El juez correccional Rodolfo Zvala encabezó ayer un relevamiento del predio de cinco hectáreas que, ubicado en la zona de bulevar Avellaneda al 4200, permanece tomado desde mediados de enero pasado. El objetivo del magistrado, quien ordenó planimetrías, la identificación de quienes se asentaron en el sitio y otras medidas, es determinar si lo que allí ocurre se encuadra en la figura jurídica de usurpación o en la menos grave de ocupación. En el primer caso corresponde que actúe el fuero penal, con la facultad de dictar el desalojo del territorio, y en el segundo el conflicto debería definirse –aun con el mismo objetivo por parte de los damnificados– por la vía civil. La propiedad del espacio bajo conflicto corresponde en parte al gremio estatal UPCN, otro sector pertenece a una sociedad formada por los sindicatos de petroleros Supe, del Hielo y del Correo, un tercero a la Municipalidad y el restante al privado Marcos Leone. Excepto en el último caso, el uso previsto del suelo apunta a la construcción de viviendas. Pero la carencia habitacional es también lo que argumentan quienes hoy se resisten a abandonar el lugar.
“Por lo menos algo empezó a moverse”, expresó con moderado tono de satisfacción el delegado regional del sindicato UPCN en Rosario, Néstor Audero. El dirigente adelantó que la semana que viene se reunirá con el secretario de Estado de Hábitat de la provincia, Gustavo Leone. Allí le planteará al funcionario que, si no se consigue la devolución de los terrenos, el Estado santafesino compense a la organización obrera con otro espacio donde levantar viviendas para sus afiliados.
Desde los petroleros del Supe, el secretario general de la filial Rosario, Julio César García, dijo que no podía definir una posición hasta tanto no hablar con el resto de los gremios con los que comparte la propiedad de parte del predio de Avellaneda al 4200: el del Hielo y el de Correos. El lunes próximo, señaló, se reunirían los tres socios para decidir cómo actuar.
El conflicto por el asentamiento sobre la zona suroeste ya pasó por varias instancias judiciales: primero lo tuvo a cargo el juez en lo correccional de la 5ª Nominación, Carlos Leiva, quien resolvió desestimar la denuncia que había presentado UPCN y archivó el caso bajo el argumento de que se trataba de un “reclamo social”. Pero, ante una apelación, la sala I de la Cámara Penal de Rosario revocó esa decisión por “prematura” y ordenó continuar la investigación por los posibles delitos de “amenazas, violencia, engaño o abuso de confianza”. Sin embargo, direccionó la reapertura de la instrucción hacia la 6ª nominación, que se hallaba en feria judicial al momento de las incursiones iniciales protagonizadas por más de 200 familias. Zvala, desde diciembre al frente de este segundo despacho, concurrió en la mañana de ayer al lugar junto con la fiscal Cristina Herrera, apoyo policial y representantes de los gremios que son propietarios parciales de la zona ocupada.
La fiscal detalló que la inspección se organizó junto con la división Planimetría de la Policía Científica. Mediante el asesoramiento de un agrimensor y el auxilio de los referentes gremiales se delimitaron así los terrenos de los cuatro damnificados por los asentamientos, y la identificación de los grupos que se encuentran en cada una de las esas propiedades.
El juez Zvala informó que el objetivo del procedimiento es determinar qué figura corresponde a la situación. Para que se dé el delito de usurpación tiene que haber una acción violenta, clandestina o daño, explicó. “En cambio, si se está ante un terreno baldío sin alambrar, desocupado y gente que ingresa sin ejercer violencia, estaríamos ante una ocupación, donde el titular puede intentar el desalojo por la vía civil, no penal”, completó el magistrado.
Los datos obtenidos no están procesados, pero en principio fuentes policiales hablaron de que en los terrenos observaron alrededor de 80 grupos, que pueden o no corresponder a otras tantas familias.
Las primeras incursiones ocurrieron a mediados de enero de este año. Se trataba de grupos que provenían de los barrios Vía Honda, Santa Lucía, Acindar, Alvear, Villa Cariñosa y 27 de Febrero. A los pocos días, las gestiones políticas de la provincia y la Municipalidad derivaron en el retiro voluntario de la mayoría de los ocupantes, a los que se censó y prometió abrir negociaciones caso por caso para ofrecer una solución parcial a los reclamos.
De todos modos, un grupo de ocupantes permaneció en el sitio, y luego se sumaron otras personas sin que el conflicto se resolviera.
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