Vecinos de barrio La Bombacha –ubicado en Schweitzer al 8200, en Fisherton Norte– temen ser desalojados. Según denunciaron, hace dos semanas recibieron notificaciones judiciales con órdenes de desalojo por parte de la empresa Aldea Sociedad Anónima, propietaria de algunos de los terrenos. El conflicto es de vieja data, ya que en 2004 se vivió una situación similar, y su reaparición volvió a poner en alerta a los habitantes de la zona, unas 2.500 familias en total. Las partes, junto al municipio, fueron a una audiencia convocada por el Juzgado de Circuito de la 4ª Nominación Civil y Comercial donde se evaluó la situación y quedó en realizarse una nueva reunión para el próximo 1º de junio.
Frente a esto, la Concejalía Popular comenzó a acompañar y asesorar legalmente a los vecinos. Su titular, Nire Roldán, contó: “Junto con los vecinos el jueves pasado concurrimos a una audiencia a la que también asistió la Municipalidad y gente del Concejo Municipal”. “Allí se vio un intento muy claro desde la parte actora de llevar adelante un juicio. Es la parte privada que se llama Desarrollo Aldea, que plantea el desalojo de unos terrenos, además de algunos otros espacios”, explicó.
“Hay gente que hace más de veinte años vive en ese lugar, gente que antes que se presentara ese desarrollo urbano en la zona ya estaba viviendo y que de ninguna manera puede ser desalojada. Yo recuerdo que en el año 2004 junto con otros concejales pudimos frenar un intento de desalojo similar. En aquella ocasión se establecieron acuerdos de partes en conjunto entre los desarrolladores y la Municipalidad donde iban a tratar de buscar una relocalización. Hoy eso es muy distinto ya que en aquel momento eran 35 familias y hoy estamos hablando de una realidad totalmente distinta”, añadió.
Notificaciones
Hace dos semanas comenzaron a llegar notificaciones que tomaron por sorpresa a los vecinos. “Estamos hablando de un juicio que tiene muchos años. Lo que ahora quieren es volver a intentar el desalojo del lugar. Lo que aquí hay que desarrollar es un acuerdo de partes, una nueva urbanización y un nuevo desarrollo. Vamos a intentar evitar cualquier tipo de desalojo, garantizar un censo claro de cuánta gente está allí, hacer un mapeo territorial, y tratar de ver qué solución o qué desarrollo urbano se va a realizar allí”, siguió.
“Ya se convocó a una nueva audiencia para el 1º de junio donde se va a discutir la forma. Existe un decreto de 2004 que plantea establecer una relocalización de las familias, un programa y un desarrollo para toda esa zona. Eso hoy no está en marcha y hay que plantear eso. En la asamblea que realizamos había más de 500 personas, familias, hijos, de un barrio que en aquel momento eran sólo chapas. Hoy estamos hablando de un barrio consolidado donde además pagan la tarifa eléctrica y demás impuestos. Hay una parte del terreno que es de Aldea y hay otras donde hay propietarios individuales, otros están sobre terrenos municipales, por supuesto que hay una diversidad muy importante”, continuó Roldán.
Por su parte, Paola González –quien vive en el barrio hace quince años– contó que cuando llegaron a la audiencia “nos enteramos que la jueza no estaba enterada de nada, al igual que la Municipalidad”. “A nosotros el propio municipio nos estuvo haciendo mejoras, pasa el recolector de basura, pagamos la luz, no es un asentamiento precario, de ninguna manera”, aclaró.
“Las órdenes que recibimos llegaron desde el mismo juzgado porque al parecer activaron un expediente de 2004 y ahora están reclamando algunos terrenos. La mayoría de los que vivimos acá tenemos casas con materiales, es más, la propia Municipalidad nos pidió que a la hora de construir respetemos los cuatro metros de frente. Estamos preocupados. Vamos a ver cómo sigue esto”, remarcó.
Por último, el director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, Alejandro Schwartzman, fue quien participó de la audiencia en representación del municipio. “Lo que hice fue elevar un informe con un relevamiento de los datos que hay sobre la situación y a partir de ahora el tema está siendo procesado en otros niveles”, explicó a este diario.
Está en los planes
Durante la inauguración del período de sesiones ordinarias de este año en el Concejo Municipal, la intendenta Mónica Fein hizo especial hincapié en una inversión de 1.000 millones de pesos para obras de infraestructura en barrios con financiamiento nacional, provincial, fondos propios y créditos de organismos internacionales. Allí, mencionó que se llevarán a cabo intervenciones, entre otros barrios, en La Bombacha. “Vamos afrontar el problema y lo vamos a resolver. El desalojo no es el camino sino la inclusión”, dijo en aquella oportunidad.
Nación frenó la construcción de viviendas en el ex Tiro Federal (Rondeau al 2900)
“El Procrear que estaba previsto para el predio donde anteriormente se encontraba Tiro Federal está suspendido, por eso solicitamos que busquemos en conjunto un programa para poder desarrollar ese lote”, indicó ayer la intendenta Mónica Fein, luego de una recorrida por diversos despachos nacionales para avanzar en gestiones relativas a viviendas.
De las reuniones que mantuvo con diferentes funcionarios, Fein se trajo algo seguro: el actual gobierno central decidió paralizar el proyecto de construir viviendas en los terrenos de Rondeau al 2900, que son del Ministerio de Defensa de la Nación y estaban ocupados por el Tiro Federal Argentino.
La administración de Mauricio Macri no avanzará con la construcción de 360 viviendas a través del Plan Procrear, tal como se había proyectado durante el gobierno de Cristina Kirchner. Esta confirmación Fein la escuchó de boca del secretario general de la Anses, Alejo Maxit. Ante ello, se acordó que continuarán las conversaciones para buscar otras alternativas de urbanización.
No queda en claro qué destino le dará el actual gobierno a esos terrenos, que el año pasado fueron liberados para darle paso al desarrollo inmobiliario. El club Tiro Federal Argentino se mudó a un predio de Capitán Bermúdez y el lindero club Banco Nación también trasladó sus actividades a otro sector, en la misma zona.
Fein mantuvo una reunión, de la que participó también el presidente del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat, Raúl Álvarez, con el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, quien manifestó su voluntad de concretar una pronta visita a la ciudad para evaluar propuestas y soluciones integrales a la problemática de la vivienda.
“Con todo, en la reunión con Amaya quedó formalizado el inicio del trabajo articulado entre los tres niveles del Estado para la planificación y ejecución de las viviendas que forman parte del reciente acuerdo suscripto por la Gobernación, en cuyo marco se estiman unas 300 unidades para Rosario”, se informó oficialmente.
Puerto Norte
La mandataria se reunió también con el director de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, para abordar la problemática situación del terreno ubicado en avenida Francia entre Caseros y Junín, en Puerto Norte, propiedad del Estado nacional y actualmente ocupado en forma irregular por unas 70 familias en relación a las cuales surgió un fideicomiso privado que reclama en la Justicia la propiedad de esas tierras.
Fein y Lanús acordaron avanzar en la conformación de un fideicomiso y en el diálogo con las familias involucradas en busca de soluciones para ellas, más allá de la estrategia legal para hacer frente a una maniobra judicial de clara especulación inmobiliaria.
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