La primera resolución del Consejo de la Magistratura del 2024 fija una convocatoria para cubrir tres cargos de vocal en la recientemente creada Cámara de Apelación de Ejecución Penal y Supervisación Carcerlaria. Este cargo fue formalizado por la Ley de ejecución de la pena privativa de la libertad (14.243) promulgada en diciembre pasado por el gobernador Maximiliano Pullaro.
Esta norma fija diversas disposiciones sobre la ejecución de la pena en lo que no esté legislado a nivel nacional aunque aclara que todo lo que tenga que ver con materia administrativa y procesal (que es facultad de las provincias) rige con exclusividad.
Dentro las finalidades esenciales que fija la norma se encuentran: “la reintegración social de la persona condenada, la reducción de la reincidencia y la protección de la sociedad”. Y refiere que para lograr el cometido de la ley faculta al Servicio Penitenciario a diseñar un “tratamiento penitenciario de acuerdo a las distintas tipologías delictuales y perfiles criminológicos, y conducirá por sí mismo todas las acciones que esta ley no encomiende a otro organismo”.
A partir del artículo 64 se dispone la creación de la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, integrada por tres vocales, dos con asiento en Rosario y uno en la capital provincial.
Dice la normativa que los funcionarios judiciales estarán habilitados para tratar las apelaciones que se presenten en materia de ejecución penal y habeas corpus de manera individual. Aunque fija que intervengan en pleno, es decir los tres vocales, en algunos casos como habeas corpus colectivos o a los que decidan avocarse por razones de gravedad institucional o seguridad jurídica entre otros casos que dispone la ley.
El Colegio de la Magistratura dio el primer paso para constituir la pata judicial de esta norma y llamó a concurso. Fijó un plazo de inscripción para los interesados desde el 7 al 22 de febrero y determinó la integración del cuerpo evaluador. Los titulares serán Fabio Mudry por el Colegios de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Leandro Ríos por los Estamentos académicos y Diego Fernando Rosua por el Colegio de Abogados además de designar cuatro suplentes.
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