Colegio de Profesionales de Trabajo Social (*)
Desde la Red Argentina de Investigación sobre Asistencia Social (Raias), hace años que insistimos sobre la importancia de pensar la asistencia social en clave de derecho social: cuando decimos derecho a la asistencia, hablamos del acceso irrestricto a una diversidad de prestaciones, servicios, normativas, así como a un conjunto de organizaciones y actividades –de carácter material, económico o técnico– cuya finalidad es la atención de todos los miembros de la sociedad ante circunstancias que hacen peligrar la integración social.
Nos hemos topado, en el camino, con todo tipo de argumentos reaccionarios, de base racista o clasista, que se asientan en el falso dilema de “la caña o el pez”. Hoy, la pandemia del Covid-19 evidencia con crudeza esa falacia: no hay meritocracia que nos proteja, todes fuimos arrojades a la misma ruleta. Eso sí, no todes tenemos la misma cantidad de fichas para jugar en este paño.
En estos días de aislamiento preventivo y obligatorio seguramente hemos pensado y escuchado acerca de las posibles derivaciones a futuro de nuestras formas de vida en sociedad. Nadie puede dar certezas, pero no podemos negar que la pandemia ha develado muchas cuestiones complejas de nuestro funcionamiento ordinario. De entre todas esas cosas, aquí nos gustaría subrayar la centralidad que adquiere lo asistencial en la Argentina actual.
La pandemia del Covid-19 trastoca muchos supuestos naturalizados respecto de la Asistencia Social. En primer lugar, muestra que “lo asistencial” no tiene que ver sólo con algunos problemas de algunas personas en algunas situaciones, sino que, antes bien, es una necesidad del conjunto de la sociedad para sostenerse como tal. Es un requisito fundamental para que una sociedad permanezca sociedad, no se des-integre.
La idea repetida como mantra pandémico de que “nadie se salva solo”, hasta ilustrada en spots publicitarios que emulan un partido de fútbol que jugamos entre todes, fue, sin embargo, una cuestión no sólo desestimada sino contrarrestada por décadas de fomento a la meritocracia, el esfuerzo individual, las historias de superación. Tras décadas de culto al neoliberalismo, un virus nos demuestra que es imperioso organizar en nuestro país un sistema que garantice las prestaciones asistenciales, porque todes, pero todes, en determinadas circunstancias, requerimos la asistencia estatal.
En efecto, el gobierno nacional dispuso un conjunto de medidas tendientes a paliar la gravedad de la situación para una gran cantidad de personas impedidas de trabajar por las restricciones a la circulación; personas que en su mayoría desarrollan actividades en condiciones de precariedad y/o informalidad. Para ello echó mano a las estructuras de política pública que permiten una llegada rápida y eficaz a la población: la Ansés, el Ministerio de Desarrollo Social, las organizaciones sociales, los sindicatos y las iglesias son convocados.
Sin embargo, los enormes esfuerzos en este sentido encuentran un límite en la falta de un sistema integrado que nuclee, organice y normatice las prestaciones asistenciales. Pareciera ser la Ansés la institución más relevante para la transferencia de recursos monetarios, transferencia que es prioritaria y crucial. Pero la pandemia demuestra que a las prestaciones dinerarias hay que sumarle muchas otras para garantizar, por ejemplo, el derecho al resguardo por medio del aislamiento. Hablamos, por ejemplo, de políticas de cuidado; de políticas de atención a crisis subjetivas; de políticas de atención a la violencia de género; de políticas habitacionales.
¿Cómo podrán los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad cumplir con las medidas de aislamiento? No se trata sólo de que las condiciones de vida influyen directamente sobre las posibilidades de contagio –pues la circulación del virus en contextos de hacinamiento es un hecho– sino porque para acceder a algunas de las prestaciones asistenciales es preciso recorrer determinados circuitos que, las más de las veces, suponen el acompañamiento de otres: no todo se resuelve con una app. ¿Es posible quitarle el cuerpo al trabajo asistencial? La respuesta es no.
Asimismo, y sin cuestionar las justificaciones sanitarias de la cuarentena preventiva y obligatoria, pareciera que el aislamiento representa una nueva amenaza, en la medida que empuja al individualismo, la desconfianza y hasta posibles actitudes defensivas frente al otre. La tarea asistencial nos plantea el desafío del encuentro, no sólo con los agentes del Estado sino también con les actores de la sociedad civil. Nos obliga a inventar modalidades del vínculo y de la solidaridad que fortalezcan el tejido social que justamente contrarresten las implicancias del aislamiento.
Porque el aislamiento desafía la propia construcción del lazo social. Pensar la Asistencia Social como derecho exige redefinir los fundamentos ciudadanos y éticos sobre los que sostenemos la vida en común y del valor que le otorgamos a la vida y a las personas, en definitiva, redefinir las formas concretas de garantizar la integración social. Esas bases, ha quedado demostrado, ya no pueden ser las del mercado, la competencia y el mérito. Esas bases, ha quedado demostrado, deben ser las de un proyecto social solidario e igualitario.
Por eso desde la Raias sostenemos la necesidad de debatir una ley nacional de Asistencia Social que garantice y siente las bases para organizar, a nivel nacional, el derecho a la asistencia. Que prevea las situaciones que deben ser asistidas y que defina las responsabilidades en lo diferentes niveles del Estado. Que establezca una base programática que articule efectivamente con las redes territoriales, estableciendo prioridades, responsabilidades diferenciadas, circuitos claros de acceso a las prestaciones.
La respuesta oportuna que felizmente vemos desde el Estado nacional a las situaciones de máximo desamparo que ya estaban antes, pero que el Covid-19 desenmascara, nos da la oportunidad de ponderar la relevancia política y estratégica de lo público. El Estado hace la diferencia. A la salida de la pandemia, cuando volvamos a “la normalidad”, el Estado tiene que seguir haciendo la diferencia. Por eso la asistencia no puede ser una excepción en la emergencia, no puede ser un hecho extraordinario. La Asistencia Social, con todo el abanico de prestaciones dinerarias, materiales, normativas y técnicas que implica, debe salir de la pandemia, travestida de ayuda a derecho social.
(*) Artículo elaborado con participación del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Santa Fe 2ª Circunscripción junto a otrxs integrantes de la Red Argentina de Investigación sobre Asistencia Social
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