Con una multitudinaria convocatoria de asistentes se realizó ayer por la mañana en la Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en Maipú y San Juan, la audiencia pública para definir las nuevas tarifas de Aguas Santafesinas (Assa) pedidas por la empresa, que contemplan un aumento del 89 por ciento. Más de 30 representantes de organizaciones, en su mayoría pertenecientes a entidades de defensa al consumidor, expusieron su posición cuestionando el “excesivo tarifazo” en relación a la desigualdad en la distribución del servicio en territorio provincial. En tanto, desde la prestadora adujeron que la actualización “se basa en los mayores costos y en la instalación de nueva infraestructura operativa” y que enviarán a la Legislatura un proyecto para lograr la sustentabilidad económica de la firma, para que en un futuro no dependa de partidas de Presupuesto.
Oscar Urruty, uno de los directores del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), dijo que “existe un gran atraso en la colocación de micro medidores –un reclamo casi histórico desde que se reestatizó el servicio y se fundó la firma prestadora, en 2007– como también en el desarrollo de las obras que se tenían que haber llevado adelante”. En cuanto al aumento propuesto, el ex legislador señaló que lo que se está pidiendo “tiene que ver con el funcionamiento de la empresa” y aseguró que no hay inversiones de capital, ya que desde hace varios años las está llevando adelante el mismo gobierno provincial.
Autarquía
Por su parte, el presidente de Assa, Sebastián Bonnet, recordó que “desde su creación, la empresa necesita del aporte del Estado provincial para cubrir la totalidad de sus costos, además de las inversiones (bienes de capital), las cuales son realizadas prácticamente en su totalidad por gobierno”.
“Esto constituye –amplió– una inequidad histórica de larga data para el millón de santafesinos que están fuera del área de servicios de Assa pero aportan para su sostenimiento a través de los impuestos. Además, deben sostener el servicio de las cooperativas de agua potable en municipios que no reciben aportes del Estado provincial para gastos, como sí sucede con Assa”.
En este sentido, Bonnet detalló que este año el gobierno de Miguel Lifschitz “está aportando 610 millones de pesos para cubrir el déficit de gastos de la empresa, más 743 millones de pesos correspondientes a obras de infraestructura e inversiones operativas”, es decir “un total de 1.353 millones de pesos en un solo año para Assa”.
Sobre la modificación propuesta, Bonnet detalló que representará un 56 por ciento de aumento anual real para el bolsillo del usuario para 2017, ya que la actualización propuesta de casi el 90 por ciento se hará de forma escalonada.
De esta manera, según el titular de Assa, “la totalidad de la actualización recién tendrá vigencia a partir del sexto bimestre del año entrante y el primero de 2018”.
“Al final de la aplicación total del aumento, el 66 por ciento de usuarios residenciales con servicio de agua más cloacas pagará menos de 316 pesos por bimestre, mientras que el resto de usuarios residenciales que reciben igual servicio abonará entre 317 y 659 pesos cada dos meses, y sólo el 5 por ciento tendrá que desembolsar más de 660 pesos”, evaluó Bonnet.
A la Legislatura
Según indicaron desde Assa, la “batería de propuestas” que enviarán a la Cámara de Diputados de la provincia apunta a lograr la sustentabilidad económica “con recursos propios”. En ese marco, describe los fondos “provenientes de la facturación de los servicios”, que son las boletas que pagan los usuarios. Con ello se buscará “la confluencia de ingresos tarifarios suficientes que dé como resultado un servicio eficiente y de calidad centrado en el usuario, y pasar de la modalidad de facturación fija por superficie (asimilable a un impuesto) a un servicio medido en todos los casos”.
Cabe recordar que el Estado provincial subsidia la tarifa a todos los usuarios, sin distinción de nivel económico, salvo en el caso del programa “Luz y agua segura para la inclusión social”. Ahora lo que se planifica es que habrá tarifa social para sectores urbanos definidos por el valor inmobiliario (al estilo de la TGI municipal), para subsidiar la tarifa a quienes realmente lo necesiten, entre otros puntos.
Costos que se disparan
Desde Assa detallaron los aspectos principales que derivan en el aumento propuesto del 89 por ciento sobre la tarifa actual. En este sentido, los principales rubros que representan el 75 por ciento del total de costos de la empresa este año sufrieron las siguientes variaciones:
Energía eléctrica: 188 %
Mantenimiento y reparación: 68 %
Materiales y repuestos; 58 %
Insumos químicos 56 %
Sueldos y cargas sociales: 34 %
También le toca a la EPE
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) presentó un pedido del 37 por ciento de aumento sobre la tarifa actual que ya sufrió tres subas en menos de un año, luego de que antes de dejar su mandato el ex gobernador Antonio Bonfatti autorizara un primer aumento, al que se le sumaron dos actualizaciones más que, según dijo oportunamente el actual mandatario provincial Miguel Lifschitz, se debieron a la quita de subsidios del gobierno nacional tras la asunción de Mauricio Macri.
Ante el inminente aumento de casi el 40 por ciento, los diputados provinciales Rubén Giustiniani, Silvia Augsburger y Silvia Simoncini presentaron un proyecto en la Legislatura para que el debate por la actualización de la tarifa de la EPE se lleve a cabo en Rosario, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto y no sólo en la ciudad capital como se hace actualmente.
Cabe recordar que la audiencia por la modificación en las boletas de la EPE se realizará el viernes próximo a las 8.30 en el aula Alberdi de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Voces que suman disconformidad con el salto
Entre las organizaciones que expusieron su disconformidad a la suba desmedida de la tarifa del agua estuvo la Red Argentina de Consumidores (RAC).
También participaron activamente del debate los diputados socialistas Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger del bloque Igualdad y Participación, quienes manifestaron con firmeza su oposición al incremento del 89 por ciento.
“En un escenario en el que se proyecta para el próximo año una inflación del 17 por ciento, que será indicativo para la discusión paritaria, no es justo ni razonable que la empresa solicite un aumento de la tarifa de casi un 90 por ciento, lo que representa cinco veces la inflación estimada para el año próximo”, advirtió Giustiniani.
En tanto, sólo estuvo en carácter de oyente en la audiencia el director de Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Pueblo de la provincia, Mariano Vodanovich, mientras que el ombudsman santafesino, Raúl Lamberto, expondrá en el encuentro que se realizará el martes próximo en la ciudad de Santa Fe, ocasión en la que pedirá que el incremento sea “gradual y razonable”.
El titular de RAC, Christian Galindo, consideró que “antes de debatir cualquier ajuste de tarifas, previamente el Estado provincial debe generar las condiciones para propiciar un debate amplio sobre un nuevo marco regulatorio de los servicios sanitarios, derogando la ley 11.220 pensada para un prestador privado, y así salir de una vez por todas del modelo de prestación transitoria prorrogado sucesivamente sin justificación”. También aseguró que se debe discutir acerca de la calidad del servicio y las asimetrías existentes a lo largo del territorio santafesino en materia de prestación.
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