendo bajo.
El paso a paso de Bonfatti
La seguridad pública es una especie de geiser que salta hoy aquí y mañana allá. Esta semana fue en la convulsionada Villa Gobernador Gálvez, ciudad que vive en crisis política permanente, con una red institucional muy débil y un intendente que ya no es el que otrora se ufanaba de ser la garantía de tener bajo “control” a “sus negritos”. Tampoco pudo recrear sus aceitados vínculos con la Policía local, a cuyos comisarios ya no elogia como antaño.
El año empezó con una proyección de homicidios y violencia que supera las aterradoras cifras de 2013. Rosario es el ejemplo extremo de una realidad que conmociona en cada ciudad y provincia del país.
Fuera de la seguridad pública que está complicando a todas las gestiones de todos los niveles, en otros frentes a Bonfatti le va bastante mejor.
Cerró el acuerdo salarial con estatales sin conflicto, resultado de la convergencia de una propuesta realista y una dirigencia gremial con objetivos muy claros: recuperar poder adquisitivo pero también cuidar lo que se ganó antes.
En el frente legislativo, Bonfatti está a la espera de la autorización de crédito público por 982 millones de pesos para acueductos y penitenciarias, todas obras ya avaladas por la oposición.
Además, sorteó con éxito las objeciones de la oposición y repuso tres directores de ineludible filiación oficialista en el Ente Regulador de Servicios Sanitarios. El Frente Progresista termina haciendo lo que antes criticaba, pero es despampanante la hipocresía con la que se escandalizan algunos diputados del PJ que no quieren acordarse lo que hacían cuando eran gobierno.
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