Edición Impresa, Política

Auditoría sobre la autopista Santa Fe-Rosario

El senador provincial y precandidato a gobernador Juan Mercier presentó un proyecto para que se investigue la concesión del corredor vial.

Juan Carlos Mercier, senador por el departamento La Capital y precandidato a gobernador por el PJ, pidió una auditoría del Tribunal de Cuentas sobre la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario.

Mercier presentó ante la Legislatura un proyecto de resolución por el cual solicita al Tribunal de Cuentas de la provincia que realice una auditoría integral de los distintos procesos de concesión encarados por el gobierno de Hermes Binner: desde el período en que se firmaron las sucesivas prórrogas al ex concesionario Aufe –hubo una en 2009 y otra en 2010– hasta la adjudicación realizada en noviembre del año pasado a las empresas Milicic SA, Laromet SA, Obring SA, Pecam SA, Rovial SA y Vial Agro SA, pasando por la contratación directa por 180 días a Consorcio Vial SA, gestión que le valió fuertes críticas al gobierno socialista por parte de la oposición e incluso de sus aliados del Frente Progresista.

En su proyecto, el senador reutemista pide que se verifique si hubo violaciones a lo que dispone, en materia de contrataciones, la ley 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado. También exige que se determine la legalidad del proceso licitatorio “considerando que desde el Poder Ejecutivo provincial se sostiene que la norma legal que lo autorizó a otorgar en concesión a título oneroso el mencionado corredor vial, mediante cobro de peaje, fue la ley 11.157, siendo que la misma tenía un objeto único, preciso e irrepetible: aprobar el trámite licitatorio realizado por el Ejecutivo y tramitado en el expediente 00601-0002182-4”, es decir, la concesión a favor de Aufe en 1994, cuando Mercier era ministro de Hacienda de Carlos Reutemann.

Ese último punto generó una fuerte polémica el año pasado. En su iniciativa, el senador por La Capital también pide que el Tribunal de Cuentas determine sobre la competencia del Poder Legislativo para autorizar el proceso, previo a su realización, o aprobarlo una vez realizado, “habida cuenta que las mismas no tuvieron intervención previa ni posterior para autorizar el acto de concesión que se ha resuelto”. Cuando se resolvió la última adjudicación, los senadores del PJ reclamaron que el tema debía pasar por la Legislatura con el argumento de que Binner no podía echar mano a la misma ley que había autorizado la adjudicación inicial a favor de Aufe. Por último, Mercier pide en su proyecto de resolución que el Tribunal de Cuentas verifique si “los sucesivos concesionarios han cumplido con sus obligaciones”.

“Considerando la persistente negativa de las autoridades del gobierno provincial y sus representantes en ambas cámaras legislativas, de posibilitar el funcionamiento de la Comisión Legislativa de Control y Revisora de Cuentas, prevista en la ley 12.510, motivo por el cual han quedado sin analizar en la presente gestión, además de otros actos y documentos, las observaciones legales a innumerables actos administrativos del Poder Ejecutivo emanadas del Tribunal de Cuentas de la provincia, amerita esta resolución el impedimento sistemático a los legisladores para que puedan ejercer la acción de control de los actos de gobierno para la que fueron elegidos”, fundamentó Mercier.

La concesión directa a favor de Consorcio Vial, a mediados de 2010, fue uno de los episodios políticos más controvertidos de la gestión del Frente Progresista. Los diputados del PJ, encabezados por el kirchnerista Luis Rubeo, presentaron una denuncia penal contra el ministro de Aguas y Servicios Públicos Antonio Ciancio. Tras la adjudicación a la actual concesionaria, la filial Santa Fe de la ONG Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur interpuso un recurso para que se suspenda el cobro de peaje apelando a argumentos idénticos a los esgrimidos antes por los legisladores de la oposición.

En el final de los fundamentos de su proyecto de resolución, Mercier recordó “la repercusión pública que el acto de adjudicación tuvo y que incluso llevó a una ONG a presentar un recurso administrativo para que se retrotraiga la adjudicación definitiva de la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario y se deje de cobrar peaje, por haber llamado a licitación sin haberse sancionado una ley que así lo autorice”.

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