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Casta a los dos lados del mostrador

Auditoría de la Nación: Macri le regaló US$ 200 millones a concesionaria vial que era socia de Socma

Fue por una demanda mal presentada ante el Ciadi e inflada en monto que cursó la española Abertis, dueña de Autopistas del Sol. Hasta poco antes, la firma de la familia del ex presidente había sido su socia. Vendió sus acciones luego de que, desde el propio Gobierno, le habilitaran un tarifazo


La Auditoría General de la Nación (AGN) concluyó en un tajante informe la suma de graves irregularidades que el Gobierno de Mauricio Macri cometió en el contrato que le firmó a la española Abertis, hasta hacía poco socia de Socma –empresa familiar del ex presidente– en la concesión del acceso Norte. Un “regalo” de 200 millones de dólares sin pasar por los controles estatales que fija la ley, extensión de concesión 10 años más de lo que marcaba el contrato basada en un reclamo inflado y mal presentado por supuestos atrasos tarifarios, y venta de acciones que Socma tenía en el consorcio después de que desde el mismo Ejecutivo le otorgaran un exhorbitante aumento de los peajes.

Abertis controla los peajes del acceso Norte mediante la firma Autopistas Del Sol SA (Ausol), en la que el Grupo Socma de la familia Macri tuvo parte del paquete accionario hasta 2017. Ese año, se desprendió de su participación societaria luego de que el Gobierno de Cambiemos, en el marco de sus tarifazos, le habilitara una suba del 400% en el valor de los peajes y, con ello, la mejora en la cotización de los papeles. La causa que investiga esas irregularidades del ex presidente-empresario nunca avanzó en la justicia.

Macri le firmó en 2018 a Ausol una extensión del contrato de concesión hasta 2030, cuando el vencimiento era en 2020. Fue una presunta “renegociación” originada en el cierre de un arbitraje ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial) que Abertis inició apenas tres días antes del inicio del Gobierno de Cambiemos. El acuerdo pasó por alto varios controles y advertencias que hubieran beneficiado al Estado nacional. Por ejemplo, lo que había determinado la Procuración del Tesoro de la Nación: que la española debió iniciar su demanda ante los tribunales argentinos y no ante el CIADI  la asunción de había iniciado tres días de la asunción de Macri.

La demanda, en definitiva, fue la excusa perfecta para que el gobierno de Macri extendiera el contrato y le pagara con dinero público una cifra millonaria en dólares que según la AGN fue muy superior, incluso, a la que el propio consorcio español había reclamado. “La DNV (Dirección nacional de Vialidad) le reconoció a Ausol 540,5 millones de dólares mientras que Abertis SA había realizado un reclamo por 358,6 millones en su demanda ante el Ciadi”, señala el informe de la Auditoría.

El análisis agrega que “no se encuentra debidamente justificado el criterio adoptado para afirmar el carácter económicamente ventajoso del Acuerdo alcanzado, ni para considerar como parámetro en el proceso renegociador los montos reclamados por el accionista extranjero en una demanda ante el Ciadi”. Una cifra que, además, no se menciona en las actuaciones del expediente de renegociación. La sospecha es que la española simuló un reclamo de más de 1100 millones de dólares para justificar el monto finalmente cedido por el Gobierno de Macri.

La AGN detalla las irregularidades. “No se constatan en las actuaciones administrativas elementos que fundamenten técnicamente la determinación del monto de 540,5 millones de dólares reconocido”, indica, y más: “Del expediente de renegociación se constata como único criterio para fundamentar el monto acordado, el argumento de que la cifra es inferior a los tres escenarios presentados (que además no estaban elaborados en ese momento sino que se confeccionaron después) y al importe reclamado por el accionista extranjero ante el Ciadi”.

La Auditoría, según la publicación del portal LPO, cuestionó a la vez que la administración cambiemista no hiciera intervenir, como marca la ley, a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Congreso, sobre todo porque era claro que se estaba ante un potencial conflicto de intereses dado que la reclamante fue socia de la empresa Socma del entonces presidente. Lo que se dice popularmente: Macri en los dos lados del mostrador.

Tampoco, abunda el informe, se dio intervención al Ministerio de Hacienda y Finanzas, lo que indicaba justamente un decreto del propio gobierno de Macri. En cambio, sólo intervino el Ministerio de Transporte que conducía Guillermo Dietrich. Y hay más: la intervención obligatoria del Órgano de Control fue después de que todo había sido sellado y firmado.

 

Un negocio redondo para el privado, funesto para el Estado

La AGN reveló que el acuerdo de extensión de la concesión firmado por Macri ni siquiera “asegura inversiones en obras”, por lo que, en la práctica, sólo le aseguró ganancias extraordinarias a Abertis. “El PEF (plan económico financiero) pasó de ser un instrumento para el seguimiento de la rentabilidad de la Concesión, a convertirse en uno de aseguramiento de la misma“, indica el informe.

En ese apartado, repasa la AGN, no hay justificación técnica para otro regalo: la garantía dada a Abertis para recibir un interés o remuneración anual del 8% por la Inversión no amortizada, lo que implica una TIR (Tasa Interna de Retorno, porcentaje de ingresos que se obtiene por una inversión) del 8% en dólares, sumada al recupero de la inversión no amortizada neta prevista en no menos del 7,69% anual. Sólo a partir de esas ganancias aseguradas, según la renegociación, la empresa estaba obligada a hacer obras en la autopista.

Otros cuestionamientos de la Auditoría refieren a las cláusulas sobre resolución de controversias que fueron incorporadas al nuevo contrato. Es que, dice el informe, “no garantizan el carácter definitivo del acuerdo, permitiendo al concesionario la posibilidad de dar por terminado el contrato y reclamar sin limitación alguna lo que considere como incumplimientos”. También señala ítems que vulneran los derechos de los usuarios en materia tarifaria y elimina el derecho de los usuarios al “levantamiento de la barrera cuando se supera un tiempo máximo de espera o se generan filas de más de 15 vehículos”.

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