Un juez federal del Estado de Texas, accedió al pedido de 26 gobernadores republicanos, decidió poner un freno a las medidas migratorias adoptadas por el presidente estadounidense, Barack Obama, y suspendió temporalmente un decreto que permitía la legalización de cerca de 5 millones de indocumentados, en una decisión que será apelada por la Casa Blanca, que la consideró contraria “al sentido común”.
El fallo del juez texano, Andrew Scott Hanen, se conoció el lunes pasado, justo antes de que se iniciara hoy el programa destinado a dar permisos de trabajo e impedir la deportación de millones de jóvenes indocumentados, conocido como “Acción Diferida para Llegados en la Infancia (Daca, sus siglas en inglés).
La Casa Blanca rechazó el dictamen de Hanen y anunció que apelará la medida, señalando que “la Corte Suprema y el congreso dejaron en claro que el gobierno federal puede establecer las prioridades en la aplicación de nuestras leyes migratorias”.
La medida temporal del juez texano responde a la demanda presentada por 26 estados (entre ellos Texas) que se oponen a la orden ejecutiva anunciada a finales del mes de noviembre pasado a la cual consideraron inconstitucional y que de aplicarse implicaría grandes costos para los presupuestos locales.
Ante la noticia, el gobierno mexicano emitió un comunicado en el que lamentó la suspensión temporal del programa de Acción Diferida así como también el destinado a los padres indocumentados de hijos estadounidenses (Dapa, sus siglas en inglés), que debía entrar en vigor en el mes de mayo próximo.
En la misma línea que México, lo hizo el gobierno de Guatemala. Por su parte, una organización de Jóvenes indocumentados de El Salvador, reconocieron que ha sido “un duro golpe”.
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