El dirigente social Juan Grabois volvió a denunciar este miércoles que “funciona un Estado paralelo” en el territorio adquirido “de manera fraudulenta” por el magnate inglés Joe Lewis y alertó que existe “complicidad” de parte del gobierno de Río Negro en la imposibilidad de la ciudadanía de acceder a las costas del lago Escondido, en una conferencia de prensa que ofreció tras finalizar un acampe de 24 horas en esas tierras, en defensa de la “soberanía nacional”.
“Es territorio de nuestra Patria y tenemos la obligación de defenderlo porque las Malvinas son argentinas y el lago Escondido también”, sostuvo Grabois, integrante de una delegación del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que viajó al lago Escondido y para reclamar la recuperación de esas tierras “como parte del territorio nacional” y el cumplimiento de un fallo judicial que obliga a garantizar el libre acceso de la población a ese espejo de agua.
Durante el acampe, los dirigentes del MTE denunciaron haber recibido “amenazas verbales y amedrentamiento” por parte de personas encapuchadas que supuestamente trabajan para Lewis y acusaron a esa “patota de seguridad” de haber intentado impedirles salir del lugar cuando intentaron retirarse.
“Hubo momentos de tensión porque están acostumbrados a funcionar como un Estado paralelo: la patota de Lewis, una caballería surrealista, con fustas, y la Policía de Río Negro; pero pasó algo interesante, cuando plantamos bandera se tranquilizó la situación”, contó Grabois.
Lewis posee cerca de 12 mil hectáreas en Lago Escondido, un paraje ubicado en la zona cordillerana de Río Negro, y, desde 2005, el magnate se encuentra en conflicto con las leyes argentinas.
La Cámara de Bariloche le ordenó este año a la provincia de Río Negro que, en un plazo de tres meses, garantice a la población el tránsito por un camino de acceso al lago Escondido, lindante con la propiedad de Lewis.
Sin embargo, el gobierno de Arabela Carreras decidió apelar ese fallo ante el superior Tribunal de Justicia de la provincia.
La Justicia de Bariloche ratificó de esta forma un fallo de 2013 que ordenó habilitar ese sendero cordillerano, en una causa que se inició 17 años atrás.
Según el Código Civil de la República Argentina, los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2.340), mientras que la Constitución de la provincia de Río Negro “asegura” el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).
En abril pasado, la Inspección General de Justicia (IGJ) requirió la intervención judicial de la firma Hidden Lake SA, propiedad de Lewis, por considerarla una “pantalla jurídica” para “frenar la aspiración” de cualquier persona a acceder al lago Escondido.
“Están obsesionados por mantener el lugar como un especie de escondite. Por ahí pasó (el expresidente Mauricio) Macri, por ahí pasan los jueces de la Corte Suprema, los principales políticos vendepatria, jefes de seguridad, los dueños de los medios monopólicos; funciona como una Casa Rosada paralela y van decidiendo los destinos” de la Argentina, reflexionó.
Además, el dirigente ironizó sobre la facilidad con la que el grupo pudo ingresar a las tierras que rodean el lago y, en cambio, “no pueden llegar las fuerzas de seguridad”, para que finalmente “se acate lo dispuesto por la Justicia”.
“Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Vinimos con un objetivo que era pasar 24 horas en territorio nacional de Lago Escondido. Los lagos son propiedad y patrimonio de todo el pueblo y nadie tiene derecho de cerrar accesos. Vamos a volver a hacerlo todas las veces que sea necesario acá y en cualquier otro territorio donde se viole la soberanía nacional”, afirmó Grabois.
También, a través de un comunicado, el MTE detalló que en el lugar sufrieron “amenazas verbales y amedrentamiento de personas encapuchadas, movilización de patoteros a caballo, con perros y escoltados por la Policía de Río Negro y cercamiento de terreno para impedir la salida de un grupo que debió abandonar el lugar por razones de fuerza mayor”.
Denunciaron además que fue cortada la señal de telefonía celular de todas las empresas y consideraron que se trató de una “forma de amedrentamiento”.
Finalmente indicaron que el objetivo de la permanencia apuntó a lograr que “los gobernantes nacionales, provinciales y locales se comprometan a cumplir con el fallo judicial que obliga a abrir el camino público al lago”.
“Para que deje de ser la sede del Estado paralelo, donde solo llegan algunos serviles al poder real para hacer negociados espurios contra nuestra soberanía, y se convierta en un lugar de libre acceso para el pueblo”, concluyeron.
La delegación estuvo compuesta, además de Grabois, por el diputado nacional de Patria Grande en el Frente de Todos Federico Fagioli; abogados, trabajadores de prensa y representantes de organizaciones sociales.
“Esto fue una acción 100% pacífica de un grupo de compatriotas que estamos convencidos que hay que defender la soberanía de nuestro país y que rechaza la idea de que fuerzas y magnates extranjeros se apropien de nuestra Patria, de nuestros lagos o de nuestras islas. Estamos convencidos que, como argentinos y argentinas, tenemos que dar la discusión necesaria para que nuestra soberanía se respete, para que todos podamos acceder a la costa de nuestros lagos y le pongamos un freno a la impunidad de estos magnates”, tuiteó este martes el diputado Fagioli.
El camping se montó sobre las playas de piedra de la costa del lago, a distancia de la mansión de Lewis, donde se alojaron en un viaje que derivó en escándalo jueces federales, un ministro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y directivos del Grupo Clarín, que en apariencia fueron los anfitriones del retiro que está siendo investigado por la Justicia federal de Río Negro.
La “solución Espert”: denunciaron al diputado por pedir “bala a los manifestantes”
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció penalmente este miércoles al diputado nacional José Luis Espert por instigación a la violencia luego de que pidiera públicamente “cárcel o bala” contra el dirigente social Grabois y quienes izaron una Bandera a orillas del lago Escondido.
La denuncia fue presentada este miércoles por el secretario nacional Horacio Pietragalla Corti a partir de un mensaje en Twitter en el que Espert reclama “Cárcel o bala para estos delincuentes”, en referencia a un tuit en el que Grabois difundió la protesta con acampe.
En la presentación, el secretario de Derechos Humanos destacó la “peligrosidad y el carácter antidemocrático” del mensaje de Espert, “especialmente teniendo en cuenta la reiteración de estas conductas y que quien difunde estas expresiones violentas sea un diputado nacional”.
Este tipo de declaraciones se encuentran prohibidas por el artículo 209 del Código Penal, que pena a quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”, fundamenta la denuncia que quedó radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, cuestionada por su papel en la investigación del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La Secretaría de Derechos Humanos recordó en su escrito que en septiembre ya denunció a Espert por un mensaje similar, en el que pidió “Código Penal, artículo 181, delito de usurpación. Cárcel (6 meses a 3 años) o bala” para miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), quienes reclamaban en el Ministerio de Trabajo.
Esa causa recayó en el Juzgado Federal 8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo Marcelo Martínez De Giorgi, quien decidió archivarla pocos días después.
“Es evidente que la falta de respuesta judicial adecuada ante expresiones que configuran el delito de instigación pública por parte de un diputado nacional genera su repetición. En un país con alta conflictividad social y política, que se encuentra obligado a respetar el derecho humano a la protesta social, que un representante del pueblo instigue públicamente a matar a quien protesta no puede quedar sin sanción judicial”, señaló la presentación.
Además –según informó un comunicado del área que encabeza Pietragalla Corti– la Secretaría de Derechos Humanos puso en conocimiento de esta situación a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación para que se adopten “las medidas necesarias para sancionar este tipo de declaraciones y evitar su repetición”.
La acción judicial había sido adelantada por Pietragalla Corti en su cuenta de Twitter: “No podemos permitir nunca más que un diputado nacional promueva la violencia política en nuestro país”, advirtió.
En ese marco, el funcionario añadió: “El señor @jlespert sigue incentivando la violencia y el delito! Pedir «bala» es de fascista y si no fuera por la mafia judicial de nuestro país usted ya estaría procesado!”. Y advirtió en tono directo: “Es usted una persona peligrosa para nuestra democracia!”.
Espert tuiteó “cárcel o bala para estos delincuentes” desde su cuenta de personal, en referencia a un posteo del dirigente Juan Grabois, quien había subido una foto con la leyenda: “Ya izamos la Bandera en territorio nacional ¡Recuperemos lo nuestro!”, desde la costa del lago Escondido.
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