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Apuntan a bienes de los narcos

Los diputados nacionales Ricardo Alfonsín y Manuel Garrido hablaron en Rosario del proyecto que presentaron en la Cámara baja de la Nación en noviembre pasado, con el que pretenden desarticular económicamente a las bandas criminales.


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Los diputados nacionales Ricardo Alfonsín y Manuel Garrido presentaron ayer en Rosario el proyecto de ley que ambos impulsan en el Congreso de la Nación para avanzar sobre los bienes de aquellas personas condenadas por narcotráfico, desarticulando económicamente a las bandas criminales dedicadas a la venta de estupefacientes.a

Junto al diputado provincial Maximiliano Pullaro, autor del proyecto, y los concejales María Eugenia Schmuck y Sebastián Chale, Alfonsín y Garrido realizaron una conferencia de prensa en el bar El Cairo, de la cual también participó el diputado nacional socialista Juan Carlos Zabalza, para detallar los alcances de la iniciativa que ingresaron a la Cámara baja nacional en noviembre pasado.

El proyecto denominado “Extinción de Dominio”, según Alfonsín y Garrido “cambia el paradigma atacando decididamente la economía del negocio narco”.

En ese sentido Alfonsín dijo que “no puede ser que un condenado por narcotráfico tenga poder económico para corromper y controlar el negocio incluso cuando está preso, esto tiene que cambiar”.

Por su parte, Pullaro, Schmuck y Chale volvieron a señalar “a la prevención y la reforma policial como ejes centrales de la lucha contra la amenaza narco”.

En tanto, el ex jefe de la Oficina Anticorrupción Manuel Garrido sostuvo: “El narcotráfico se combate con prevención y custodiando la fronteras, los puertos y aeropuertos, pero también es fundamental que quienes se hacen ricos enfermando a nuestros jóvenes tengan un juicio justo y los bienes que no puedan justificar tengan como destino la prevención”.

En ese sentido los radicales Alfonsín y Garrido avanzarán en el Congreso nacional con el proyecto de autoría del diputado provincial santafesino Pullaro que insta a que las personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al narcotráfico sean sometidas a un proceso judicial civil en el cual deban justificar que todos sus bienes “fueron adquiridos con fondos lícitos”, esto significa que se producirá una inversión de la carga de la prueba.

“Se procura que todos los bienes injustificables de un narcotraficante pasen a manos del Estado, que después deberán destinarse exclusivamente a la prevención y a los programas de recuperación de adictos”, señalaron Alfonsín y Garrido. Y se esperanzaron: “El proyecto tiene gran aceptación y seguramente logrará los apoyos necesarios para convertirse en ley”.

“El narcotráfico es una enorme amenaza para nuestro país, y para enfrentarlo con éxito tiene que haber un consenso político muy importante de la dirigencia. Lamentablemente muchas veces vemos que no hay honestidad política en estas discusiones” agregaron los diputados nacionales, mientras que aseguraron que “la Nación debe reconocer el problema, porque se trata de un delito federal, y debe sumar de manera estratégica a las provincias que deben tener fuerzas de seguridad a la altura de las circunstancias”.

En las próximas semanas, Pullaro comenzará a reunirse con diferentes bloques legislativos de Santa Fe, y por otro, les pedirá a los 22 legisladores nacionales que representan a la provincia que lo acompañen o impulsen iniciativas parecidas. “Por ahí pasa la cuestión, tenemos que ir sobre las economías criminales y complejas, ir sobre los bienes de los narcos es fundamental”, apuntó el diputado oriundo de Hughes. Y señaló: “Vemos la connivencia permanente de uniformados con bandas de narcotráfico. No es que toda la Policía esté involucrada ni mucho menos, pero hay muchos. Es un problema estructural”.

Finalmente Pullaro reiteró la necesidad de avanzar en una “profunda” reforma policial, que aporte “mecanismos de control civiles sobre las fuerzas de seguridad”, aunque actualmente “la Policía se siga controlando a sí misma desde Asuntos Internos”.

A fin de evitar ese escenario, “la Cámara de Diputados provincial está por lograr media sanción a un proyecto para que exista un organismo de control de la policía hacia fuera, conducido por un civil con aval de la asamblea legislativa, y donde se puedan efectuar denuncias, que se realicen investigaciones con enlaces judiciales y cuente con un cuerpo científico”.

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