Comenzó en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la capital de la provincia durante la última dictadura. El acusado en este caso es Horacio “Quique” Barcos, Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército durante 21 años y espía en ámbitos gremiales durante los años de plomo. La causa en su contra investiga los delitos de secuestro y tortura cometidos contra el matrimonio formado por Amalia Ricotti y Alberto Tur. Ricotti, que el viernes declaró ante los jueces, es la única víctima del juicio; su esposo murió en la década del 90.
“Quique” Barcos fue dirigente de la Uocra y cobró un sueldo como PCI entre 1976 y 1997. Trabajó en la administración pública en los años 80 –en distintas dependencias del Ministerio de Salud– y fue dirigente de la Uocra; antes, sobre el final de la dictadura, había participado en la comisión directiva de ATE, cuando el sindicato de los estatales estaba conducido por gremialistas cercanos a los jerarcas de la dictadura.
La Justicia tiene probado que Barcos encabezó el operativo de detención de Ricotti y Tur, en mayo de 1978, y que los llevó hasta un lugar cercano a la capital santafesina, donde sufrieron tormentos. El centro clandestino de detención aún no ha sido identificado; se especula que pudo haber estado ubicado en las afueras de Santo Tomé, al oeste de la capital santafesina, o en el distrito costero de La Guardia.
En octubre de 2007 Amalia Ricotti identificó a su captor en una rueda de detenidos; para entonces, ya había hecho dos denuncias: una en 1986 –antes de la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida– y la otra 20 años más tarde, después de derogadas las leyes de impunidad. Luego de la segunda denuncia, el 10 de octubre de 2006, la Policía detuvo a Barcos en su domicilio de Santo Tomé, por orden del juez federal Reinaldo Rodríguez, que llevó adelante la primera parte de la causa.
Ricotti y Tur permanecieron detenidos 15 días. En la audiencia del viernes, Ricotti declaró que Barcos la secuestró, la torturó y la violó. El acusado ya no estaba en la sala; había pedido permiso para retirarse. Ricotti también rememoró las veces que lo había visto en la calle, ya en democracia. “Varias veces había identificado a Barcos en la peatonal. Lo vi entrando y saliendo del edificio de la actual Subsecretaría de Seguridad Pública”, dijo, en referencia al inmueble donde antes funcionara Asuntos Internos de la Policía. También lo vio en cola del banco; en esa ocasión se animó a encararlo. “Vos sos Quique”, contó que le dijo. “Me contestó: «No señora, yo soy Horacio»”. Un día antes de la primera audiencia, la diputada Alicia Gutiérrez –querellante en el juicio que por estos días se desarrolla en Rosario– habló de las expectativas que le generaron este segundo proceso que llega a esta etapa en la capital santafesina: “Los organismos de derechos humanos y los que venimos peleando desde hace muchos años por verdad, justicia y condena, queremos que se condene a los responsables de estos delitos. Esto tiene un efecto benéfico sobre el resto de la sociedad. Que la sociedad vuelva a creer que quienes delinquen y matan, roban niños y les suprimen su identidad, tienen el castigo que se merecen”.
Gutiérrez también se refirió a los vínculos probados entre los jerarcas de la dictadura y algunos dirigentes gremiales, que colaboraron con la represión: “No nos olvidemos que gran parte de los desaparecidos eran trabajadores. En muchísimos lugares hubo denuncias, caso Mercedes Benz, de servicios de Inteligencia que se infiltraban dentro de las empresas, pero generalmente (los militares) recibían información de los gerentes de las empresas y luego se producían el secuestro o el asesinato de los militantes sindicales”.
Según los plazos estipulados por le tribunal, el juicio contra Barcos terminará el 31 de marzo. Se trata de un proceso demorado. El juicio debía realizarse en mayo del año pasado, pero fue pospuesto por las presentaciones del abogado defensor, Néstor Oroño, que cuestionó la designación del secretario del Tribunal Oral Federal, Daniel Laborde, como tercer juez en reemplazo de Ramiro Puyol, quien primero se excusó de participar del proceso –por estar emparentado con víctimas directas de la dictadura– y luego se jubiló. Los recursos de Oroño fueron rechazados y finalmente los jueces José Escobar Cello e Ivón Vella conforman, junto a Laborde, el tribunal.
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